En el norte del departamento Belén, el conflicto entre la empresa minera Elevado Gold y la Comunidad Indígena de Peñas Negras, lleva ya más de dos años sin resolver y volvió a recrudecerse en los últimos días, cuando empleados de la empresa, acompañados por efectivos de la policía provincial, volvieron a tratar de ingresar sin consentimiento al territorio comunitario. La Comunidad habría denunciado ya en múltiples y repetidas oportunidades el hostigamiento y los hechos de violencia que venía sufriendo por parte de la empresa, sin embargo, el Estado provincial sigue desconociendo sus derechos como pueblos originarios, pretendiendo seguir adelante con el proyecto minero sin el consentimiento de la Comunidad y sin que haya tenido el debido procedimiento de la consulta previa, libre e informada, conforme lo estipulado por reglamentaciones nacionales e internacionales (Convenio 169 de la OIT y Ley Nacional 24.071). Por otro lado, la semana pasada, la Comunidad Originaria de Quimivil, denunciaba que se había firmado un convenio entre el Gobierno y la Municipalidad de Londres en torno a la administración del sitio arqueológico El Shincal, sin haber consultado a la Comunidad y sin haberle dado participación en la elaboración dicho convenio ni en la suscripción al mismo, siendo que el sitio se localiza en el territorio comunitario y que las comunidades indígenas tienen derecho a participar de la gestión de los recursos naturales y culturales que se encuentran en sus territorios (art. 75, inc. 17 de la Constitución Nacional, art. 31 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Convenio 169 de la OIT, ley nacional 24.071). Con lo que, pese a la creación de una Secretaría de Asuntos Indígenas, la política del Estado provincial para con las comunidades indígenas pareciera no haber cambiado en absoluto: ya, de hecho, la creación de dicha Secretaría habría tenido lugar sin la consulta previa, libre e informada de las comunidades ni la participación de las mismas, nombrándose funcionarios sin ninguna formación específica en materia de derechos indígenas.
En el contexto social y político actual, este 24 de marzo, día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, representó simbólicamente no sólo un día de rememoración, sino también una jornada de lucha para conservar los derechos civiles y sociales ya adquiridos: “contra la dictadura de ayer y la de hoy”, como se leía en algunos carteles. Pues bien, en este contexto, cabe denunciar la forma despótica de gobierno que existe en nuestra provincia y que, específicamente en lo que respecta a los pueblos originarios, se traduce en el desconocimiento y la violación sistemática de sus derechos colectivos que viene teniendo lugar por parte del Estado provincial. Así, mientras ciudadanos y ciudadanas de todo el país se manifestaban en las plazas, las familias comuneras de Peñas Negras resistían en sus cerros con sus hondas tradicionales de hilo o warakas, lo mismo que sus ancestros hace 500 años durante las guerras calchaquíes. Como si la Reforma constitucional de 1994, en la que el Estado nacional argentino reconoce los derechos de los pueblos originarios, nunca hubiera tenido lugar. Y es que el Estado provincial encarna el mismo proyecto colonial de extraer las riquezas minerales, sin importarle el modo de vida ancestral de las comunidades indígenas que habitan las tierras donde se localizan los pedimentos mineros. Los hechos denunciados recientemente en los comunicados de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Belén y Tinogasta del pasado 20 y 23 de marzo, dan cuenta no sólo de que en esas regiones no existe estado de derecho, sino que existiría una complicidad entre el Estado provincial y las empresas mineras, en razón de la cual el primero estaría permitiendo que se produzcan estos hechos de violencia: el Estado, como socio de las empresas, en lugar de intervenir en los conflictos socioterritoriales para garantizar los derechos de las comunidades indígenas, acordaría estrategias y acciones con las empresas y las familias terratenientes a fin de desarticular las organizaciones comunitarias, originando conflictos entre las comunidades y corrompiendo las instituciones indígenas a través de sobornos y prebendas a los caciques. Este ha sido y es el modus operandi del gobierno provincial para con nuestros pueblos originarios: no reconocer sus derechos colectivos constitucionalmente reconocidos, sino tratar con ellos según la lógica del clientelismo político, aprovechándose de la pobreza y los problemas estructurales existentes en estas regiones (problemas de salud, educación, servicios públicos, comunicación, etc.). Podría decirse que se trata de un problema de ignorancia respecto a estos nuevos sujetos de derecho, ya que hasta el año 2005 no se registraba ninguna comunidad indígena en la provincia. Pero veinte años después, y con más de 50 comunidades autoproclamadas, el Estado provincial es un Estado ignorante no porque no sabe sino porque elige ignorar. Así, por ejemplo, en una reunión que tuvo lugar el 25/7/2023 con la Secretaria de Minería Teresita Regalado y el Director de Afirmación de los Derechos Indígenas de la Provincia Emanuel Fiol, la Comunidad Indígena de Peñas Negras dejó constado bajo acta que no daba su consentimiento para que la empresa minera Elevado Gold lleve a cabo ningún tipo de estudio en su territorio y se les pedía a estos funcionarios que la empresa deje de hostigar y perturbar su vida comunitaria. Y, como si tal cosa, unos meses después, el cacique recibe una invitación del Ministerio para que sus comuneros vayan a capacitarse para entrar a trabajar en la empresa. Lo mismo ocurrió con la Comunidad Atacameños del Altiplano y está ocurriendo con la Comunidad Originaria de Quimivil: la posición oficial del gobierno provincial pareciera ser la de ignorar los derechos indígenas, por lo que ni siquiera se ha preocupado en adoptar una perspectiva intercultural al tratar con las comunidades indígenas, y que supone mucho más que extender una wiphala sobre la mesa de los despachos. Basta escuchar, al respecto, el testimonio de uno de los comuneros de Peñas Negras: “…nosotros nos entrevistamos cuántas veces con el gobierno y los ministros diciéndoles que no queremos la minería y no nos entienden, quieren seguir, desconocer nuestros derechos. Es muy triste lo que estamos viviendo en nuestra comunidad, ya estamos cansados de pasar estas cosas, la verdad es que es triste para nosotros como comuneros ser desconocidos”.
Argumentalmente, no hay mucho más que agregar para establecer este punto: el Estado catamarqueño es un Estado que persiste en ignorar, desconocer, negar, los derechos de los pueblos originarios, y esto en razón de los intereses personales de la burocracia política y de sus socios empresariales y que se enuncia a la sociedad como razón de Estado. Con lo que cabría preguntarse, volviendo sobre el 24 de marzo y más allá del retroceso a nivel nacional en materia de derechos, si efectivamente en nuestra provincia vivimos en un estado de democracia: ¿tenemos, realmente, los derechos que se nos reconocen? Al menos si nos ponemos en el lugar de las comunidades indígenas, la respuesta pareciera mostrarnos que lo que teníamos por evidente ya no lo es tanto.
