Dos abogados representantes de las familias de cinco gendarmes fallecidos en el siniestro vial del 14 de diciembre de 2015 pidieron que el comandante principal Juan Carlos Germán, que era jefe de Logística, sea condenado por "homicidio calificado por abuso funcional y que sea sentenciado a la pena de prisión perpetua". 

"No puede quedar impune y ser sanjado por un homicidio culposo cuando acá se desvalorizó la vida", sostuvo el abogado Rubén Fernández en la continuidad de los alegatos que viene produciéndose en el juicio oral y público que se lleva a cabo ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta por las muertes de 43 gendarmes en el vuelco del colectivo en el que viajaban a cumplir una comisión en San Salvador de Jujuy, por orden de Patricia Bullrich, que por entonces era ministra de Seguridad de la Nación, en el gabinete del ahora ex presidente Mauricio Macri. 

La audiencia del viernes último se centró en la exposición de la querella conjunta representada por los abogados Nicolás Vedia y Rubén Fernández. Esta querella presentó en su momento el requerimiento de elevación a juicio solo contra dos de los cinco imputados por el Ministerio Público Fiscal, el suboficial mayor Ricardo Villasanti, sobreseído por fallecimiento, y el Germán, que era responsable de Logística en el Destacamento Móvil 5 de Santiago del Estero, desde donde había partido el ómnibus siniestrado. 

Los otros acusados por la Fiscalía, por estrago culposo, son el comandante principal Juan Carlos Bordón, que era jefe de Personal al momento del siniestro vial; el comandante mayor Elio Rafael Méndez, jefe del Destacamento, y el comandante principal Ramón Antonio Maidana, segundo en el mando. Vedia aseguró que su querella no fue notificada a tiempo para realizar la acusación contra estos funcionarios pero consideró que también son responsables de lo sucedido.

Vedia y Fernández representan a las familias de cinco gendarmes fallecidos: Nilda Beatriz Salas, madre de Félix Ahumada; Ramón Antonio Suárez y Lucía Beatriz Cardozo, padre y madre de Marcos Esteban Suárez; Luis Ruiz, hermano de Sergio Gallardo; Francisco Costilla y Marcela Costilla, padre y hermana de Enzo Iván Costilla, y Mario Agonil, padre de Mauro Alexis Agonil.  

Fernández pidió que Germán sea condenado por "homicidio calificado por abuso funcional y que sea sentenciado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas conforme al artículo 52 del código penal y que sea condenado por tiempo indeterminado". Consideró que la muerte de los 43 gendarmes fue una "catástrofe", por el obrar humano, que tiene culpables, y no una "tragedia", que es un hecho fortuito.

A su vez, Vedia recordó que el colectivo 8017 de la Gendarmería Nacional, se trasladaba con 50 gendarmes desde el Destacamento Móvil 5 de Santiago del Estero a San Salvador de Jujuy. También se movilizaban ese día "en comisión" otros dos vehículos, cada uno llevaba otros 50 gendarmes. En total eran 150. Recordó que cuando la comitiva transitaba por la ruta nacional 34 "se produce un reventón de la cubierta derecha" del colectivo 8017, "perdiendo el dominio el chofer Díaz, precipitándose por el puente, cayendo al arroyo Balboa en el departamento de Rosario de la Frontera". El transporte quedó volcado y sus ocupantes, atrapados. 

En ese mismo momento, compañeros de los otros colectivos trataron de rescatarlos, pero no contaban con herramientas. Solicitaron ayuda a la Policía de Salta, a Bomberos Voluntarios, a Defensa Civil y otros organismos, y "a pesar de los trabajos realizados, fallecieron 43 gendarmes y (hubo) siete lesionados", sostuvo Vedia.

Conductas dolosas 

"Este resultado es el mayor siniestro registrado en la fuerza de Gendarmería Nacional por conductas dolosas del Estado y de la fuerza de seguridad, quienes se encontraban a cargo tenían la responsabilidad y el deber de garantía, de velar por sus hombres y subalternos", enfatizó Vedia. También hizo notar que "los certificados médicos de defunción tuvieron todos un solo horario, a las 2.30" de la madrugada, "esto desde el principio comenzó con actos irregulares", sostuvo.

