“Mi barrio era una villa, pero era un barrio hermoso. Un día nos sacaron e iban prendiendo fuego todo. Yo era chica, pero me acuerdo tanto porque me quedó grabada la forma que nos sacaban. Todas nuestras cosas en el patio y nosotros no podíamos decir nada. Los militares nos trataban como basura, como si fueran superiores a nosotros.”

El relato de Perla es uno de los que se reproduce en el hall de entrada del Organismo Provincial de Integración Socio Urbana. Sucede que el OPISU, el ente bonaerense que se ocupa de acercar obras a los más de 4 mil barrios populares de la provincia, decidió exponer un conjunto de historias de personas que padecieron la decisión de la dictadura militar de erradicar los asentamientos de la Capital Federal y llevarlos al conurbano. Hoy, destacan desde el organismo, la política habitacional va en la dirección contraria.

Eso no quiere decir que las villas volverán a Ciudad, sino que implica “dar la batalla contra quienes buscan que los barrios populares desaparezcan”, dice Romina Barrios, la titular del organismo desde que Axel Kicillof arribó a la Gobernación. Desde finales del 2019, llevan ejecutadas más de 146 obras en 51 municipios de la provincia que contempla una inversión que pisa los 4.700 millones de pesos. 

Parte de estos trabajos están destinados a subsanar los años de abandono estructural que recibieron muchos de los asentamientos gestados por los militares.  

Para Barrios, “Milei tiene que empezar a hacer política porque se le está complicando demasiado”. Define el hacer político como la necesidad de “ponerse de acuerdo con una perspectiva de consensos básicos”.

Toma como referencia la labor en su organismo. “Nuestra tarea es hablar con todos los intendentes y concejos deliberantes sin importar la pertenencia partidaria porque los cargos electivos se respetan”, señala. Esto, aclara, no significa renunciar a las demandas hacia el Gobierno Nacional. Afirma que la convivencia es posible, pero sostiene que “en ningún lado dice que tenemos que estar de acuerdo en todo”.

Por eso cree que la convocatoria al Pacto de Mayo por parte de Milei es “complicada”. “Si te dicen que el pacto incluye que hagas previamente tal o cual cosa me resulta ficcional”, dice. Y apunta: “Hay que ponerle contenido al consenso”. 

Para la titular del OPISU, el parate a la obra pública planteada por el Gobierno Nacional es “un error enorme” que está destinado a terminar. “¿Quién va a hacer una obra en un aeropuerto, por ejemplo?”, se pregunta Barrios. Y se responde: “Espero que el aprendizaje sobre la necesidad del Estado haciendo obras estratégicas no sea a partir de una situación dolorosa, porque ninguno de nosotros espera un desastre vial para comprender la necesidad de la presencia del Estado”.

A la cabecera de la mesa de reuniones en su oficina, la funcionaria remarca que el fondo de estas decisiones está anclado en un “profundo odio y desprecio por el otro”. Sostiene que “lo que depara el futuro promoviendo el odio es terrible y es algo que ya vivimos”.

Memoria

"A nosotros nos trajeron en unos camiones verdes que serían de los militares, nos dejaron ahí, y nos dijeron vaya cada uno y busque una casa que esté deshabitada y se mete ahí. Mi mamá trajo unas frazadas porque nosotros éramos chiquititos, y una pinza con una masa. Rompió el candado y nos metimos todos adentro."

En este caso, la historia la vivió Doris Amador. Recuerda que junto a su familia fueron expulsados de la Villa 11-14 y llevados a La Matanza. 

Tanto Doris como Perla, y el resto de los testimonios del audiovisual proyectado por el OPISU, son vecinos y vecinas que fueron beneficiados o lo serán por alguna obra del organismo en sus barrios. En el caso de ambas, hoy matanceras, se están llevando adelante obras de construcción de viviendas para reubicar a los propios vecinos de los barrios 17 de marzo y Puerta de Hierro. 

También hay testimonios de Villa Gardel y Barrio Sarmiento en Morón. Son barrios pegados donde, entre otros trabajos, se realizó la puesta en valor de los espacios públicos y los frentes en la zona del Mercado Gardel, y, además, se construyó un polideportivo. 

Así, en el marco de un nuevo Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, el equipo del OPISU desarrolló un audiovisual de cinco capítulos que recorre los efectos de, entre otras medidas, la Ordenanza N° 33.652 firmada en 1977. Se trata del plan para erradicar las villas llevado adelante por la dictadura cívico militar que contemplaba un ordenamiento “social urbano” trasladando asentamientos desde Capital hacia el primer cordón del conurbano provincial.

Esta labor ya había tenido su antecedente durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, quien en 1966 también encabezó un proyecto de erradicación de villas. Creó los Núcleos Habitacionales Transitorios. Fueron 17, que muy poco tuvieron de transitorios.

Para Barrios, la regulación dominial de los barrios populares, construir escuelas y asfaltar sus calles, y, como prioridad, llevar los servicios de agua, cloacas y luz a sus vecinos, son el piso en el que se sustenta la visión de “integración socio urbana” que prima en el accionar cotidiano del organismo.

“Además de las obras hay que recomponer el tejido social, fortalecer la comunidad organizada, transversalizar el Estado y bajar programas inclusivos comprendiendo que el hábitat implica intervenir de forma integral todo lo que hace al buen vivir tanto de niños, adultos como adultos mayores”, explica Barrios a Buenos Aires/12.

