“El juicio político es un mecanismo desequilibrado porque le da demasiada preponderancia al Congreso”, opinó el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, antes de que el presidente Mauricio Macri anuncie hoy un paquete de reformas que incluirá el ámbito de la Justicia (ver página 7). En clara alusión al interés del Gobierno por desplazar a la procuradora Alejandra Gils Carbó, Garavano dijo que “la idea es reformar los mecanismos de remoción”, y, con este fin, reducir “algunas mayorías”, que hoy son necesarias. Con esas palabras justificó la modificación de la Ley de Ministerio Público que eliminará el actual requisito de dos tercios de ambas cámaras del Congreso para la echar a quien ocupa la Procuración General.
Según Garavano, con respecto a los derechos humanos, el espíritu de la reforma apuntará a incorporar “los nuevos derechos económicos y sociales, como los de los pueblos originarios y otras cuestiones que tendrían que darle una mirada más amplia a la cuestión”, dijo. Y se quejó de haber encontrado en estas áreas “mucha resistencia, ya que entre los organismos de derechos humanos y el gobierno anterior se había generado mucha relación, de simpatía y proximidad”, que en algunos casos “generó que se terminaran confundiendo los roles”. “Debemos avanzar hacia una política de derechos humanos que no mire solo el pasado, sino el presente y el futuro”, definió, a tono con el discurso de la llamada “reconciliación”.
En relación con el desafuero del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, que se llevó a cabo sin siquiera un previo pedido de indagatoria, Garavano consideró: “Hemos llevado el relato de las causas judiciales a algo muy parecido a un partido de fútbol y nos olvidamos de cosas importantes, como lo es un juicio, en el que el fiscal es el que tiene que demostrar que la persona acusada cometió un delito”.
Fue en ese marco que, al referirse a la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Garavano precisó que “los procesos están avanzando naturalmente” y dijo esperar “que sigan en ese rumbo, y que sea en los casos donde hay procesamientos que se eleve a juicio oral para que el fiscal demuestre lo que debe demostrar, y si no lo logra demostrar, que los jueces dispongan”. El ministro aseguró que no cree que a la ex presidenta CFK le quiten sus fueros en el Parlamento.
Otro tema que abordó el funcionario fue el de Milagro Sala, sobre el que el Gobierno ha recibido numerosos reclamos internacionales, dada la persecución que sufre en Jujuy la líder de la organización Tupac Amaru. Con respecto al retorno a prisión de Milagro Sala, a quien se le suspendió la detención domiciliaria, el ministro afirmó que el Gobierno hizo “contribuciones y participó de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siendo reconocidos” por el organismo, con el que “se está trabajando muy bien” y “tratando de que se cumplan sus recomendaciones”. Pero evitó hacer comentarios sobre incumplimiento del Estado de la medida cautelar concedida por ese organismo internacional para proteger la vida e integridad de Sala, quien se encuentra encarcelada nuevamente desde el 14 de octubre.
Finalmente, Garavano dijo que la Secretaría de Derechos Humanos evaluó constituirse como querellante en el caso Santiago Maldonado, “pero la familia no quiso, por lo que el Gobierno se puso a disposición del juez”.
“Hay que esperar a que termine el peritaje y los estudios complementarios; ser prudentes y esperar a que termine todo”, indicó el ministro. “Lo que nos debe enseñar este caso es que hubo muchos apresuramientos”, enfatizó, sin aclarar si incluía entre ellos a las versiones sembradas por el oficialismo mientras era buscado Maldonado.