El ajuste del gobierno de Javier Milei empieza a repercutir en el trabajo de la gente y la conflictividad crece en Santa Fe. Los trabajadores de la siderúrgica Acindar, de Villa Constitución, anunciaron un paro por tiempo indeterminado desde el 11 de abril por los atrasos salariales. La producción está suspendida desde mediados de marzo por la caída en las ventas y el freno en la obra pública, y desde la comisión interna advierten que el próximo paso son los despidos. A eso se le suma la decisión del gobierno de no renovar 70 mil contratos de empleados que se desempeñan en distintos organismos del Estado. En la provincia, los despidos comenzaron a llegar por goteo esta semana y en Rosario se está gestando una actividad para este miércoles frente a la ANSES, en el marco de una jornada de lucha a nivel nacional lanzada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Por otro lado, el gobierno decidió suspender e intimar a unas 11 mil cooperativas. “Es un ataque al modelo cooperativista y pone en juego una serie de herramientas para que un montón de gente trabaje”, cuestionaron desde el sector santafesino.
Planta parada
Acindar anunció un parate en la producción de sus cuatro plantas hasta el 15 de abril. “A raíz de la caída sostenida de la demanda en el mercado interno, la que ha impactado en una abrupta reducción de entre el 35 y el 40 por ciento de las ventas en los últimos meses, la compañía se ve obligada a reajustar los niveles de producción conforme a los nuevos niveles de actividad”, informaron sus directivos por medio de un comunicado. En la planta de Villa Constitución la empresa ofreció adelantar vacaciones, pero el grueso de sus trabajadores decidió seguir yendo a la planta a realizar capacitaciones y tareas de mantenimiento.
“Ya vamos por la tercera semana de planta parada. Somos 1.200 personas que estamos haciendo algunas tareas menores. Nosotros creemos que la empresa se tiene que hacer cargo de esta situación. Sabemos que no está fácil la cosa, pero la firma tampoco está en quiebra, porque tiene espaldas para bancarse un mes para pagarnos el sueldo normal sin producir”, describió Silvio Acosta, integrante de la comisión interna de Acindar y representante de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución, en diálogo con Rosario/12.
En ese marco, los trabajadores denuncian que la paritaria siderúrgica con la Cámara Argentina del Acero –conformada principalmente por representantes de Techint– viene trabada. Desde la UOM denuncian que los trabajadores vienen cobrando el mismo sueldo desde noviembre y fueron a la paritaria con un pedido concreto: actualizar el sueldo por inflación. Pero hasta el momento las negociaciones no avanzaron, por eso la UOM Villa Constitución confirmó un paro por tiempo indeterminado desde el jueves 11 de abril.
Para Acosta, se aproxima un panorama complejo en el sector. “Ya hubo un grupo de cien chicos que estaban contratados y vencido el plazo no les renovaron. O sea que desde diciembre tenemos cien compañeros menos”, señaló. “A nosotros lo que nos plantea la empresa es que los próximos meses también habrá parates y que vamos a una discusión de suspensiones, porque la situación no remonta. Y esto se proyecta así por lo menos por tres meses”, añadió.
Telegrama de despido
“Usted no tiene permiso para acceder al sistema”. La frase apareció en la computadora de Juan Puccio, de 31 años, trabajador del Anses en Rosario desde hace nueve años. Ante los rumores de despidos en el Estado entró a revisar su legajo y se encontró con que no tenía acceso. El lunes a primera hora, cuando pudo dirigirse al correo, le dieron un telegrama de despido fechado en 21 de marzo. “Trabajé todo el viernes 22 sin saber que me habían despedido”, explicó a Rosario/12. Otros tres trabajadores de su oficina fueron despedidos de forma similar.
Puccio trabaja desde el 2015 en la sucursal de Anses de Rioja y Sarmiento. Durante varios años lo hizo con un contrato temporario, hasta que en 2021 logró ingresar a planta permanente, luego de rendir un concurso: “No hubo ningún tipo de análisis previo respecto al trabajo que hacemos. Yo marco todos los días a las 7.30 de la mañana, media hora antes del horario de atención. Atendemos a un público que viene a hacer distintos tipos de trámites como desempleo, maternidades, discapacidades. No se hicieron auditorías y no hay ninguna razón para estos despidos”.
Esta semana el presidente Javier Milei confirmó lo que se venía anticipando: el gobierno nacional dará de baja 70 mil contratos de empleados públicos que no se renovarán a partir del 31 de marzo. Las declaraciones fueron en el IEFA Latam 2024, un foro que convoca a empresarios y dirigentes de la región para analizar el rol de América Latina en la economía global. Pero luego, voceros del propio gobierno salieron a desmentir la cifra y hablaron de una cesantía de entre el 15 y el 20 por ciento de ese universo de trabajadores.
