La organización defensora de los derechos humanos Cristosal denunció la detención de una mujer y su hija de 7 años en medio una operación militar en el norte de El Salvador, implementada, según el presidente Nayib Bukele, para localizar y detener a miembros de la pandilla Barrio 18.
Cristosal explicó en un comunicado que el presidente Bukele informó de la detención de dos supuestos miembros del Barrio 18, supuestamente responsables de dos homicidios en la zona, pero que como organización tienen el conocimiento del arresto de cuatro personas más.
Dos de esas personas son miembros de la Fundación para el Desarrollo Tamarindo, una organización comunal sin fines de lucro establecida legalmente. Las otras dos serían esta mujer con su hija.
Desde Cristosal también denunciaron que la sede de dicha fundación, ubicada en una zona rural del departamento de Chalatenango, "está en poder de militares".
"Como Cristosal hacemos un llamado a las autoridades para que se respete la integridad física de todos los detenidos, así como de todos los habitantes obligados a abrir sus casas para albergar a los militares y policías", apuntó la entidad.
Alertó a la comunidad internacional para que estén vigilantes de la situación, ya que son "fieles creyentes de que, en un país con democracia, el respeto a la vida y dignidad de todas las personas, así como la presunción de inocencia, son derechos que deben respetarse".
Despliegue militar
Un grupo de 6.000 efectivos del Ejército y de la policía de El Salvador fueron desplegados en cuatro localidades de Chalatenango, tras dos homicidios reportados en la zona hace unos días, según publicó en X el presidente Bukele.
Cristosal señaló que este cerco militar, al igual que otros, se han levantado en comunidades históricamente organizadas tras la guerra civil y que en las recientes elecciones dieron su apoyo electoral al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
El bloque de seguridad abarca las localidades de San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico y San Isidro Labrador, y busca "desarticular esa clica (la pandilla 18) por completo", afirmó Bukele.
Este despliegue de militares y policías se suma a otros implementados en diferentes zonas de El Salvador en el contexto de un régimen de excepción, puesto en marcha desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas.
Bajo la polémica medida, señalada de violar derechos humanos pero que ha elevado la popularidad de Bukele, fueron arrestadas más de 78.100 personas, todas acusadas de ser pandilleros o colaborares de dichas bandas.
Organizaciones no gubernamentales recibieron más de 6.000 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y registraron la muerte de más de 200 detenidos bajo custodia estatal.
