La Secretaría de Obras Públicas realizó este martes una nueva audiencia pública para determinar la suba de tarifas de Aysa. La propuesta de la empresa contempla un aumento en las boletas del 209 por ciento a aplicarse a partir de abril, subas mensuales desde mayo -según una fórmula automática que combina la inflación minorista, la mayorista y el índice de salarios- y una nueva revisión tarifaria especial en julio, para terminar de quitar prácticamente todos subsidios. Además, contempla una drástica reducción en el presupuesto para las obras de ampliación de las redes de agua y cloacas, del orden del 20 por ciento en términos reales.
Estos ajustes implicarían que la factura media mensual en servicios de agua, sin impuestos, pasaría, para la zona alta, de 9962 a 30.784 pesos; para la zona media, de 3263 a 10.082 pesos; y para la zona baja, de 1735 a 5360 pesos. Desde mayo, además, la empresa se propone aplicar subas mensuales con una fórmula automática, y en julio volver a revisar las tarifas para seguir quitando subsidios. El objetivo es ahorrar 440 mil millones de pesos este año.
El secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, enfatizó que el objetivo de los incrementos y de la paralización de obras es alcanzar el equilibrio económico financiero de la compañía hacia el último trimestre de 2024. El funcionario recordó que la audiencia no es vinculante, por lo que la decisión del incremento es exclusiva del Ministerio de Economía.
"El acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho reconocido a nivel internacional. La propuesta de adecuación tarifaria de Aysa surge en un contexto de urgente necesidad de replantear cómo valorizamos este recurso esencial", indicó el funcionario. "La tarifa del agua históricamente ha sido objeto de políticas inadecuadas que han promovido el despilfarro y la ineficiencia, comprometiendo la sostenibilidad financiera de la empresa. Administraciones pasadas mantuvieron tarifas artificialmente bajas, lo cual no solo desfavoreció el uso racional del agua sino que también impidió la realización de inversiones para mejorar la prestación del servicio", completó el secretario de Obras Públicas.
Sin embargo, esa descripción de 18 años de gestión de Aysa, tras la estatización de la compañía en 2006, chocó de lleno con la realidad que describió, en la misma audiencia, el presidente del ente regulador del servicio, el ERAS, el ingeniero Walter Méndez, quien ocupa el cargo desde mayo de 2020. "Durante todos estos años Aysa demostró haber estado a la altura del desafío. Hubo una fuerte expansión del servicio y obras de infraestructura básica de gran magnitud que no se habían visto en los últimos 50 años. Hoy Aysa es un referente regional en la prestación de servicios sanitarios", retrucó.
"Inicialmente la concesión incluía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 17 partidos del área metropolitana. En la actualidad son 26 partidos, con 3,5 millones más de habitantes. Esta expansión implicó duplicar las instalaciones existentes, agregando más de 500 perforaciones de agua e incorporando 11 nuevas plantas depuradoras, 92 estaciones de bombeo cloacal y 17 plantas de tratamiento adicionales. Son obras sin precedentes en 50 años", insistió, frente al argumento de que las tarifas subsidiadas impedían la realización de obras.
