Tres discjockeys comenzarán a ser juzgados este miércoles por la muerte por sobredosis de cocaína de una diseñadora de 24 años, ocurrida en 2009 en el partido bonaerense de Vicente López. El padre de la víctima sospecha que a su hija la drogaron también con GHB, la llamada “droga de la violación”.

Los imputados son Lucio De Crocci (33), alias “Loopcio”; Lucio Rossi (28) y Rodrigo Puente (29), todos ellos DJ’s en fiestas electrónicas, quienes serán juzgados por el “abandono seguido de muerte” de Aldana Vanesa Raquel Salama (24), una diseñadora textil y docente en un templo judío.

El juicio comenzará el próximo miércoles a las 10, en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de San Isidro, situado en Ituzaingó 340.

Los tres acusados llegaron al juicio en libertad y, en base al delito que se les imputa, podrían recibir una pena de entre 5 y 15 años de prisión, según el artículo 106 del Código Penal.

El tribunal está integrado por los jueces Lino Mirabelli, Julieta Makintach y Esteban Andrejin; mientras que la acusación será impulsada por el actual fiscal general adjunto de San Isidro, John Broyad, quien llevó a cabo la instrucción de la causa cuando era el titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Drogas Ilícitas de Vicente López.

Por su parte, el padre de la víctima, Andrés Salama, estará representado como particular damnificado por el abogado Edgardo Turale.

Si bien en la causa no hay ninguna evidencia, Salama padre aseguró que viajó a los Estados Unidos para investigar el tema y está convencido de que a su hija “la drogaron con GHB, la ‘droga de la violación’ y no quedaron residuos porque después de treinta minutos no quedan rastros en el cuerpo”.

De Crocci, Rossi y Puente, quienes eran amigos entre sí, fueron beneficiados en su momento por la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro que revocó la elevación a juicio y ordenó su sobreseimiento.

Pero ese fallo fue apelado por la fiscalía y revocado por el Tribunal de Casación Penal bonaerense, que ordenó que el caso se dirima en un debate oral.

El hecho que se ventilará en el juicio ocurrió durante la madrugada del 19 de diciembre de 2009 dentro de la casa del imputado Rossi, ubicada San Martín al 1200 de la localidad de Florida, partido de Vicente López.

Según el requerimiento de elevación a juicio del fiscal Broyad, los tres acusados “colocaron en situación de desamparo a la víctima de autos quien se encontraba incapaz de valerse por sí misma, pues poseía una intoxicación producida por una ingesta inusual de cocaína”.

De acuerdo al fiscal, en vez de llamar a emergencias, los imputados introdujeron a Aldana en un auto Honda Fit, con el que “no se dirigieron en ese momento a ningún centro asistencial, sino, por el contrario, circularon con destino incierto”.

Siempre en base a lo reconstruido por Broyad, en la calle San Martín, entre avenida Del Libertador y Bartolomé Cruz, los jóvenes descendieron a Aldana del vehículo y realizaron un llamado al 911 para luego, “con la víctima fallecida”, dirigirse al Hospital Privado Modelo, ubicado en Roca 1811, de Florida.

En dicho centro asistencial, Aldana fue recibida a las 2.10 por la médica Susana Seccardini –la misma que estuvo imputada pero luego fue sobreseída en la causa de la falsa médica Giselle Rímolo–, quien le hizo maniobras de resucitación en el “shock room”, pero declaró que la chica llevaba fallecida de 30 a 40 minutos.

El médico forense Héctor Moreira –el mismo que practicó la autopsia a María Marta García Belsunce–, concluyó que la muerte se produjo entre las 0 y la 1.30 de aquella madrugada del 19 de diciembre de 2009.

Por último, el fiscal Broyad formuló en su acusación una serie de conclusiones que a su criterio comprometen a los imputados: hicieron “un solo llamado al 911” en el que no informaron sobre el consumo de cocaína; “la víctima entró fallecida al hospital” y “si la muerte fue a la 1.30 y el primer llamado lo hicieron a la 1.49, dejaron a la víctima durante 19 minutos sin atención médica.”

Además, el fiscal sostiene que “no fueron al hospital (público) por miedo a ser denunciados” ni a “la comisaría ubicada en las inmediaciones” y que “todas sus acciones tendieron al ocultamiento”.