Carlos Pedro Tadeo Blaquier. Los ejecutivos de la Ford. Marcos Levín, el dueño de La Veloz del Norte. Vicente Massot, directivo de La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Son tan solo algunos de los nombres de los protagonistas de las causas por responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad –las investigaciones que avanzan con mayor dificultad en los tribunales. Dispuesta a dar cuenta de ese proceso dificultoso, la Cámara Federal de Casación Penal, a instancias del juez Alejandro Slokar, publicó un compendio de su jurisprudencia en este tema.

“El pretorianismo no resulta el único fundamento del golpe y el mantenimiento del régimen de facto. El régimen pugnó, y aún pregonan algunos voceros en reversiones actuales, por desmontar toda progresividad social contra el reconocimiento de los derechos laborales. La apertura externa y la liberalización financiera es el anverso de la misma moneda del exterminio”, sostiene el camarista –que trabajó en la publicación junto con la secretaría de jurisprudencia del máximo tribunal penal del país.

El material es una compilación de las distintas sentencias relevantes dictadas por la Casación Federal en la última década en causas donde se ventilan crímenes contra la humanidad cometidos por civiles responsables de la conducción de firmas multinacionales o locales durante la última dictadura.

“Entre estos procesos, resulta de particular relevancia, por su singularidad y naturaleza, aquel universo –reducido- por la persecución y represión ilegal de trabajadores y dirigentes gremiales; ya sea mediante su intervención directa o a partir del aporte corporativo de recursos y de información para que integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad llevaran a cabo esos crímenes. Estas causas fueron avanzando paulatinamente, con mayor énfasis durante los últimos años”, dicen Slokar y Mariano Borinsky –presidente de la Cámara– en la presentación del dossier.

La publicación está sistematizada según las resoluciones que fueron adoptando cada una de las cuatro salas que integran el tribunal. En la portada se ve una foto del ingenio La Fronterita, de Tucumán. Es una causa aun sin sentencia, pero en la que, de forma inédita, se dispuso un embargo millonario contra los empresarios acusados.

“Muchas de las sentencias ponen al descubierto la alianza estratégica de las fracciones más concentradas del poder económico -y sus intelectuales orgánicos- con la conducción militar, de modo de provocar la reestructuración económico y social del país más dramática, por lo menos hasta hoy, y cuyas consecuencias se proyectan hasta la actualidad”, afirma Slokar.

“La dictadura implementada en 1976 no fue el genocidio –en el estricto sentido técnico- de apenas unos locos “carniceros” por la pura exaltación del poder y la violencia. También se trató del asalto a la economía para la subordinación del poder estatal a una nueva matriz de acumulación dirigida a dinamitar la industrialización sustitutiva, que requería la ‘eliminación’ de por lo menos un tercio de los trabajadores. Se buscó asestar un golpe definitivo al modelo industrial y sus asalariados, con el desguace de su legislación protectora más la persecución y muerte de trabajadores y sus dirigentes”, concluye el juez.