La funcionaria señala que más del 20 por ciento del parque habitacional en el país está vacío, que se deben fortalecer las políticas sobre la generación de suelo urbano, y retomar una senda que reduzca la brecha de acceso a la vivienda. “Hasta el Rodrigazo de 1975, teníamos indicadores europeos de acceso a la vivienda, y después siempre retrocedimos salvo en etapas como el kirchnerismo que llevó adelante el Procrear que sirvió para achicar esa brecha”, destaca.

Tras indicar que el peronismo debe profundizar su autocrítica de cara a los sectores populares luego del triunfo de Javier Milei, resalta que a pesar del freno de la obra pública orquestado desde el Gobierno nacional “no se paró ninguna obra del OPISU”. “Es un esfuerzo de la provincia con un presupuesto restringido pero también es gracias a un Estado eficiente, que paga en tiempo y forma, y logra financiamiento internacional”, señala.

Que no se caiga

Barrios destaca que “en estos momentos se están llevando adelante licitaciones”. Entre ellas, por ejemplo, una obra que apunta a la mejora de los monobloques que componen Villa Gardel por 1.900 millones de pesos. También cuenta que se logró el financiamiento de parte del Banco Interamericano de Desarrollo para dos proyectos: uno vinculado a la reconstrucción de barrios tras el temporal en Bahía Blanca así como obras de abastecimiento de servicios en La Plata.

“Sabemos que está el ajuste, no somos tontos y sabemos que se buscar asfixiar a la provincia, y por eso valoramos el esfuerzo del gobernador para que no se frenen las ochenta obras que están en ejecución”, apunta la titular del OPISU.

Las ochenta obras conllevan una inversión por encima de 28 mil millones de pesos. A esto se agregan cinco obras adjudicadas por más de 18 mil millones, tres obras en evaluación por una suma de 1.300 millones, otras once en proceso administrativo y 27 proyectadas. 

Señala que, también, se fueron habilitando créditos que se gestionaron durante el gobierno de María Eugenia Vidal pero el PRO no ejecutó. “De todas maneras, hubo que cambiar los marcos operativos con los bancos para darles otra lógica a los préstamos”, indica. Explica que la ex gobernadora que hoy mantiene una fuerte sintonía con el gobierno de Milei, pensó las obras para ocho barrios “de los más grandes” como La Cava en San Isidro o Itatí en Quilmes.

“Nosotros le planteamos al banco que, en términos de escala, la provincia de Buenos Aires no es CABA, porque ellos tienen tres millones de habitantes y cincuenta barrios populares mientras que nosotros tenemos 17 millones de habitantes y 4 mil barrios populares”, afirma.

Dice que la lectura del gobierno de Cambiemos fue “porteñocentrista” donde el abordaje de los barrios populares es diferente ya que su cantidad y distribución permite focalizarse en un barrio sólo. En la provincia, advierte, deben diversificarse los recursos y ampliar el área de cobertura.

Desde Don Orione Viejo en Almirante Brown hasta Libertador en Tres de Febrero, yendo del Barrio Matadero en General Pueyrredón a El Milagro en Salto, o caminando al sur de la provincia por Colonia Ferroviaria en Patagones hasta el norte por el barrio Los Pescadores en San Nicolás, el OPISU lleva realizadas 194 obras en 55 municipios. Oficialistas y opositores, sin distinción.

Se destacan las 66 intervenciones en Quilmes, gobernado por Mayra Mendoza de Unión por la Patria, como las 62 en General Pueyrredón con Mar del Plata como ciudad emblema. El distrito comandado por el PRO con Guillermo Montenegro, recibió obras de saneamiento y limpieza así como de ampliación de la red de cloacas. 

En este marco, Barrios destaca que “no hay obras paradas”. Asegura que hay dificultades en la ejecución de los contratos, pero sostiene que los certificados de obra presentados por las empresas no tardan más de treinta días en pagarse. “Permite dar previsibilidad a las empresas”, asegura.

Este objetivo se cumple porque, según relata, “si las obras se caen se cae la confianza en el barrio y es muy caro retroceder en esos aspectos”. Por eso resalta que se pudo conformar un equipo administrativo que da un seguimiento diario a los expedientes, aunque sabe que “hay mucho por mejorar en la provincia en materia administrativa, pero no es el momento de dar esa discusión producto de la realidad que toca afrontar”.

“Yo vengo de los piquetes y la cacerola, estando en el barrio pelando papas, buscando agua en la Iglesia, yendo a pedirle mercadería a Coto y conteniendo a los pibes del tren blanco”, cuenta Barrios. Destaca lo hecho por Néstor y Cristina Kirchner para “reconstruir” el vínculo de la juventud con la política, y eso le “esperanza” para revertir este momento.

Considera que ese objetivo se puede alcanzar, entre otras cuestiones, por el rol de quienes ocupan lugares de decisión del Estado. “En todos nuestros contratos de obra pública se les exige a las empresas que el 40 por ciento de la mano de obra sea de los barrios donde trabajan”, indica. Y acude a esta política aplicada por el OPISU para ejemplificar cómo muchos jóvenes de los barrios acceden a un trabajo, acceden a de esa forma a una estabilidad y, en muchos casos, logran salir de sus adicciones.

“En el peor momento estamos en el mejor lugar”, advierte Barrios sobre “ser funcionaria”.