En la guerra abierta contra los movimientos sociales, el presidente Javier Milei sumó ayer un nuevo objetivo de destrucción: las cooperativas. El Gobierno anunció que suspenderá la operatoria de todas las entidades creadas entre 2020 y 2022, y que le quitará la autorización a 12.000, que ya habían sido suspendidas en 2019. Desde el cooperativismo desmintieron al Ejecutivo, aseguraron que existen controles "exhaustivos" por parte del Estado y defendieron la creación de las unidades productivas como generadoras de empleo formal.
La medida fue anunciada por Manuel Adorni. En su habitual conferencia en Casa Rosada, el vocero informó que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, se encargará de "controlar y depurar" el padrón nacional de cooperativas. De acuerdo al Gobierno, la cantidad de entidades creció en forma desproporcionada los últimos años y sus registros presentan "innumerables irregularidades". "Se trata de otra caja que desaparece y que los argentinos dejan de sostener”, alegó.
Sobre esa premisa, el funcionario anunció dos cosas: que se inspeccionarán 4.355 cooperativas que fueron creadas en 2023 y que le prohibirán operar a 11.853 que fueron suspendidas en 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, pero que siguieron recibiendo financiamiento en la gestión de Alberto Fernández.
Entre los argumentos que esgrime el Gobierno para avanzar con la podadora, remarca que el padrón aumentó un 138 por ciento en los últimos cuatro años --pasó de 9.978 a 23.836--, que el 70 por ciento de las cooperativas no presentó balances ni asambleas, que el 22 por ciento repite asociados, que el 20 por ciento utilizó la misma casilla de correo electrónico y que el 9 por ciento usó el mismo domicilio. "Resulta sorprendente que los argentinos hayamos financiado durante tanto tiempo instituciones que no tenían la mínima certificación de legalidad”, se quejó el vocero.
La desmentida
Tras el anuncio llegó rápidamente la respuesta de los cooperativistas. El presidente de la Federación Argentina de Cooperativas, Federico Tonarelli, advirtió que “quieren instalar la idea de que descubrieron un gran nicho de corrupción para, a partir de eso, avanzar con la destrucción del sector”. En ese sentido, explicó que es habitual que existan entidades que no hayan realizado el censo anual o que se hayan atrasado en la documentación ordinaria, pero que eso no implica que no se fiscalice o que amerite suspender a las cooperativas.
“Adorni tira una serie de números y de cosas que son graciosas. Yo estoy asociado a dos cooperativas porque trabajo en las dos cooperativas. Así que eso es común. También es normal que sean registradas con la misma dirección. No todas tienen sede. Entonces se unifican y usan un mismo domicilio. En el Hotel Bauen, por ejemplo, había muchas cooperativas registradas. Una era la de Tiempo Argentino”, aclaró Tonarelli.
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) es el organismo encargado de la promoción, registro y fiscalización del sector. Su extitular Alexandre Roig cuestionó las suspensiones y defendió su gestión. "Como bien recuerda la resolución del INAES, se hizo todo un proceso de regularización documental en los últimos años. Gracias a Renovar (Resolución 1000/2021), hemos logrado proporcionar al Estado información sobre la constitución de entidades de manera sistematizada. Esta base de datos estructurada ha permitido realizar controles exhaustivos, una tarea que antes resultaba imposible", respondió Roig, citando el comunicado que ayer emitió el Gobierno.
El doctor en Sociología Económica explicó que entre 2021 y 2023 se implementó un mecanismo de control que brindó "datos sistematizados" que se cruzaron con el Ministerio de Trabajo, el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Roig resaltó que los controles por parte del Estado "son necesarios para evitar abusos" y que entre 2021 y 2023 "se inspeccionaron miles de entidades y se suspendieron, sumariaron y denunciaron todas las irregularidades detectadas". Respecto a las acusaciones del Gobierno, indicó que buscan "distorsionar la realidad" y subrayó que "nunca en la historia de Argentina se han cancelado matrículas de manera masiva de ningún tipo de entidad societaria sin seguir el debido proceso legal".
Además, fustigó a Adorni por pretender "asustar, denigrar y despreciar" a los trabajadores y productores de la Economía Solidaria. "Lamentamos que este terrorismo comunicacional atente en contra del buen funcionamiento de la vida productiva y laboral y por ende de la libertad de emprender colectivamente", concluyó.
Protesta en falta de pagos
Mientras el Gobierno anunciaba las suspensiones, unos 600 trabajadores de cooperativas que prestan servicios en Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) protestaron frente a las oficinas de Jefatura de Gabinete, en la avenida Belgrano. Se trata de empleados, que integran más de 40 entidades de distintos municipios del país, y no cobran sus salarios desde el inicio de la administración libertaria.
Frente a la falta de respuestas, los manifestantes cortaron la calle y fueron reprimidos por la policía. Con palos y escudos, los efectivos golpearon a los trabajadores y les tiraron gases lacrimógenos para dispersar la protesta.
