El gobierno de Santa Fe analiza presentarse a la Justicia la semana que viene para reclamar por el decreto de necesidad y urgencia con el que el gobierno nacional dejó sin efecto los dos artículos del presupuesto prorrogado que garantizaban los giros de fondos a las cajas de jubilaciones de trece provincias que en su momento no transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación.
El secretario de Seguridad Social de la provincia, Jorge Boasso, criticó la decisión de eliminarlos anticipos que realiza la Anses a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales al Estado nacional, lo que pone en un punto crítico de financiamiento a la Caja de Jubilaciones santafesina.
Boasso consideró que el DNU "es otra trastada del presidente" y destacó que "mientras Milei convoca al consenso a los gobernadores para que lo acompañen en sus leyes, saca por decreto un recorte de fondos adeudados por ley (no discrecionales) a las Cajas Jubilatorias de 13 provincias".
DNU publicado en el Boletín Oficial este miércoles el presidente Javier Milei dejó sin efecto los artículos 92 y 93 de la ley de presupuesto 2023. Allí se establece que la Anses "transferirá antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas" y que cada anticipo mensual debe realizarse de acuerdo a "las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa)".
Además de calificar como "una trastada", Boasso afirmó que no se trata de un ajuste sino de "una apropiación indebida de fondos".
Los fondos fijados en el presupuesto son adelantos de la compensación que Nación se comprometió a financiar por el déficit de las cajas provinciales. Se trata de una cifra igual al último déficit convenido dividido en doce pagos mensuales. Luego, por lo general con hasta dos años de demora, se acuerda el número final y Nación debe cancelar la diferencia que queda a favor de las provincias. El retraso en la cancelación de esa diferencia, más los cuatro meses que el gobierno de Milei lleva sin pagar, resultan en el cálculo de los 700 mil millones adeudados que esgrimió Boasso.
