Ayer se conformó en Salta la Coordinadora de Trabajadorxs de Organismos Nacionales, frente a los despidos masivos y la amenaza de cierre de históricas instituciones que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei. En principio, marcharán en unidad el 24 de marzo, en un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976. También acordaron pedir una audiencia al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. 

Mediante la convocatoria de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa), se reunieron trabajadorxs de esa casa de estudios, del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesino e Indígena (INAFCI), del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), de Radio Nacional, de la Ex-Palúdica (Ministerio de Salud) y del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). 

En el encuentro se manifestó la voluntad de conformar un espacio de lucha en defensa de los puestos de trabajo con el objetivo de revindicar "la importancia y lo imprescindible de cada uno de los espacios donde nos desempeñamos". El desguace estatal que está llevando adelante el gobierno de La Libertad Avanza se aferra al argumento de la reducción de un 25% del gasto público. Para que esto sea posible implementa acciones de persecución y estigmatización de lxs trabajadorxs estatales, sin tener en cuenta la tarea territorial que se hace desde cada organismo. 

El secretario general de ADIUNSa, Diego Maita, consideró que la reunión fue "súper positiva" porque se empezó a "recuperar espacios históricos de diálogo y de lucha máxima" cruciales en una coyuntura que avanza sobre el empleo público. Maita sostuvo que la Coordinadora no intenta reemplazar a ninguna central sindical, pero sí se coincide en que "está faltando algo", deslizando la idea de tejer estrategias más colectivas.

"Hoy tenemos una vocación de diálogo enorme, de construcción colectiva y vamos a seguir ampliando para seguir en diálogo con otros compañeros y compañeras de otros organismos que hoy no pudieron asistir y que también están en igual situación", afirmó. 

La Coordinadora también estableció que pedirá audiencia con el gobernador Gustavo Sáenz, además de invitar a lxs legisladorxs nacionales a una reunión y demandar el mayor apoyo posible de ATE, UPCN y las centrales sindicales, "a quienes exigimos un plan de lucha inmediato". 

El desguace

El cierre o venta de empresas públicas estaba previsto ya en el proyecto de ley ómnibus, que, entre otras empresas, preveía la privatización de los medios públicos como Télam y Radio Nacional. Tras el fracaso en Diputados, el Ejecutivo nacional apuntó directamente a los organismos nacionales empezando por el INADI, cuyo cierre anunció el vocero presidencial Manuel Adorni el pasado el 22 de febrero. 

Luego el propio Presidente, en su discurso de apertura de las sesiones legislativas, comunicó que se cerraría la agencia de noticias Telam. “Ha sido utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista”, dijo en su discurso el 1 de marzo. Los 700 empleados, distribuidos en todo el país, fueron puestos en disponibilidad vía mail. 

Tres días después le llegó el turno a los Centros de Referencia (CDR). Mediante un comunicado del Ministerio de Capital Humano se informó que se cerrarían 59 sedes ubicadas en todo el territorio argentino. El argumento fue que “hoy funcionan como cajas de la política y refugios de ñoquis del Estado”. 

En paralelo, el Presidente daba "likes" en la red social X (ex Twitter) a publicaciones de aficionados a la LLA que pedían "tirar abajo" el CONICET y privatizar la TV Pública y Radio Nacional. No obstante, en el CONICET ya se viene padeciendo la no renovación de contratos. Desde el directorio del organismo advirtieron este miércoles que está "en riesgo su funcionamiento", ya que el 31 de marzo vencen contratos en el centro científico de investigación y si se sigue la línea de acción del gobierno nacional se puede entrever que no se renovarán. 

A su vez, las universidades nacionales cuestionaron el congelamiento del presupuesto para este año. Nación dispuso que se aplique la misma partida que de marzo de 2023. Por tal razón, las universidades vienen solicitando que se actualice el presupuesto correspondiente para el mantenimiento de las instituciones y para abonar los salarios. 

El último organismo afectado por las políticas de ajuste del gobierno nacional es el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, ya que sus trabajadorxs recibieron la noticia de su cierre este martes, por el vocero presidencial. En todo el territorio argentino se repudió la decisión, puesto que el organismo es uno de los pocos que tiene una planta técnica que permite fortalecer la producción y de las economías regionales en todo el país. Además, el INAFCI es un organismo descentralizado con autarquía económica y financiera.

La vocera del INAFCI en Salta, Claudia Flores, afirmó a este medio que la preocupación por lo que pueda hacer este gobierno sigue en aumento ya que se entiende que "vienen con la mira de arrasar con todos y sacar el Estado de los territorios". Es decir, "no habrá políticas públicas para el pueblo", alertó. 

La trabajadora de agricultura familiar además advirtió sobre las mentiras que el gobierno nacional dice para justificar el ajuste. Sólo a modo de ejemplo se refirió a las sedes que el organismo alquila para su funcionamiento. "Si bien hay dos sedes que hoy tienen que pagar el alquiler, el resto de las provincias estamos en oficinas cedidas", contó. En el caso de Salta, lxs trabajadorxs están en las oficinas del INTA desde el gobierno macrista cuando también hubo despidos masivos.