Fernández señaló por su parte que el neumático que reventó y provocó que el ómnibus cayera al arroyo Balboa ya tenía fecha de vencimiento y un desgaste, "esto lo dice el Cuerpo de Instructores Fiscales de la justicia de Salta, que fue al lugar del hecho", afirmó. Luego citó la pericia accidentológica oficial y de parte, coincidente respecto a la mecánica del vuelco del colectivo, cuyo conductor perdió el control por el reventón del neumático. 

Respecto a la calificación legal, Fernández consideró que "la línea del injusto es dolosa" porque "no se puede ignorar o desconocer el resultado de la acción". Dijo que cuando declaró en este juicio Germán "se lavó las manos" y omitió sus funciones.

"Villasanti lamentablemente no soportó la presión del juicio y tampoco soportó la pérdida de su hijo (también víctima de este siniestro)", consideró Fernández. "Esta querella no tiene odio bajo ningún concepto respecto a los familiares que representamos con el doctor Vedia, tiene sed de justicia", aclaró.

"Acá sí hubo dolo porque ya tenían conocimiento una semana antes" del problema del balanceo del colectivo y se debían representar el resultado de la acción, sostuvo. "Se demoró la salida del convoy por la negativa de (Hugo) De Oliveira (chofer que no quiso manejar el ómnibus)", señaló. Consideró que los superiores debieron cambiar el colectivo.

Fernández también consideró que fue un "dolo eventual" porque hubo desvalorización del resultado final de la acción. Destacó que en este caso había que tutelar tres bienes jurídicos: la seguridad vial, la vida y la afectación a la seguridad pública. "El dolo no fue directo, sí fue indirecto por la omisión funcional al no radiar al micro y no sustuirlo por otro móvil del parque automotor", precisó.

El estado del colectivo

"El estado de la ruta era bueno", resaltó a su turno Vedia sobre el tramo donde volcó el colectivo. Citó a los peritos que actuaron. "El licenciado Padilla fue contundente, no tuvo duda alguna. Con el cabo Albarracín desarrollaron distintos puntos de la pericia que ponen en relevancia la situación de cómo estaba la ruta y cómo se encontraba también el vehículo siniestrado. Las fallas fueron exclusivamente por el estado del colectivo", dijo.

Señaló que debió haber planificación para prever todo, y eso "no se vio" respecto a las funciones que debían cumplir los acusados. 

También recordó que los choferes Osvaldo Cenic y Hugo De Oliveira, declararon que conocían que el colectivo tenía las cubiertas en mal estado y habían comunicado esa situación a sus superiores. El 8 de diciembre, De Oliveira había manejado ese vehículo y "advirtió que no podía ir a más de 80 (...) porque se movía todo el colectivo, las cubiertas estaban deformadas". El letrado recalcó que el conductor constató la situación y había informado al suboficial mayor Villasanti que la cubierta derecha, representaba "alto riesgo", "un arma mortal".

Vedia dijo que cuando Villasanti lo asignó como chofer del colectivo luego siniestrado, De Oliveira "le expuso que la situación en la que estaba esa cubierta no estaba para salir, era mandar a la muerte a quienes iban en ese colectivo y así sucedió. No era cuestión caprichosa". Ante las quejas del chofer, Villasanti lo asignó a otro ómnibus, hubo un cambio de choferes y los que pasaron al colectivo 8017 fallecieron en el siniestro vial.

El abogado sostuvo que el Destacamento Móvil 5 contaba "con el presupuesto suficiente, no solamente para hacer arreglar las cubiertas o mejorar los vehículos que ellos tenían, sino que tenían la posibilidad de contratar un vehículo o de comprar un vehículo", y afirmó que se deberá investigar el destino de los fondos que no se ejecutaron.

Vedia también recordó que familiares y sobrevivientes han contado que no pudieron retirar sus pertenencias, en especial sus teléfonos celulares. Añadió que las personas a las que representa sospechan que los teléfonos de los gendarmes podían representar "un compromiso" para la fuerza porque "si tenían que sacar información seguro que este expediente se iba a nutrir mejor porque ahí había llamadas telefónicas, mensajes, entre el personal de Gendarmería". Destacó que "fundamentalmente" se perdieron los celulares de los choferes y los que tenían a cargo tareas de mantenimiento y afirmó que esa acción "tuvo un objetivo doloso de que no se sepa cuál era la situación real que estaban viviendo los subalternos".

Asimismo, cuestionó "la capacidad, la madurez" de los funcionarios acusados que debían velar por la seguridad pública. "No hay excusa", aseguró.