El día en que la inseguridad irrumpió en la agenda pública

Axel Blumberg, de 23 años, fue secuestrado y asesinado en marzo de 2004 en el contexto de una ola de secuestros extorsivos. El padre del joven, Juan Carlos, inició un reclamo por seguridad que resultó inédito por su masividad y repercusiones. Este 1° de abril se cumplen 20 años de la primera y más impactante “marcha” convocada por Blumberg, cuando unas 150 mil personas se concentraron frente al Congreso. En la ocasión se leyó un petitorio, con iniciativas para el endurecimiento de la legislación penal, que fue acompañado por millones de firmas. El movimiento rápidamente encontró límites: menor convocatoria, cuestionamientos al líder y controversias sobre qué hacer (y qué no) con la inseguridad. El caso Blumberg, más allá de su carácter relativamente fugaz, marcó la definitiva irrupción de la inseguridad en la agenda pública argentina.

Diferentes procesos vinculados a la inseguridad ocurrieron en los últimos 20 años. La demanda por seguridad se extendió por todo el país, incluyendo marchas y “puebladas” en ciudades intermedias y pueblos pequeños. En 2010, luego de la represión en el Parque Indoamericano, se avanzó en institucionalidad con la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación. 

Aumentaron notablemente las cantidades de policías y fuerzas de seguridad en todo el país (la Gendarmería es el caso más evidente: pasó de 17 mil integrantes en 2003 a 37.800 en la actualidad). Se crearon cuerpos policiales municipales e incluso una fuerza nueva para la ciudad de Buenos Aires (en rigor dos: la Metropolitana, en 2010, y la Policía de la Ciudad, desde 2017). Aumentó significativamente la cantidad de empresas y trabajadores/as en el ámbito de la seguridad privada. La tecnología (y sus negocios) para la seguridad, principalmente cámaras de videovigilancia, se extendió rápidamente entre municipios y provincias. 

Según datos oficiales, poniendo en duda la tesis de la “puerta giratoria”, entre 2004 y 2022 se duplicó la cantidad de detenidos/as en las cárceles argentinas. Se produjo un proceso de “municipalización” mediante el cual los gobiernos locales asumieron responsabilidad en la seguridad de sus vecinos/as. El tema se consolidó como sección en los medios, que instalaron el saldo diario de la inseguridad, nutridos por las imágenes de cámaras de videovigilancia y de celulares. La tasa de homicidios dolosos, con fluctuaciones pero con tendencia general a la baja, es actualmente la mitad que en 2002, punto más alto de la serie (una tendencia de largo plazo que trasciende a los gobiernos e invita a pensar en procesos que exceden a las políticas de seguridad). En el caso de los delitos contra la propiedad, si bien son fenómenos con un alto subregistro, las estadísticas muestran que se mantienen en niveles relativamente altos. El fenómeno narco en Rosario emergió como una particularidad que integra dramáticamente violencia desmedida y falta de control estatal del territorio.

En estos 20 años hemos visto sectores de la derecha, en sus diferentes expresiones, apelando a la demagogia punitiva, la retórica de la mano dura, y una escueta caja de herramientas orientada a endurecer el código penal, facilitar la discrecionalidad policial y capitalizar políticamente la represión. Medidas que, más allá de tensionar con la legalidad, resultan ineficientes a la hora de bajar los índices delictivos o al menos de abordar aquellos que generan mayor daño social. Se trata de una comodidad no libre de tensiones, basta como muestra la actual disputa sobre la posibilidad de que las fuerzas armadas “combatan” al narcotráfico. 

Mientras tanto, en términos generales la izquierda mantiene un discurso anti-represivo basado en la hipótesis de la continuidad del accionar de las fuerzas de seguridad con la última dictadura cívico-militar. El discurso, orientado casi exclusivamente a la denuncia de la violencia policial y la represión de la protesta social, suele recaer en cierta insensibilidad frente a una demanda que incluye a los sectores populares a quienes la izquierda pretende representar.

En relación con la inseguridad los sectores políticos del amplio ámbito nacional y popular vienen expresando diversas retóricas discursivas, iniciativas de política pública y, en un plano más general, maneras de construir poder (o “hacer política”). Coexisten actores con posiciones emparentadas con la demagogia punitiva con otros que plantean diferencias profundas al promover políticas orientadas hacia la seguridad democrática. Para este sector el desafío no es tanto llegar a un punto de acuerdo total, sino el de habilitar una discusión permanente que, antes que entregar una bandera -otra más, como las de república o la libertad-, permita construir políticas que, en el marco de los límites, valores y herramientas de la democracia, contengan efectivamente la violencia y mejoren la vida a las personas.

Hace 20 años la conmoción por la muerte de Axel Blumberg instaló definitivamente a la inseguridad en el top de las preocupaciones de la ciudadanía (de hecho, allí permanece desde entonces, intercalando posiciones con los problemas económicos). En una democracia tristemente sitiada como la actual, podemos esperar que el fracaso económico para las mayorías (o el éxito económico para una minoría) venga acompañado de un show represivo que sirva para hablar de otra cosa, para mostrar al gobierno “del lado de la gente”. 

Frente a este escenario tan complejo, los actores políticos del ámbito nacional y popular tienen el desafío de trascender la impugnación para avanzar en la propuesta, construyendo ampliamente respuestas a un tema que hace 20 años, luego de la triste muerte de un joven, irrumpió en la agenda pública sin perder desde entonces centralidad en las preocupaciones ciudadanas.

* Investigador Conicet. En Foco, Instituto de políticas sobre delito, seguridad y violencias.