El Gobierno nacional, a través de una resolución de la Secretaría de Energía, definió un incremento en las tarifas del gas natural distribuido por redes desde el lunes 1° de abril, que en el caso del comercio y de usuarios residenciales de altos ingresos oscilará entre el 250 y el 350 por ciento del valor actual. Estos sectores, además, sufrirán un incremento adicional a partir del mes de mayo y por todo el período invernal (hasta septiembre), de aproximadamente el 52 por ciento sobre el valor de abril. Los dos aumentos acumulados tendrían una incidencia total del 500 por ciento sobre el valor actual. 

Y no sólo eso: estos valores y sus respectivos ajustes están definidos en dólares, por lo cual la Secretaría de Energía instruyó al Enargas para que, mensualmente, proceda a la actualización del valor resultante en pesos, que será el que llegue a la boleta a pagar por el usuario residencial o el comercio. 

Según explica la resolución en sus considerandos, este aumento corresponde a la actualización del valor del gas que recibe el productor --concesionario del yacimiento del que se extrae-- en el punto de entrega del fluido para su ingreso al sistema de transporte. Ese precio, por imperio del Plan Gas de impulso a la producción todavía vigente --por ahora, prorrogado hasta 2028--, se define en dólares. Y como incentivo a la mayor inyección de gas en el período invernal --el de mayor consumo--, se le adjudica un precio más alto al gas entregado entre mayo y septiembre. 

A partir de octubre, el precio del gas en el punto de ingreso al sistema volverá a ser el vigente en abril. Pero definido en dólares, por lo cual sumará entre abril y octubre la devaluación oficial que se verifique en ese mismo período cuando se lo traduzca a pesos. 

Con lo cual, el aumento anunciado para abril y el inmediato que se aplicará en mayo, tan sólo refleja la quita de subsidios al precio mayorista del insumo. Impacta plenamente en los consumos no residenciales  y en los residenciales de familias de altos ingresos (en realidad, de ingresos medios altos), pero no así en la franja de bajos ingresos que mantienen los subsidios a la tarifa. En cuanto al sector residencial intermedio, tienen asignado un techo de demanda a precio subsidiado, y por los consumos que excedan ese techo, pagarán el precio pleno. Es decir, el mismo que se aplica a familias de altos ingresos y al comercio y otros usos no residenciales.

Luego de habre resuelto el precio para el primer tramo de la cadena de comercialización del gas, la del productor, las autoridades del área energética se abocarán a establecer los márgenes de aumentos para las retribuciones de transportistas y distribuidoras. Vale recordar que en las audiencias públicas ya realizadas a comienzos del año, sus reclamos llegaban al 500 por ciento de aumento.

Si bien la incidencia del costo del transporte y la distribución sobre la tarifa final es muy inferior a la del valor del gas, por la magnitud solicitada y por ser adicional al otro incremento ya aplicado, el impacto negativo sobre la actividad comercial y los presupuestos de los hogares se presume que será importante. Aunque no hay fecha para estos otros aumentos, se estima que la intención oficial es resolverlo antes de mitad de año (junio a más tardar). 

La misma resolución oficial recuerda que estas medidas se encuadran en la declaración de emergencia energética dispuesta por el Ejecutivo a pocos días de asumir Javier Milei, y que "las acciones que de ellas deriven tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024".  Es decir, que antes de fin de año se definiría un nuevo esquema tarifario, ya sin subsidios sobre ningún tramo de usuarios (el fin de la segmentación) y con la única consideración de la vigencia de una canasta básica energética que garantice un consumo mínimo de recursos para toda familia. La perspectiva, en consecuencia, es que 2025 se inaugurará con otro tarifazo energético.