Pero lo cierto es que algunos despidos comenzaron a efectivizarse. Mientras se terminan de definir medidas de fuerza, los gremios estatales se encuentran relevando hacia adentro de sus filas la cantidad de despidos y cesantías que fueron llegando. “Nos enteramos uno nuevo todos los días”, describen. Hasta el momento, y sin precisar números, desde ATE Rosario señalaron que tienen casos de despidos o bajas de contratos en Anses, Conicet y la Agencia Nacional de Discapacidad. Mientras que en el plano provincial temen por el cierre de organismos como los Centros de Referencia pertenecientes a Desarrollo Social, y de Agricultura Familiar, entre otros.
Para este miércoles se prevé una medida de fuerza de ATE en distintos puntos del país, que en Rosario tendrá su réplica frente a la sede de Anses. “Esto sigue con la lucha en la calle, porque son despidos arbitrarios. Y esto es quitarle derechos no solo a nosotros, sino a gran parte de la ciudadanía de quienes atendemos casos muy sensibles”, sostuvo Puccio. Y agregó: “En Anses no hay empleados que sobren, no hay ñoquis. Esto es un relato que se viene fomentando desde hace años, pero hay que hacer las cosas como corresponden para acusar de esa forma a un trabajador del Estado. No es tan sencillo como en las redes sociales”, añadió.
Contra el modelo
A la recesión que impacta en el sector industrial y la persecución contra los trabajadores estatales, esta semana el gobierno sumó un nuevo "enemigo" a su lista: las cooperativas. Por medio del vocero presidencial, Manuel Adorni, se anunció la suspensión de 11 mil cooperativas por presuntas irregularidades en su conformación. Los padrones de cooperativas apuntadas ya comenzaron a circular y afectan a distintos rubros. Desde el sector se mostraron sorprendidos por la decisión y remarcaron que el Estado realiza controles anuales exhaustivos sobre el tema.
“Hay un proceso que se hace todos los años y que lo lleva adelante de manera rigurosa el Instituto Nacional de Economía Social y Asociativismo, que regula las personerías jurídicas de las cooperativas mutuales. Y ya lo venía haciendo. Era un trabajo muy importante para poder hacer que las cooperativas verdaderamente representen sus asociados, tengan funcionamiento y los papeles al día para poder hacer las operaciones comerciales”, señaló Manuel Leiva, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo, Tecnología, Innovación y Conocimiento (Fattic) a Rosario/12.
Para Leiva lo que hay detrás de la decisión es “una avanzada del gobierno para poner en discusión el modelo cooperativo”. Según detalló, las cooperativas y mutuales de la Argentina representan el 15 por ciento del PBI, con casos de éxito emblemático como el Banco Credicoop, Sancor Seguris, ACA y AFA, entre otros. Pero también indicó que el cooperativismo es la forma de generar trabajo que encontraron miles de personas que atraviesan situaciones económicas difíciles.
“Adorni dice que las cooperativas viven del Estado. Las cooperativas de servicios públicos viven de lo que pagan sus asociados para tener luz, gas o teléfono; las cooperativas del agro, de lo que exportan o venden al mercado interno. Y las cooperativas de trabajo permiten que una parte de la población, que antes era informal, se organice. Pero no para cobrar un plan, como dice el gobierno, sino para cobrar por el laburo que hacen”, expresó. “Es un ataque al modelo cooperativista y pone en juego una serie de herramientas para que un montón de gente trabaje”, advirtió.
En total Fattic reúne a unas 40 cooperativas de base tecnológica de todo el país. Leiva forma parte de Redjar, una cooperativa de trabajo rosarina que brinda soluciones en software. En Rosario hay otras cuatro cooperativas que forman parte de Fattic. Dentro de la red, varias cooperativas aparecen en los padrones difundidos por el gobierno e incluso una ya fue suspendida. En ese marco, desde la federación aprovecharon sus conocimientos en tecnología para diseñar un buscador y difundirlo entre sus asociados, para saber si las cooperativas forma parte de las apuntadas por el gobierno. Están ultimando los detalles para lanzarlo públicamente en estos días.
“Es para que todo el sector cooperativo pueda surfear en la información que ha dado el gobierno, encontrarse rápidamente, y ponernos en contacto para ayudarnos entre nosotros, como siempre hemos hecho. Queremos que se regularice la situación y, si hubo malos entendidos, apelar en los casos que sea injusto y defender el trabajo cuando los ataques sean injustificados por parte del gobierno”, explicó.
