En la danza de reuniones por el proyecto de ley ómnibus, Patricia Bullrich también juega. La ministra de Seguridad se reunió este martes con dirigentes opositores con el objetivo de allanar el camino para conseguir la aprobación de dos de sus banderas: la criminalización de la protesta y la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Fueron dos encuentros, uno con Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, y otro con una comitiva de dirigentes radicales, en los que la ministra dio detalles sobre los proyectos que planea presentar en el Congreso la semana próxima. La propuesta de reformar la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan volver a patrullar las calles había generado inquietud en el cosmos opositor y pichettistas y radicales querían precisiones sobre el contenido de la iniciativa. El endurecimiento de las penas frente a la protesta social, en cambio, ya había formado parte del fallido debate del proyecto de ley ómnibus y, frente al nuevo panorama de negociaciones, podría dejarse para más adelante.

Javier Milei no es el único que va por su revancha en el proyecto ómnibus: su ministra de Seguridad también. Bullrich tiene por delante el desafío de, esta vez sí, sumar los votos para que la reforma penal que estaba incluida en el mega proyecto debatido en febrero no vuelva a caerse. Y es que el derrumbe del proyecto ómnibus no fue el motivo de su caída, sino todo lo contrario: fue la gran excusa que le ahorró el papelón de ver cómo, durante la votación en particular, los opositores rechazaban el capítulo penal. "Los votos no estaban entonces", reconocen aliados en el radicalismo, que participaron ayer por la noche de una cumbre en el Ministerio de Seguridad.

La reunión comenzó a las 19 y participaron el titular de la bancada, Rodrigo de Loredo, las cordobesas, Soledad Carrizo y Gabriela Brower, el santafesino Mario Barletta, el catamarqueño Francisco Monti, la bonaerense Danya Tavela, entre otros. El ojo estaba puesto en el incremento de las penas para la protesta social - lleva de 1 a 3 años de prisión la pena por cortar una calle (cuando hoy es excarcelable) -, ya que este había sido uno de los más cuestionados por la bancada durante el debate en febrero. Según pudo saber este diario, Bullrich se comprometió a eliminar del capítulo todo lo referido a la persecución de manifestantes, que incluía también el castigo a los "organizadores". El capítulo de la "doctrina Chocobar" --que habilita el supuesto de que las fuerzas de seguridad obran siempre "en cumplimiento del deber" cuando disparan--, en cambio, sigue vigente. "Hay que esperar a ver el texto", advirtió, sin embargo, una de las participantes de la reunión.

Unas horas antes, mientras tanto, Bullrich había recibido a los emisarios de HCF, Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot. Allí la ministra les expuso los cinco proyectos con los que pretendía arrancar el año, entre los que se encontraban el capítulo de "Doctrina Chocobar", así como una propuesta para agravar las penas para reincidentes o la creación de de un banco genético que amplíe el registro del ADN a todos los delitos. El foco de la charla, sin embargo, giró en torno a la reforma de la Ley de Seguridad Interior y a una propuesta de "Ley Anti Mafia" que Bullrich viene buscando instalar y que propone, entre otras cosas, la extinción de dominio para crímenes vinculados al narco. "Fue una buena reunión", manifestaban, satisfechos, desde HCF.

Más problemático había sido, sin embargo, el proyecto que pretende habilitar que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en casos de narcotráfico. En este caso, Bullrich solo brindó algunos detalles generales sobre cómo se aplicaría la ley para casos de "terrorismo", aunque sin brindar muchos detalles. "Esto va a ser lo que genere más posturas distintas en el bloque. Hay que mirar el detalle cómo se va a limitar el accionar de las FFAA en los casos de terrorismo", reconocieron desde la bancada pichettista. En efecto, el socialismo santafesino, que integra HCF, ya le había adelantado a Página12 que estaba en contra de esta reforma, y se especula que será motivo de fuerte debate interno una vez que se presente el proyecto en una semana. 

Preparativos para el proyecto ómnibus 2.0

La cumbre en el Ministerio de Seguridad se suma a la larga lista de encuentros, formales e informales, que el gobierno viene manteniendo con gobernadores y dirigentes de la oposición en el último par de semanas. El último había sido el lunes, cuando Guillermo Francos y Nicolás Posse se reunieron con emisarios del PRO para analizar el texto de la Ley Ómnibus y el paquete fiscal, particularmente el capítulo de restitución del impuesto a las Ganancias para trabajadores. Discutieron, a su vez, la posibilidad de acelerar el tratamiento legislativo de la reforma laboral que forma parte del DNU y se encuentra suspendida por la Justicia. En estos casos, el PRO funciona como mano derecha del oficialismo, planteando sugerencias y "mejoras" que logren hacer más digerible el texto para otros sectores de la oposición. 

El cronograma tentativo que manejan en Casa Rosada supone llegar a mitad de abril con la media sanción en Diputados, de modo de poder comenzar el debate en el Senado en mayo y tener ya la Ley Ómnibus sancionada para el 25: fecha de la cumbre con gobernadores en la que Mieli pretende firmar el "Pacto del 25 de mayo". Con este objetivo en mente, el oficialismo pretende acelerar lo más posible el debate en Diputados. El objetivo es llegar ya al debate de comisión con un borrador ya acordado, de modo de evitar largas discusiones y, fundamentalmente, garantizarse un dictamen a prueba de balas que se vote a libro cerrado en el recinto.