Después de un mes de conflicto, con manifestaciones en la calle y asambleas en hospitales y centros de salud, el gobierno porteño dio marcha atrás con las licencias que había impuesto compulsivamente a la comisión directiva electa de la Asociación de Profesionales de Servicio Social (APSS), gremio de las asistentes sociales. La medida –una prueba piloto en el marco de lo que vienen siendo las políticas antisindicales de Cambiemos– intentó dejar sin trabajar y sin cobrar a 19 asistentes para evitar que asumieran sus funciones de representación gremial. Según denunció el sindicato, los funcionarios les advirtieron que harían lo mismo con otros gremios estatales, a medida que renovaran elecciones, porque estaban implementando un “nuevo paradigma” de la interpretación de la ley.  

Aunque finalmente debieron anular las licencias compulsivas –lo que quedó asentado en un acta acuerdo–, la dirección de relaciones laborales del Ministerio de Hacienda porteño insistió en recortar la representación gremial, ya que reconoció a las autoridades del sindicato pero no a las delegadas.

No es un dato menor que la APSS tiene 30 años de existencia y que, como sindicato, cuenta con personería gremial. Es decir que no estaba en juego el reconocimiento de una nueva organización, sino de las autoridades que deben renovarse cada tres años. El 28 de agosto hicieron sus elecciones internas, que ganó la lista Naranja Violeta. Como se hace siempre, notificaron sobre  las nuevas autoridades a los ministerio de Trabajo de Nación y de Ciudad y al Ministerio de Hacienda porteño. “Nos respondieron que no la aceptaban y que nos licenciaban sin goce de sueldo”, contó a PáginaI12 Natalia Castrogiovanni, presidenta de la organización.

Para las trabajadoras sociales no hay duda de se trató de un ensayo que las eligió porque son un sindicato chico –de 500 afiliadas sobre un total de 800 trabajadoras sociales del área de salud–, integrado mayoritariamente por mujeres. “Hubo una interpretación maliciosa de la ley de Asociaciones Profesionales”, advirtió Castrogiovanni.

Las licencias sin goce de haberes son un derecho reconocido en la Ley de Asociaciones Sindicales, pero no una sanción que el Estado, como empleador, pueda imponer.

De hecho, el primer efecto sobre las 19 trabajadoras licenciadas, de no haberse revertido la medida, hubiera sido la pérdida de sus salarios.

La semana pasada, abogados laboralistas, dirigentes de las tres centrales sindicales y organismos de derechos humanos denunciaron al gobierno nacional ante la CIDH por su ofensiva para debilitar los mecanismos de protección de los trabajadores. Las medidas de la gestión de Cambiemos, así como su discurso público, apuntan a borrar que la relación entre el trabajador y el empresario es una relación desigual y, en ese marco, a deslegitimar o directamente barrer sus instancias de defensa, como la Justicia del trabajo, los convenios colectivos y la posibilidad de contar con una representación gremial. Contra esta última área, el menú de Cambiemos viene incluyendo campañas de estigmatización contra los dirigentes sindicales, intervención de gremios, pedidos de quite de personerías jurídicas y despidos de comisiones internas. El licenciamiento  compulsivo fue un paso inédito en la misma dirección.

Junto con las protestas que siguieron a la sanción, la APSS presentó una medida cautelar ante la Justicia para que las resoluciones tomadas por la oficina de personal del Ministerio de Hacienda porteño quedaran sin efecto. “Estábamos esperando la decisión de la Justicia cuando nos convocaron para firmar el acuerdo; entendemos que el acta va a ser enviada al juzgado para expresar que han revertido la medida. Sin embargo, tenemos la mitad del problema resuelto: nos estamos organizando para continuar con el plan de lucha, porque tampoco vamos a retroceder con nuestro cuerpo de delegadas”, anticipó Castrogiovanni.  

La impugnación de las delegadas fue planteada por el Ministerio de Hacienda porteño, como empleador, y es una cuestión que deberá resolver la cartera de Trabajo. Entre los argumentos oficiales hay una redefinición del conjunto de trabajadores a representar. Como gremio de las trabajadoras sociales de salud, APSS representa a las 800 asistentes que se desempeñan en hospitales y centros asistenciales porteños. Sobre el total de los representados, las asociaciones sindicales para hacer la elección necesitan un piso del 10 por ciento de afiliaciones. “Pretenden que ese diez por ciento sea no del total de las trabajadoras sociales, sino del total de trabajadores de la salud”, señaló la consultada. “Con esto, estarían impugnando de hecho a todos los gremios de profesionales, forzosamente más chicos, como las asociaciones profesionales de médicos o psicólogos, porque entienden que podríamos estar afiliados al Sutecba. Intentan poner un piso para desarmar a los gremios, en el marco de los avances de la reforma laboral”.