El estudio consideró como “asentamiento informal” a aquellos lugares donde, al momento de relevar, había “un conjunto de un mínimo de ocho familias (agrupadas o contiguas), en donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad, ni acceso regular a, por lo menos, dos de los servicios básicos (red de agua corriente, energía eléctrica con medidor domiciliario y/o sistema de eliminación de excretas a través de la red cloacal formal)”. Hace tres años, la ong había realizado un relevamiento similar, pero en menos territorios (eran ocho, en el estudio de este año son 11) y con otros materiales de recolección de datos, por lo que no toda esa información es comparable con la actual. 
Sin embargo, los investigadores sí advirtieron que entre entonces y ahora se registraron 100 nuevos asentamientos informales (aproximadamente, 9115 familias más); que 38 asentamientos se dividieron y 58 se unieron. Además, de los territorios estudiados en 2013, 136 asentamientos informales (40.800 familias) accedieron “a dos servicios básicos o más y/o a la titularidad de la propiedad”; 6 asentamientos (alrededor de 130 familias) fueron relocalizados y 4 desalojados (unas 130 familias; de todos modos, los integrantes de Techo advirtieron que el número de desalojos es el más difícil de relevar, por la dinámica de ese proceso.