Carlos Mario Castellví pasó las Pascuas con sus hijos y sus nietos en el barrio CUBA de Villa de Mayo. Castellví es uno de los marinos condenados a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). En ese campo de concentración, a Castellví lo conocían como “Lucas” y lo recuerdan por haber integrado tanto las áreas de inteligencia como de operaciones del grupo de tareas. Castellví consiguió la autorización del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 para celebrar con la familia –mostrando cuán flexibles son las condiciones del arresto domiciliario– mientras desde el oficialismo y de la oposición amigable se escuchan voces que reclaman que los pocos represores que aún están presos salgan de las cárceles.

Castellví está en domiciliaria desde diciembre de 2019. En el último año, consiguió una serie de permisos que hizo que el fiscal Félix Crous denunciara que “de prisión solo queda el nombre”. Salió para Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre, Día del Padre, el bautismo de la nieta y el sepelio de su mejor amigo.

La fiscalía remarca que estas concesiones no hacen más que desnaturalizar la condena a prisión perpetua que fue impuesta por el mismo TOF 5. Las salidas excepcionales –regidas por el artículo 166 de la ley 24.660– pueden darse en casos de muerte, enfermedad o accidente grave de familiares o allegados con derecho a visita para cumplir con sus “deberes morales”.

Sin embargo, las “facilidades” en las detenciones domiciliarias no son una novedad ni algo que únicamente tiene Castellví. A principios de febrero se suscitó un escándalo después de que se supiera que Jorge Olivera –condenado a prisión perpetua– tiró la casa por la ventana para festejar sus 50 años de casado con Marta Ravasi. Hubo catering, disc jockey y hasta un show en vivo de Ramón “Palito” Ortega. En el juicio de las brigadas que terminó el martes pasado, once de los doce acusados estaban en sus casas. Y de esa forma escucharon su sentencia. Escuchar es un decir porque varias veces el presidente del TOF1 de La Plata, Ricardo Basílico, tuvo que pedir a grito pelado que estuvieran frente a las cámaras de sus computadoras –y no hablando por teléfono o leyendo en una tablet.

En octubre pasado, comenzó el juicio contra Horacio Luis Ferrari –un oficial de la Armada conocido como “Pantera” dentro de la ESMA. Ferrari tiene autorización para ir a misa en la iglesia Jesús del Huerto de los Olivos de Vicente López. El permiso rige para los domingos, pero en mayo del año pasado Ferrari pidió que le extendieran la autorización para comulgar también los sábados por la tarde.

La fiscalía puso el grito en el cielo. Crous contestó que el sacramento lo puede tomar en su casa y que el Obispado Castrense podría acercarse, ya que se define como “itinerante”. También recordó que Ferrari ya tiene bastantes beneficios porque puede hacer tres caminatas semanales de una hora cada una. Finalmente, el TOF 5 no le permitió también salir los sábados.

En julio pasado, Randolfo Agusti Scacchi –también condenado a prisión perpetua por crímenes en la ESMA– pidió autorización para ir al cumpleaños de su nieto más chico, y la consiguió. Agusti Scacchi fue uno de los represores que solicitaron ir a votar en el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei.

A Orlando González lo conocían como “Hormiga” en la ESMA. Los sobrevivientes lo recuerdan por su afición a la fotografía. Era auxiliar de inteligencia. Está condenado desde 2017 a prisión perpetua. El año pasado, la defensa de González reclamó una serie de autorizaciones para que el represor saliera a hacer las compras en días en los que había ofertas o promociones bancarias. Pidió, por ejemplo, ir el 12 de junio al supermercado Coto de Munro y el 19 y el 26 de ese mismo mes al hipermercado Carrefour de Rolón y Amancio Alcorta. Además, solicitó ir el 7 y el 10 de junio a la verdulería “El boliviano” de Villa Adelina.

Inicialmente el TOF accedió al pedido de González, pero la fiscalía dijo que el represor podría hacer las compras de manera remota o a través de su garante. Si ella no estaba en condiciones de hacer las compras, tampoco podría funcionar como garantía de que González no se iba a evadir. El tribunal finalmente dejó los permisos sin efecto.

Reclamos para que dejen las cárceles

Según las estadísticas que la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) difundió el 22 de marzo pasado, hay 661 personas detenidas por crímenes contra la humanidad. Solo 153 lo están en establecimientos penitenciarios. Casi el 80 por ciento de los detenidos están en sus casas.

Pese a ser un porcentaje ínfimo, hay quienes siguen reclamando que los represores dejen las cárceles. Entre ellos se cuentan el obispo castrense Santiago Olivera, que hizo ese pedido en la misa que presidió el 26 de marzo pasado en la catedral Stella Maris –que está ubicada frente a los tribunales de Comodoro Py.

“No puedo dejar de pensar en aquellos fieles nuestros que más están sufriendo –dijo Olivera–. Aquellos que, enfermos y con años de prisiones preventivas, siguen sufriendo la cárcel y lo que es peor, siguen sufriendo por causa de miradas parciales e ideologizadas”, dijo el obispo castrense. Lo escuchaban, entre otros, Carlos Manfroni –jefe de gabinete de Patricia Bullrich, que tiene a su cargo el Servicio Penitenciario Federal (SPF)-- y el secretario de Culto Francisco Sánchez, que se define como amigo personal de la vicepresidenta Victoria Villarruel –reconocida integrante de la familia militar.

Más allá de las diferencias que mantienen con la administración de La Libertad Avanza (LLA), desde la Coalición Cívica de Elisa Carrió salieron a aportar un proyecto que podría ser visto con buenos ojos por Milei, Villarruel y Bullrich. La diputada Marcela Campagnoli presentó una iniciativa –que ya había sido promovida por la propia Lilita en 2019– para facilitar las domiciliarias de los detenidos por crímenes de lesa humanidad y para que no se prolonguen las prisiones preventivas por más de cinco años.

La extensión de las prisiones preventivas se produce por los tiempos que tienen los tribunales para juzgar pero sobre todo porque hay demoras en algunas salas de Casación y porque la Corte Suprema no tiene plazos para expedirse en estos temas. Fueron los organismos de derechos humanos los que hicieron una presentación ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) porque los supremos cajonean los recursos vinculados a crímenes cometidos hace más de 40 años.