Pese a las crecientes críticas internacionales y a las acusaciones de la oposición, Volodímir Zelenski (foto) no convocará a las próximas elecciones presidenciales y continuará indefinidamente en el gobierno de Ucrania.
El domingo 31 de marzo debían celebrarse los comicios generales para, entre otros cargos, elegir un nuevo presidente que, tal como lo establece la Constitución ucraniana, debe iniciar su mandato el 20 de mayo de 2024.
Sin embargo, la Ley Marcial impuesta por el propio mandatario apenas comenzó la intervención rusa en febrero de 2022, y que es renovada cada tres meses, impedirá la realización de una contienda electoral que, de todos modos, debía comenzar a planificarse ya desde noviembre del año pasado.
La oposición a Zelenski denuncia que la Ley Marcial se está utilizando de modo arbitrario, de acuerdo con la voluntad de un político que sólo ambiciona permanecer en el poder y en medio de una contienda bélica cuya duración, en definitiva, responde a su propia conveniencia.
En todo caso, las denuncias no son nuevas y apuntan a que desde un principio Zelenski supo aprovechar las condiciones creadas por el conflicto con Rusia para acrecentar su poder.
Así, el 20 de marzo de 2022, apenas un mes después de iniciada la intervención de Rusia y valiéndose de la Ley Marcial, el presidente firmó un decreto por el que suspendía las actividades de once partidos políticos de oposición, mayormente de izquierda, citando sus supuestos vínculos con el gobierno de Vladimir Putin.
Entre ellos se encontraba la Plataforma de Oposición-Por la vida que, con 43 representantes en el Parlamento (Verjovna Rada), era el partido opositor más importante.
No fue casual, por tanto, que, en noviembre del año pasado, todos los partidos políticos representados en la Rada aceptaron posponer la celebración de cualquier elección nacional hasta después del fin de la Ley Marcial.
Sin oposición, y fundamentalmente debido al partido oficialista Servidor del Pueblo y a otras agrupaciones a favor del gobierno, Zelenski logró el estratégico apoyo del Parlamento en su intento por prolongar indefinidamente el ejercicio del poder ejecutivo.
El respaldo obtenido desde el Legislativo fue de suma importancia, sobre todo, porque a partir de ese mes comenzaron a aparecer encuestas, como la del Instituto Internacional de Sociología de Kiev (KIIS), que marcaban una tendencia decreciente en la confianza hacia el gobierno.
De igual modo, la revista británica The Economist señaló en noviembre que el índice de confianza del mandatario era de apenas un 32%, algo muy por debajo de sus cifras de aprobación pública al principio del conflicto.
En el medio, cobraron trascendencia las fuertes discrepancias entre el presidente y el comandante de las Fuerzas Armadas, Valeriy Zaluzhny, quien llegó a afirmar en una publicitada entrevista en The Economist, que la contraofensiva contra Rusia había llegado a un “punto muerto”.
La disputa entre Zelenski y Zaluzhny pronto devino personal: mientras que la ciudadanía señalaba al presidente por su responsabilidad en un conflicto que parece no tener fin, al mismo tiempo comenzó a ver en el militar a un “héroe” impedido de actuar eficientemente a causa de dos males endémicos de la política ucraniana: la burocracia y la corrupción.
La destitución del general el 8 de febrero, en lo que se considera como uno de los principales errores políticos del gobernante, terminó por consolidar la imagen de un líder alternativo a Zelenski, tal como comenzó a reflejarse en las últimas encuestas.
Un relevamiento realizado por SOCIS, con sede en Kiev, entre el 22 de febrero y el 1 de marzo, evidenció que, si se realizaran elecciones presidenciales, el 41% de los encuestados habría respaldado a Zaluzhny en la primera vuelta, en comparación con el 23,7% de Zelenski. En un escenario de segunda vuelta, Zaluzhny obtendría más de dos tercios (67,5%) de los votos, en comparación con aproximadamente un tercio (32,5%) que respaldaría al actual mandatario.
En tanto que, en unas hipotéticas elecciones parlamentarias, un “bloque pro Zaluzhny” obtendría el 46,4% de los votos, muy por encima del “bloque pro Zelenski”, respaldado por sólo un 21,1%.
La pretensión del presidente de continuar en el poder amparado por la Ley Marcial escaló a nivel internacional. En agosto de 2023, el senador republicano Lindsey Graham se pronunció a favor de la necesidad de que en Ucrania se realice una contienda presidencial. La respuesta de Zelenski fue inequívoca: no sólo “no celebrará elecciones a crédito” sino que tampoco “tomará dinero de las armas para donarlo a las elecciones”.
Resulta claro que en Ucrania, las elecciones presidenciales se encuentran hoy muy por debajo frente a las demandas ocasionadas por el conflicto militar con Rusia. La pregunta es hasta cuándo podrá contener esta situación un gobierno como el Volodímir Zelenski, que no responde ni a las exigencias de paz ni, menos aún, a las de preservación de un régimen democrático.