Hay una palabra que se repite y repite: crueldad. Casi no hay trabajadores que no la mencionen al graficar la ola de despidos masivos que el Gobierno de Javier Milei ha comenzado a desplegar en todas las dependencias estatales esta semana, con el fin de los contratos que a finales de diciembre fueron renovados por tres meses. Las historias detrás de cada despido, la angustia por un futuro incierto y la preocupación por un contexto económico adverso.

El plan de despidos en organismos del Estado que el gobierno puso en marcha esta semana abarca a 15 mil trabajadores y trabajadoras, aunque con una salvedad. En esta cifra, de por sí impactante, no se tienen en cuenta todos los trabajadores de organismos descentralizados y empresas públicas. Es decir, no se contabiliza, por ejemplo, las decenas de oficinas de la Anses que, de un día al otro, se quedaron sin personal, con el efecto a las políticas de seguridad social que eso conlleva. 

Así es, por ejemplo, como despidieron casi a un 15 por ciento del personal total de la Secretaría de Trabajo, perteneciente al Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, dejando en la calle a 517 empleados de un total de 3.900. Y, de esta manera, muchas líneas de acción sin personal, sin política pública posible.

Andrea Franca, delegada de ATE en la Secretaría, explicó por AM750 que los despidos tienen que ver con la búsqueda del Gobierno de “arrasar con los derechos de los trabajadores” y, de esta manear, “arrasar con el país”. Además, concluyó que el plan es impulsado, entre otras, por empresas como Techint, que no sólo han ubicado de sus gerentes en el Ejecutivo, sino que además busca torcer con la matriz de derechos laborales en el país.

“Estamos angustiados y golpeados. Pero esto nos tiene que dar fuerza a todos para salir a la calle a afrontar esto y a pelearla. Porque no lo podemos aceptar. Despidieron a 500 personas de una dotación de casi 3.900 es muchísima. Y si fuera uno, también. Como ya lo hemos conversado en enero”, relató.

Y, sobre su situación, añadió: “Estamos en una lenta agonía. Fueron tres meses durísimos, llenos de especulaciones y rumores. Y un nivel de crueldad durísimo. Esto no acaba, porque las nuevas contrataciones dicen que van a hacer por tres meses. Es una agonía espantosa para todos”.

Trabajadores de carrera, afuera

En esta misma colérica jornada Lucas Berengua fue despedido de una forma “cruel” del Servicio Meteorológico Nacional tras 21 años trabajando en el organismo. No era una persona más en el SMN. Ya a los 15 años comenzó a entrar en el mundo de la meteorología. Allá lejos por el 2003. Fue, y es, el meteorólogo más joven que vio el país.

Si bien el argumento tuvo que ver, exclusivamente, con el panfleto del “ajuste fiscal”, Berengua cree, tal como dijo con AM750, que su despido tiene que ver, en parte, con la licencia médica que se tomó el 2023 para poder hacer un tratamiento médico intenso que lo tuvo varios meses ausentado.

Pero eso no es todo. El modo en el que se lo comunicaron, aseguró, fue lo verdaderamente cruel: “Acá no hay telegramas. Acá es todo mucho más perverso. Me llamaron por teléfono. Me dijeron que me estaba buscando el director, que es una persona que no conozco, porque está hace pocos días. Y que lo acompañan ciertos directores que ya estaban en el organismo y que vienen desde hace muchos años”.

Oficinas vacías y Estado ausente

Entre los organismos fuertemente afectados está la Agencia Nacional de Discapacidad, donde fueron decenas las personas despedidas. Tal es el caso de Verónica Pites, que trabajaba en el organismo hacía 13 años y se encargaba de verificar los trámites de nuevas pensiones para las personas que padecían alguna enfermedad grave y estaban en la pobreza.

Tras asegurar que su despido se dio de la misma manera que en el resto del sector público, de manera cruel, desprolija y sin una compasión —se enteró por una nómina que se filtró en la oficina— Pites puso la advertencia en el cielo sobre lo que pasará ahora con el sector más vulnerable de la sociedad.

“Estamos hablando de la población más frágil. Que es la población que, además de tener una enfermedad grave, está en la pobreza. Entonces, al quitar derechos, al quitar trabajadores, esos derechos se ven cercenados. Está todo absolutamente paralizado. No hay nadie dando las altas”, se lamentó.

Causas armadas para despidos sin justificación

Natalia Vazquez, trabajadora de Acumar —el organismo a cargo la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo— aseguró que en su caso los despidos se están dando con causas armadas, ya que el Convenio de Trabajo indica que no se pueden dar despidos arbitrarios sin indemnización.

“Hacen los despidos de la manera más pérfida, nos empezaron a notificar el viernes y el sábado de supuestos incumplimientos horarios, ausencias injustificadas, durante el 2023. Como lo que hay es un intento de reestructurar, pero es un Gobierno que no quiere pagar indemnizaciones, fuerzan un procedimiento trucho y fraudulento”, dijo.

A lo que añadió: “Inventan causas donde no las hay. Y digo que las inventan porque se agarran de errores administrativos de la gestión pasada. La gran mayoría somos territoriales. Para poder acreditar el tiempo de trabajo lo hacíamos por planillas reloj. Sin embargo, la gestión actual no lo quiere reconocer porque la gestión anterior no lo cargó en un sistema de horarios”.