“El padre del ladrón que murió baleado por un policía en San Telmo defendió a su hijo”, tituló TN. Claudia Cesaroni, abogada y magíster en Criminología, posteó en relación con la noticia en su perfil de la red X: “¿Por qué @todonoticias llama "ladrón" al adolescente muerto por un policía? ¿Por qué sistemáticamente se toma como cierta la versión policial? ¿No aprenden de todas las veces que esa versión fue desmentida por los hechos? ¿Les suena Lucas González?”

Lucas González, así como sus amigos y sus familias fueron víctimas de violencia institucional. El joven fue asesinado por tres policías en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas. La Policía de la Ciudad intentó encubrir a los autores del asesinato y para ello “plantaron” una réplica de un arma que fueron a buscar a una de las comisarías de la Comuna 4. (fuente: Ministerio Público Fiscal).

Para Cesaroni, los medios que ocupan posiciones dominantes tienen un sesgo de clase e ideológico. “El periodismo muchas veces duda de las versiones oficiales de las cosas, pero pocas veces duda de las versiones policiales de los hechos”, concluye la criminóloga.

Hace poco tiempo atrás, pensando la seguridad como un espectáculo, la ministra Patricia Bullrich, luego de haber confirmado la detención de un joven que presuntamente había cometido un delito posteó: “El que las hace, las paga”. Patricio Valentín García fue detenido por el crimen de Umma Aguilera. Sin embargo, tiempo después de haber sufrido la detención y la estigmatización mediática fue liberado por falta de pruebas.

La Defensoría del Público recomienda que los medios de comunicación audiovisual respeten la garantía constitucional de la presunción de inocencia en el tratamiento de noticias policiales. Dicha sugerencia se debe a que es frecuente que en la cobertura de este tipo de sucesos se haga referencia a las personas sospechadas o acusadas como si el poder judicial ya hubiera emitido un fallo, afectando a quien está siendo señalado por los medios de comunicación.

Asimismo, sostiene la Defensoría que “las consecuencias de que los medios desconozcan la presunción de inocencia pueden ser muy graves para quien se ve ilegítimamente involucrado en un hecho policial, ya que la estigmatización y la condena social que instalan este tipo de construcciones periodísticas queda en el imaginario social”.

La violencia institucional se sostiene y alimenta por un discurso político-mediático que la legítima silenciando voces de jóvenes víctimas, reproduciendo acríticamente las versiones policiales de los hechos y construyendo narrativas de la “seguridad” basadas en un espectáculo punitivista.

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó recientemente el Archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado 1983/2023: registraron 9.175 casos. La mayoría de esos asesinatos no fue noticia, no conocemos muchos de esos rostros ni las circunstancias de los hechos. Difícilmente se pueda construir empatía con esas víctimas o sus familiares.

Una seguridad democrática, una sociedad menos violenta, requiere un periodismo comprometido con los Derechos Humanos y también audiencias que analicen críticamente los espejos de colores de las soluciones punitivistas que nos intentan imponer.

* Licenciado en Comunicación Social UNLZ. Profesor de la UNRN