Las universidades públicas actualizan y amplían sus contenidos y estrategias educativas vinculadas a los derechos humanos, ante la novedad de un discurso oficial que constantemente los impugna y deslegitima.

Durante los últimos años, las universidades del conurbano fueron instituciones emblemáticas del proceso de ampliación de derechos e inclusión ciudadana. Las tres universidades representadas en esta nota, UNDAV, UNLa y UNAJ, tienen porcentajes de primera generación de universitarios superiores al 80.

¿Cómo asimilan sus docentes y autoridades este nuevo contexto? ¿Cómo lo describen? ¿Qué evaluación hacen? ¿Qué abordajes específicos se requieren? A continuación, tres testimonios de primera mano sobre cómo discurren los jóvenes por las aulas en esta etapa, qué ideas y, sobre todo, qué carencias traen y qué hacen las universidades al respecto.

“Hoy tenemos un desafío nuevo, cómo trabajar la cuestión de los derechos humanos frente a un gobierno nacional contrario a esos derechos, elegido democráticamente además, que implica un cambio rotundo en el rol del Estado respecto de esta cuestión. Pasamos de un Estado que eventualmente tenía dificultades para garantizar su plena vigencia a uno que reniega abiertamente de ellos”, dice en tono severo Gustavo Palmieri.

Palmieri es actualmente director del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa). Desde allí coordina la tecnicatura y la licenciatura en derechos humanos y el conjunto de los contenidos vinculados a la temática en el resto de las carreras. “Los derechos humanos, desde siempre, ocupan un espacio muy importante en esta universidad”, explica.

Palmieri es abogado de formación y desde 2017 integra el Comité Nacional de Prevención de la Tortura. Cuenta que “a partir de 2014, todos los estudiantes, de la carrera que sean, pasan por el Seminario de Derechos Humanos, una materia introductoria a la temática, que les abre un panorama”. Para Palmieri, ese paso es clave.

“El contenido se va actualizando, se incorpora bibliografía y se discute mucho: cuestiones vinculadas a violencia, violencia institucional, al sistema nacional e internacional de derechos humanos, a veces se replican esos debates y a veces se toman otros que traen los estudiantes”.

A modo de ejemplo, cuenta que hace poco se abrió la discusión sobre si los desaparecidos eran realmente 30 mil, en sintonía con algunas corrientes de opinión recientes. “Últimamente aparecen posturas que años atrás no existían”, admite.

En esa cursada también se incorporan cuestiones y agendas de otros campos. “Por ejemplo, lo vinculado a la justicia social, que nosotros llamamos derechos económicos, sociales y culturales. O temas de seguridad. Muchos estudiantes de nuestra licenciatura y tecnicatura en Seguridad son miembros de las fuerzas y traen sus propias problemáticas”.

¿Funciona esa cursada como termómetro de las preocupaciones, intereses y posiciones de los estudiantes respecto al tema? “Sí”, dice Palmieri sin dudar. Agrega que “hoy lo más visible es la sensación de incertidumbre, no sólo respecto del futuro de la universidad sino del propio destino personal. Muchos se preguntan por su propia carrera o las mujeres si podrían seguir estudiando si dejara de funcionar la guardería universitaria a la que le confían sus hijos”.

“Esta es básicamente una etapa de confusión, no general pero sí creciente. Las consultas muestran eso, ante los mensajes de las autoridades nacionales que cuestionan los derechos humanos, aparece la consulta por el alcance y las consecuencias. Nos preguntan hasta dónde pueden llegar”, concluye.

Liliana Elsegood es la secretaria de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNdAv), una de las “universidades del bicentenario”, creada en 2010. Elsegood afirma que “el cuatrimestre acaba de comenzar, por lo que es prematuro decir si hay cambios o no en la mirada de los estudiantes sobre estos temas a partir de la asunción del nuevo gobierno”.

Sin embargo, trae un dato relevante del año pasado. “En la materia Trabajo Social Comunitario hicimos un proyecto con el centro clandestino de detención El Infierno, que integraba el circuito Camps. La mayoría de los estudiantes no sabían qué había pasado en 1976. Sabían que había habido un gobierno militar, pero nada acerca del terrorismo de estado, los secuestros, torturas, desapariciones, el plan sistemático. A medida que escuchaban, se les transformaba la cara. Hablo no sólo de pibes recién salidos del secundario, también de veintipico. Esto empezó a pasar en los últimos años”.

Esa materia, al igual que el Seminario de Derechos Humanos de UNLa, es común a todas las carreras y formaciones. “Tiene cuatro niveles, dura dos años en total. En todo ese tiempo, se puede ver como crecen y evolucionan los pibes, en los últimos niveles se dan debates muy interesantes, tienen que armar un proyecto de extensión con alguna institución u organización”.

Elsegood agrega que “esa materia les brinda herramientas y experiencias para formarse como ciudadanos conscientes, para cuando tengan que tomar decisiones, desde distintas posiciones y perspectivas, respetando la diversidad, porque la universidad no está sólo para la certificación profesional”.

Walter Bosisio está a cargo del Programa de DDHH UNAJ desde el año 2016. Luego, hace dos años, la Universidad ha jerarquizado el Area creando una Direccion de Genero, Diversidad y DDHH.

Desde UNAJ diferentes materias y proyectos de investigación y vinculación llevan adelante un trabajo de reflexión y abordaje de la tematica de DDHH en su integralidad e interseccionalidad (desde los derechos civiles y politicos, a los economicos, sociales, culturales y ambientales). Se abordan contenidos sobre el modo de construcción histórico de la sociedad argentina y en materias específicas los efectos de la ultima dictadura civico militar y la instalación de un modelo de desarrollo neoliberal y sus efectos hasta el presente.

“El cuatrimestre recién empieza, de manera que es prematuro aventurar diagnósticos”, coincide con sus colegas, “pero el año pasado hubo un hecho aislado que generaró alarma y desde entonces discutimos distintas formas y estrategias de abordaje”.

Bosisio se refiere puntualmente a un suceso. “Una docente fue filmada por un alumno sin su consentimiento y  esa filmación circuló por las redes con acusaciones de adoctrinamiento. Frente a esto, nos reunimos y decidimos fortalecer algunas reglas de convivencia y respeto. No tenemos problemas con debatir ninguna posición, porque ése es un poco el sentido del ámbito universitario, pero esto era muy distinto”, agrega.

Bosisio se muestra preocupado porque "el gobierno de Mauricio Macri era negacionista, pero el de Javier Milei directamente reivindica a la dictadura". 

“Nosotros trabajamos un concepto amplio de derechos humanos, que incluye las políticas de memoria, verdad y justicia, pero también la situación de distintos colectivos potencialmente vulnerables en el presente, como migrantes, pueblos originarios, minorías sexuales y diversidades religiosas”, explica.

La red

El Consejo Interuniversitario Nacional cuenta con una red interuniversitaria de Derechos Humanos, en la que cada universidad tiene un representante. En ese ámbito, discuten políticas educativas y de extensión, intercambian experiencias, coordinan actividades y, cuando la coyuntura lo exige, establecen una posición conjunta.

Ayer, desde la red, compartieron un comunicado de repudio al ataque sufrido por la militante de H.I.J.O.S al que luego fueron adhiriendo las universidades que la integran. “El sistema funciona”, afirma Elsegood.