El Ministerio de Educación de Salta resolvió ayer abrir una nueva comisión que contenga a más de cien estudiantes en el Profesorado de Educación Primaria con Orientación en Educación Intercultural Bilingüe (EIB), del Instituto de Educación Superior N° 6050 de Santa Victoria Este (SVE), en el departamento Rivadavia.

La decisión fue confirmada a Salta/12 por la directora general de Educación de la provincia, María Antonieta Arévalo, consultada por los reclamos que llevaban adelante comunidades indígenas desde el martes de la semana pasada.

Ese día se tomó la institución con denuncias sobre una “grave situación de racismo y discriminación”, según la nota que hicieron llegar el 29 de febrero pasado a la ministra de Educación, Cristina Fiore.

La nota firmada por los y las estudiantes indígenas que aspiraban a ingresar a la carrera de cuatro años, fue acompañada por los referentes de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP).

El principal reclamo es que de los “95 ingresantes, solo 13 son de las comunidades”, dijo Abel Mendoza, presidente de la UACOP. Ello pese a que en el municipio el 80 por ciento de la población es indígena.

“Son 93 ingresantes y 30 pertenecen a comunidades originarias”, contrarrestó Arévalo, quien, sin embargo, dio la novedad de la resolución que se tomó ayer mismo ante los reclamos de las comunidades.

La funcionaria afirmó que los periodos de preinscripción de esta carrera en particular estuvieron signados por algunas particularidades. Sucede que para este año se preveía dictar el Profesorado de Educación Secundaria de Historia, con preinscripción en diciembre. Pero ante los reclamos de las comunidades, se decidió establecer el de EIB, por lo que las inscripciones se abrieron entre el 9 y 15 de febrero.

En total se inscribieron 400 postulantes, de los cuales 223 cumplieron todas las condiciones (exámenes y asistencia) de aprobación de las distintas instancias. Pero el cupo era solo de 90, por lo cual se ingresó por “orden de mérito”.

“Aunque se inscribieron varios, existieron maltratos y pautas discriminatorias por parte de directivos y profesores, que desalentaron la participación de jóvenes originarios”, indica la nota que las comunidades elevaron a Fiore. A ello añadieron que “la mayoría de criollos (…) desconocen nuestra cultura y lenguas, en una zona de población indígena”.

Recordaron además que “la única manera de dar una educación de calidad que detenga la deserción escolar, es que haya maestros interculturales bilingües originarios en las aulas, que es nuestro reclamo histórico, de público conocimiento”.

Y es que una de las primeras dificultades con las que se encuentran las infancias originarias al momento de ingresar al sistema escolar es que su lengua materna es distinta al castellano, y su cultura en general. Además, en la zona se han detectado prácticas discriminatorias ya naturalizadas.

Pedido de control institucional

En el comunicado oficial del Ministerio de Educación por el cual se establecía la alternativa para destrabar el conflicto, se indicó que en la Dirección de Educación Superior se encuentran “abocados a definir el espacio edilicio para el funcionamiento de esta nueva comisión”. Al momento, solicitaban a las personas que se encuentren tomando la institución “que nos permitan recuperar el normal desarrollo de las actividades institucionales, para proceder al diseño del dispositivo necesario para el dictado de las clases” y “con el aporte de todos fortalecer la formación de los jóvenes de la comunidad”.

Ayer se esperaba conocer la reacción de los manifestantes. Sin embargo, ya en la nota elevada en febrero a la titular de la cartera educativa se solicitaba que, ante la situación vivida (y que suele ser reiterativa), “se conforme una comisión interinstitucional compuesta por (las carteras de) Educación provincial y nacional, universidades, ONG y autoridades comunitarias para investigar la situación denunciada para que se implemente esta oferta educativa de modo realmente intercultural con monitoreos internos y externos permanentes, capaz de eliminar toda práctica racista y discriminatoria y permita un 80 por ciento de maestros egresados de pueblos originarios”. A ello agregaban el pedido de becas para el estudiantado indígena.