Este año se cumplen 20 años de la primera y única vez en la historia en que un genocida debió pagar una indemnización a un familiar de desaparecidos durante el Terrorismo de Estado que imperó en la Argentina entre 1976 y 1983.

En 1999 Emilio Eduardo Massera fue condenado en un juicio civil a resarcir a Daniel Tarnopolsky de los daños que éste sufriera, por ser Massera responsable del secuestro y desaparición forzosa de toda su familia. En la madrugada del 15 de julio de 1976, luego de romper la puerta de entrada con explosivos, un grupo de tareas de la Ex Esma secuestró a los padres de Daniel -Blanca y Hugo-; luego a Betina, la hermana de Daniel de 15 años, sacada de la casa de su abuela. Al mismo tiempo, Sergio, su hermano, fue secuestrado en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) donde cumplía el servicio militar y Laura del Duca, su esposa, fue secuestrada de la casa de su madre. Los cinco aún permanecen desaparecidos.

El condenado no era cualquier genocida. Emilio Eduardo Massera fue miembro de la junta de comandantes que asaltó el poder el 24 de marzo de 1976. Massera fue Dueño y Señor de la ESMA , el mayor campo clandestino de detención de la República Argentina por donde pasaron más de 5000 secuestrados. A raíz de la causa penal 13/84 –en la que se juzgara a las juntas militares por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar- Massera fue condenado a reclusión perpetua por cientos de casos de secuestros, desapariciones, torturas, robos y apropiaciones de bebés. Entre ellos, el secuestro de la familia Tarnopolsky.

Hagamos un poco de historia. Transcurría el año 1987, y si bien vivíamos en democracia desde finales de 1983 no eran tiempos fáciles. La maquinaria militar estaba intacta. Tan es así que las cúpulas militares habían sido juzgadas y condenadas, pero el cumplimento de la condena era laxo. Además, las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida ya habían sido dictadas e impedían el juzgamiento de los mandos intermedios.

La tragedia de los Tarnopolsky era conocida, pues no había muchos casos de una familia tan numerosa víctima de un secuestro. Daniel, que tenía 18 años de edad cuando sucedió la tragedia, se había salvado milagrosamente por no estar esa madrugada en su casa. El destino puso a Daniel en mi camino en un encuentro social, y en la charla que entablamos le comenté que frente a tanta ley de impunidad, habría que intentar con un juicio civil para que los genocidas fueran condenados a reparar con dinero el daño atroz que sus crímenes habían provocado a los familiares. Estaba convencida de que, además del fuerte simbolismo que representaba pagar, a los genocidas les resultaría insoportable que alguien les tocara “el bolsillo”.

La mayoría de los profesionales que consultamos sostenían que en 1987 el juicio civil estaba prescripto porque el secuestro de la familia de Daniel se había producido en el año 1976. Pero nosotros entendíamos que quienes detentaron ilegítimamente el poder, jamás informaron a Daniel sobre el paradero de sus familiares a pesar de sus reclamos. Por lo tanto, NO podía estar vencido el plazo de un juicio que tenía como objeto la indemnización de un daño de cuya dimensión recién se tuvo cabal certeza con la sentencia dictada en 1985 en la referida causa penal 13/84.

Así, en septiembre de 1987 iniciamos la demanda civil. En noviembre de 1994, el Juez Oscar Garzón Funes nos dio la razón: rechazó la prescripción invocada por los demandados y dictó sentencia condenando a Massera a abonar en forma solidaria con el Estado Nacional una indemnización por los daños sufridos por Daniel. Apelada la misma por Massera y el Estado Nacional, en febrero de 1996 la Cámara de Apelaciones confirmó la condena, pero limitó la responsabilidad de Massera en un 25% del total de la indemnización, siempre solidaria con el Estado. El 31 de agosto de 1999 la Corte Suprema dictó sentencia confirmando la condena de la Cámara.

Massera se negó a pagar y como consecuencia de ello, a pedido de Daniel, el Juez Comercial Gutiérrez Cabello decretó su quiebra en diciembre de 2000, lo que implicaría la venta en remate judicial de todos sus bienes para pagar sus deudas. El 23 de septiembre de 2004 se fijo en la quiebra fecha para la subasta judicial del departamento en que vivía, en Avenida Libertador y San Martin de Tour. Ya sin posibilidad de seguir eludiendo el cumplimiento de la condena, el 23 de agosto de 2004 Massera a través de sus abogados le pagó a Daniel la indemnización, para evitar el remate.

El dinero recibido fue donado en su totalidad por Daniel Tarnopolsky a la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, para contribuir en la búsqueda de los nietos nacidos en cautiverio y secuestrados durante la dictadura militar.

En el contexto político actual se intenta relativizar la tragedia que significó el Terrorismo de Estado. Hay quienes impulsan indultos –inconstitucionales, por cierto- a favor de los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. No debemos olvidar que la historia de la familia Tarnopolsky es la de todos nuestros desaparecidos y también la de una sociedad que engendró en su seno una dictadura mesiánica y animal que vino a implantar un proyecto de país para muy pocos, haciendo añicos una generación entera.

Han pasado 20 años de un hecho sin precedentes: el genocida Emilio Eduardo Massera, responsable de crímenes de lesa humanidad cometidos mientras detentaba ilegítimamente el poder, tuvo que resarcir de su bolsillo al único familiar sobreviviente de una masacre, gracias a la actuación de la Justicia. La ESMA -ese sitio de terror- hoy es el Museo Sitio de Memoria ESMA, monumento histórico nacional y Patrimonio Mundial de la UNESCO. Asimismo la República Argentina, es ejemplo en el mundo en materia de juzgamiento de delitos de lesa humanidad.

Es claro entonces que, frente al gobierno negacionista de Javier Milei y Victoria Villarruel, que ejerce el poder de manera despótica ignorando el derecho vigente, la única protección posible es la multitudinaria movilización popular del 24 de marzo, además de exigir al Poder Judicial que cumpla con su rol de garante del respeto a la Constitución y las leyes.