Patricia Bullrich y Luis Petri anunciaron que irán por una reforma de la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan volver a patrullar las calles y la primera reacción política no fue muy entusiasta. Y no solo porque la misma vicepresidenta, Victoria Villarruel, salió a manifestarse en contra. Sino también porque la iniciativa generó desconfianza y ruido interno en el Congreso, que es donde deberá darse el debate y aprobar (o rechazar) la reforma. Las posturas están divididas al interior de todos los bloques de la oposición, especialmente en el radicalismo, en donde la mirada crítica sobre el rol de los militares en materia de "terrorismo" se cruza con el temor a la metralleta oficialista y al "quedar pegado al narco". Predomina, de momento, la incertidumbre. Los principales bloques opositores aliados se reunirán con la ministra de Seguridad la semana que viene para que les explique la letra chica y piden, hasta entonces, cautela. 

"La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo que había quedado claro con el tema de los 70'. El narco, para el derecho, es un civil". Las palabras son de Villarruel, reconocida negacionista del terrorismo de Estado, y sin embargo fueron tomadas por muchos sectores de la oposición que vieron, en el anuncio de Bullrich y Petri, un intento de romper el pacto democrático de los últimos 40 años. A su vez, las palabras de la vicepresidenta representaron, para varios dirigentes radicales, socialistas y peronistas, la confirmación de una sospecha: las propias Fuerzas Armadas no quieren saber nada con combatir el narcotráfico. Este dato no pasó inadvertido por legisladores que dudan sobre qué postura adoptar cuando llegue el proyecto para modificar la Ley de Seguridad Interior (puntualmente el artículo que limita el accionar de las FF.AA. a tareas de logística).

El radicalismo es, una vez más, el que se encuentra más dividido internamente respecto al tema. La línea más mileísta que responde a Rodrigo de Loredo se encuentra más cómoda con la idea, identifica que no hay que tener "pruritos ideológicos" a la hora de resolver la ola delictiva que domina Rosario y espera a reunirse la semana que viene con emisarios de Bullrich para conocer el proyecto. Otros, más críticos al Gobierno, advierten que la iniciativa no es si no una maniobra para cambiar el eje de la solución que tendría que aportar el mismo Ejecutivo.

"No es solo una cuestión ideológica, que es discutible, sino que las FF.AA. están absolutamente desmanteladas y en crisis. Y además no tienen capacitación, es absurdo desde un punto de vista práctico. Lo que quieren hacer es, ante la ausencia de políticas públicas, mostrar una foto donde parece que hay presencia militar", cuestionó Fernando Carbajal, diputado de la UCR. En diálogo con Página/12, denunció: "Bullrich pretende trasladar la discusión al Congreso cuando esta es una decisión de política pública. Quieren tenernos tres meses discutiendo una ley que no va a impactar en Rosario ni ningún lugar".

La mayoría, sin embargo, aguarda un mensaje del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que es quien está lidiando con las bandas narco. Hace una semana, Pullaro había adelantado que estaría de acuerdo con la intervención del Ejército: "Estoy a favor porque son ataques terroristas. Necesitamos una presencia policial muy fuerte, y si es militar acompañando las tareas de prevención urbana también. Porque estamos viendo hechos de terrorismo. El objetivo es quebrar decisiones de los gobiernos constitucionales a través de sembrar el terror".  

En Santa Fe, las opiniones varían. En muchos dirigentes predomina el temor a quedar como "defensores" de los narco si no acompañan. El socialismo santafesino, por ejemplo, integra Hacemos Coalición Federal y sostiene una postura crítica al respecto: "Las FF.AA. no se han capacitado para este tipo de operaciones y, además, las propias FF.AA. no quieren. Creo que Victoria Villarruel expresa el sentimiento mayoritario de los militares que hacen carrera para una función determinada y no para intervenir en cuestiones internas. Hay un aprendizaje social después de los 70 y los horrores de la intervención militar sobre civiles. Y, por otra parte, la militarización de la respuesta al narco no terminó bien en ningún lado", precisó el diputado Esteban Paulón, que advirtió, sin embargo, cómo jugaba el miedo al escrache en estos temas y recordó las críticas oficialistas a quienes votaron contra de la delegación de facultades en materia de seguridad en la Ley Ómnibus.

En HCF no hay tampoco una postura unificada. El gobernador cordobés, Martín Llaryora, por ejemplo, se ha manifestado en varias ocasiones a favor de la intervención del Ejército en materia de seguridad interior para combatir al narcotráfico e, incluso, comprometió el apoyo legislativo de sus cuatro diputados. "No lo discutimos aún con el bloque, queremos esperar a ver qué nos dice Bullrich la semana que viene", adelantaron autoridades de HCF, el bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto.

Más alineados, mientras tanto, están el PRO y La Libertad Avanza que, entre los dos, suman unos 80 diputados por el sí. 

Unión por la Patria, en cambio, tiene una postura muy crítica a la iniciativa y se vuelca por el rechazo, aunque hay algunas voces discrepantes sueltas.

"No existen en Rosario estructuras delictivas que hayan sobrepasado militarmente a las fuerzas de seguridad. Lo que hay es una imbricación entre el delito y sectores de la policía provincial. Y, además, la Argentina cuenta con fuerzas intermedias, como Gendarmería o Prefectura, que bien pueden cumplir las funciones que hoy la policía de Santa Fe no cumple", advirtió el diputado de UxP (y rosarino), Eduardo Toniolli, quien insistió en que no hay ejemplos de "aplicación exitosa" de las FF.AA. en temas vinculados al narco en la región. "Las FF.AA. no han sido adiestradas para actuar dentro del Estado de derecho, sino en Estado de guerra", finalizó.