La jueza Loretta Preska, del distrito Sur de Nueva York, falló a favor de la Argentina en la causa por el cupón PBI de 2013.
La Argentina había apelado el fallo que la obligaba a pagar casi 1.500 millones de dólares a cuatro fondos de cobertura por manipulación de datos en 2013.
Los demandantes fundaban su reclamo en la supuesta manipulación de datos del por entonces secretario de Comercio y responsable del INDEC, Guillermo Moreno, para evitar los pagos a bonistas por los llamados "Cupones PBI", emitidos en 2005 por el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, para reestructurar la deuda defaulteada en 2002 a través de estos instrumentos atados a la evolución del Producto Bruto.
La demanda en los tribunales de Nueva York la inició en 2019, Aurelius Capital, uno de los buitres que había ganado el juicio contra el país derivados del default del 2001. A él se le sumaron cuatro fondos más que demandan en total alrededor de 411 millones de dólares por la misma razón.
El año pasado, Argentina había perdido la demanda realizada en su contra ante los tribunales de Londres por los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited.
Preska, que reemplaza desde 2017 al recordado juez Thomas Griesa, esta vez le dio una buena noticia al gobierno de Javier Milei, al rechazar la demanda de los fondos buitre. La demanda se basa en que, en el año 2013, la Argentina registró una tasa de crecimiento de 2,96 por ciento, y no llegó a superar el 3,2 por ciento que activaría el pago. Según los fondos buitre estaba calculada de manera errónea por el INDEC.
Se centraron en 2013 porque fue a partir de allí que Argentina, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales de cambiar el año base para el cálculo estadístico cada diez años, modificó el año base de 1993 a 2004.
Según el contrato, los primeros años Argentina debía crecer más de 4 por ciento para activar el pago. Desde 2013 el crecimiento debía ser de más de 3,2 por ciento y, a partir de 2015 y hasta 2035, Argentina debe pagar si el crecimiento del PIB supera el 3 por ciento.
El año pasado, la justicia británica les dio la razón al considerar una interpretación de la cláusula del contrato a favor de los fondos buitre y condenó al país a pagar 1330 millones de euros por el incumplimiento de los pagos de bonos atados al crecimiento económico; pero evitó acusar al Estado argentino por manipular los datos del INDEC.
"He llegado a la conclusión de que no es necesario examinar ese caso alternativo (es decir que Argentina haya cambiado el año base para no pagar el cupón), sino de que no sería deseable hacerlo, dada la gravedad de las acusaciones que conlleva y dado que esas acusaciones se dirigen contra un Estado soberano", sostuvo la justicia londinense.
En tanto, en la causada iniciada por Aurelius Capital en los tribunales de Nueva York, la jueza Preska decidió rechazar el reclamo por la interpretación de "la cláusula 48 y 49 del prospecto que se llama “no action clause”.
“La cláusula 48 y 49 del prospecto que se llama “no action clause”, impide a los demandantes haber presentado esta demanda, motivo por el cual nunca podría haber sido presentada por los demandantes tal cual está porque no cumplía con el no action clause, es decir, entraron por la puerta equivocada”, explicó Maril, CEO de Latam Advisor, a la agencia NA.
En este caso, la juez Preska tampoco mencionó al INDEC. "No habló sobre la mala fe de Argentina de cambiar la fórmula sobre cual estimaba su PBI semanas antes de anunciar el pago para el año 2013", precisó Maril y completó: “Las tres demandas del fallo de los cupón PBI siempre apuntaron a hablar sobre el INDEC, Preska le dedicó un solo párrafo a este tema, diciendo este juicio no se trata sobre el INDEC y sobre la posible mala fe de Argentina de calcular equivocadamente su PBI sino que se trata de un tecnicismo”.