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Desde Rosario
La violencia criminal volvió a ganarle la agenda de gobierno a Maximiliano Pullaro. Además, en una sola noche ridiculizó la epopeya pretendida de la ministra Patricia Bullrich con el arribo la semana pasada de refuerzos militares para lo que llaman "la lucha contra el narcoterrorismo". Los ataques casi simultáneos a tres colectivos, una amenaza en un cuarto, otra en un supermercado, y balas servidas en la puerta de una escuela paralizaron el transporte de pasajeros, sumió a Rosario en un temor renovado y reactivó las deliberaciones en el gobierno. Si hasta el Papa Francisco dedicó desde Roma un mensaje a la coyuntura rosarina (ver aparte). En este marco, los colectiveros decidieron reanudar el servicio desde mañana a las 6, luego del paro declarado sobre la medianoche del lunes.
Con el asesinato del colectivero Marcos Daloia, más el de los taxistas y el del playero de una estación servicio todavía calientes en la memoria, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) dejó de prestar servicio durante toda la jornada de lunes. Y hoy por la tarde, tras una reunión con el intendente Pablo Javkin y autoridades del Ministerio de Seguridad, exigieron las mismas garantías de seguridad, y sólo tras obtener una respuesta stisfactoria, levantaron el paro.
Mientras en Rosario el ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, salía al cruce del hervidero y ratificaba la política carcelaria que las amenazas escritas le reprochan al gobierno, Pullaro convocó en Santa Fe a la Junta Provincial de Seguridad. "En Rosario hemos vivido momentos duros, terribles y trágicos que nos hacen reflexionar. Pero fundamentalmente nos hacen redoblar esfuerzos para ratificar las políticas públicas que llevamos adelante”, dijo el jefe del Ejecutivo.“El control de la cárcel, como lo decíamos recién en la reunión, trajo aparejada una disminución del delito y de la violencia en toda la provincia. Por eso, hay que seguir trabajando, seguir escuchando a los poderes del Estado, a la Justicia, a la Legislatura, y seguir trabajando fuertemente para vencer al crimen organizado, las mafias, a los violentos y para mostrar que el Estado está todo junto detrás de una política pública concreta”, enfatizó Pullaro.
El gobernador interpretó que las intimidaciones violentas "pretenden quebrar una política pública, y que se deje de cumplir la ley". Tras ello, ratificó el rumbo. "Cumplimos con la Constitución, con la ley de ejecución penal, e intentar no permitir a estas organizaciones crimianles que se reestructuren y hasta recluten gente desde la cárcel. Eso terminó en Santa Fe y eso es lo que hace reaccionar", dijo. "No es un momento fácil el que estamos viviendo, y por eso valoro el acompañamiento institucional que hemos tenido en este momento, y el compromiso de todos los actores y de todos los poderes del Estado para seguir adelante", agradeció Pullaro.
En la junta estuvieron ministros del gabinete, funcionarios de Seguridad y de Justicia, el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, la presidenta de Diputados, Clara García, la fiscal general María Cecilia Vranicich, entre varios, y legisladores de todo signo. El diputado Carlos Del Frade, por ejemplo, le apuntó a las "bandas narcopoliciales", y sostuvo que "de las 46 organizaciones criminales que operan en Rosario y la región, hay 10 que se unieron para desestabilizar al gobierno provincial". Y le recomendó a Pullaro que tome distancia de la receta de Patricia Bullrich sobre endurecer el trato penitenciario a detenidos y desplegar fuerzas armadas en el territorio. "Eso ya fracasó en otros lugares", alertó.
La reunión de dirigentes de la UTA con autoridades municipales y provinciales transcurrió con hermetismo. Javkin incluso se rehusó a dar detalles operativos de lo resuelto "porque a veces desemboca en nuevos hechos", dijo. El intendente asumió que "lo de ayer no fue una situación nueva, fueron en una hora muchos hechos, en lugares específicos. Frente a eso había que tomar medidas prudentes, antes de la vuelta del servicio, porque este sector perdió a dos trabajadores que murieron por hechos de inseguridad". Y deslizó su escepticismo frente a cualquier estrategia. "Seguramente van a pasar hechos nuevamente, pero no vamos a ceder en la medida que eviten que desde las cárceles nos sigan llenando las calles de violencia", dijo en un reclamo a Provincia y Nación.
Frente a todo esto, las miradas también vuelven a estar dirigidas hacia el ministro Cococcioni, desde que su cartera difundió en redes sociales las fotos de presos en el penal de Piñero, hincados y desnudos en el piso, bajo castigo. Sin embargo, el ministro sigue sin recular. "Todo lo que tengamos que hacer para devolverle la tranquilidad a los rosarinos lo vamos a hacer", dijo y se excusó con que una balacera, una amenaza anónima, "son hechos muy difíciles de anticipar".
Al respecto, anticipó la posibilidad de examinar el esquema de patrullaje y redistribuir los efectivos federales en el territorio.El ministro hizo foco en la amenaza escrita que apareció en un supermercado chino, en la que se hizo alusión a periodistas, políticos, gremialistas como posibles blancos de atentados. "Estos ataques forman parte de las reacciones por las políticas llevadas a cabo por el Gobierno provincial y nacional. Hay una referencia clara a recuperar privilegios que estos grupos tenían en las cárceles", dijo.
