Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó matar a Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022, esta vez no será imputado sino testigo. Así lo decidió sorpresivamente la jueza María Servini en la causa en la que busca dilucidar quién y cómo dañó su teléfono celular en las primeras horas de la investigación del atentado, lo que implicó la imposibilidad de analizar una prueba clave del principal acusado. La citación fue fijada para el 3 de abril a la mañana. La magistrada pidió que lo trasladen desde la cárcel de Ezeiza, donde está detenido, hasta Comodoro Py. Para el mismo día también convocó a dar testimonio al subinspector Gonzalo Ezequiel Ruiz, del Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal. Es el agente que secuestró el aparato, se ocupó de su resguardo y de asegurar la cadena de custodia para que fuera trasladado al juzgado de María Eugenia Capuchetti. 

Los imputados, hasta ahora

Servini ya imputó a un cabo de la Policía Federal (PFA) y a dos miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que manipularon el celular para extraer su información y terminó reseteado de fábrica, como si no tuviera contenido, algo que no se pudo revertir. Sólo se obtuvieron fotos al analizar las tarjeta SIM y de memoria, donde se veía a Sabag Montiel y su novia, Brenda Uliarte --también presa-- posar empuñando un arma. También algunos chats de Telegram sin relevancia. Ni whatsapp ni otras aplicaciones para mandar mensajes fueron recuperadas, lo que dejó una gran pregunta: ¿con quién hablaba Sabag por esos días (más allá de los llamados "copitos")? ¿Habría en sus mensajes pistas para reconstruir si hubo alguien detrás del ataque a CFK?

Al convocar a Sabag Montiel y Ruiz para la semana que viene, Servini suspendió las indagatorias de los tres agentes sin nueva fecha. El cabo de la PFA Alejandro Heredia, de Cibercrimen, debía declarar este martes y el miércoles la oficial principal Camila Dafne Seren y el subinspector Pablo Kaplan, del Departamento Técnico de Criminalística de la PSA.

Heredia había hecho un intento de bajar la información con el sistema UFED (Universal Forensic Device) de la marca israelí Cellebrite, en una oficina del juzgado en la madrugada del 2 de septiembre. Ni siquiera pudo desbloquear el dispositivo, que tenía un patrón. Desde entonces y a lo largo del día el aparato quedó en el despacho de Capuchetti, se supone que en una caja fuerte. Cerca de las 23, le indicó a la custodia policial del juzgado, Priscila Santillán, que llevara el celular a la sede de Ezeiza de la PSA, que tenía tecnología más actualizada. La mujer llegó sola y entregó a Kaplan el sobre en plena noche. Estaba abierto (o sea, se había roto la cadena de custodia) y encendido. La pantalla tenía fondo negro y el cartel de Samsung Galaxy A50, el modelo. Arriba, en letra roja pequeña, se leía “Warning: CMDLINE Parameter”. Era un código de error. Cuando lo conectaron al UFED, apareció otra leyenda: ¡Hola! Se había reseteado. 

A cuento de estos episodios, Capuchetti encargó un estudio a Gendarmería, que concluyó que el reseteo se produjo a las 00.19 del 3 de septiembre. Ya había sido reseteado en 2020, lo que lo hacía "vulnerable a una posible manipulación". Samsung Argentina informó que "no era posible dar certeza de cómo habría sido la forma de restablecimiento a valores de fábrica" ni "determinar cuál fue el procedimiento...". La jueza hizo una denuncia, que le tocó a Servini. La investigación original del recorrido y lo que fue pasando con el celular fue hecha por el fiscal fallecido Federico Delgado, quien sostuvo que restaba hacer un análisis técnico, interno, pero el celular lo tenía Capuchetti. Advirtió que no se podía escindir su pesquisa del intento de asesinato de CFK. 

Los nuevos testigos

Delgado había tomado testimoniales al personal policial que detuvo a Sabag Montiel, a los testigos del procedimiento, a los peritos que quisieron analizar el teléfono (incluso a los ahora sospechosos) y a los gendarmes que hicieron el informe. 

Habrá que ver qué le preguntan a Sabag Montiel sobre su teléfono. A diferencia de sus indagatorias, donde puede mentir, como testigo deberá hablar bajo juramento de verdad. Hasta ahora en sus declaraciones por el atentado no se explayó, seguramente por sugerencia de su defensa. En otros casos, pareció deseoso de hablar: en cartas a tribunales, en evaluaciones psiquiátricas y en el juicio donde lo condenaron a un año de prisión en suspenso --con Uliarte-- por tenencia de un documento ajeno hallado en su vivienda. Los psicólogos y psiquiatras han dicho que tiene "personalidad anormal" y un "patrón dominante de grandeza". Es consciente de lo que hizo y no se arrepiente.

Su celular no era un modelo sofisticado. Lo particular de la noche del atentado fue que primero lograron atraparlo dos militantes, lo entregaron a la policía. Quedó en una camioneta de la fuerza sin esposas y con su celular. Los agentes, que no tenían claro lo ocurrido, lo trataron como una víctima. Él les decía "no hice nada" y mostraba un golpe en su cara. Recién cuando llegó el jefe de la custodia de la exvicepresidenta, Diego Carbone, le corrió la capucha del buzo y vio que era quien aparecía en imágenes apuntando un arma hacia la cabeza de Cristina. 

Habían pasado más de dos horas desde el atentado hasta que lo detuvieron y le hicieron entregar lo que llevaba. El subinspector Ruiz ya declaró en la causa. Deberá repetir. En su momento dijo que "observó cuando Sabag Montiel sacó de entre sus ropas su teléfono". Aseguró que los resguardó "con los protocolos existentes (verificó que estuviera apagado, sacó la tarjeta sim y de memoria y lo resguardó en un sobre especial que bloquea señales) y completó el formulario de su cadena de custodia, para finalmente ser trasladado" al juzgado. El acta de secuestro dice que fue a las 00.23 horas y que el celular estaba apagado. Un testigo, Juan Ramón Meza, dijo que estaba encendido y que "habrían intentado desbloquearlo, hasta que quedó con la pantalla de color azul". 

Quienes conocen el caso se preguntan si Servini avanzará en una eventual responsabilidad del juzgado de Capuchetti por el daño al celular. El Tribunal Oral Federal 6, que hará el juicio por el intento de magnicidio, hizo lugar a una nueva medida para tratar de recuperar el contenido. Y ya autorizó el traslado de Sabag para el miércoles próximo.