El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) registró que más de 145.000 personas tuvieron que desplazarse en Colombia durante de 2023 por el conflicto armado, un 18 por ciento más que en 2022.

"La situación humanitaria no ha mejorado en 2023, en algunos casos los indicadores nacionales han bajado, pero han subido en muchos de los territorios regionales del país", aseguró este miércoles en una rueda de prensa el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Lorenzo Caraffi.

La cifra de desplazados se intensifica en algunas regiones, como el sur del departamento de Bolívar, donde casi se duplicó el número de registros, llegando a un 94 por ciento de aumento, o en el Cauca, donde creció un 53 por ciento.

El CICR alertó además que la cantidad de personas que suelen declararse como desplazadas tiende a seguir aumentando este año.

Ocho conflictos activos

El organismo agregó que el año pasado constató ocho conflictos armados activos de carácter no internacional en Colombia, uno más que en 2022, de acuerdo con la clasificación jurídica del CICR.

El conflicto añadido es entre las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también llamadas Clan del Golfo, y las disidencias de las antiguas FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016, según explicó la coordinadora jurídica operacional del CICR en Colombia, Mariana Chacón.

Este nuevo foco de conflicto, que "agrava las cicatrices en la población civil", incrementa la violencia en el norte del departamento de Antioquia y en el sur de Bolívar, aunque también se registraron acciones en Norte de Santander y Arauca, estos últimos fronterizos con Venezuela.

"A pesar de los esfuerzos que se están llevando a cabo para encontrar soluciones negociadas a los conflictos armados, la situación humanitaria en Colombia continúa siendo preocupante. El año pasado, la intensificación de la disputa territorial entre diversos actores armados generó dinámicas cambiantes en varias regiones del país, lo que planteó nuevos desafíos humanitarios", indicó el informe.

Pese a la suspensión del cese al fuego bilateral entre el Gobierno y el Estado Mayor Central (EMC) -principal disidencia de las antiguas FARC- en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, el CICR espera que los diálogos de paz "refuercen las protecciones y la confianza entre las partes para mejorar la vida de las personas que sufren las consecuencias de estos conflictos, aquellos que no participan en las hostilidades".

"Es la población civil la que carga con las consecuencias de los enfrentamientos armados; en Colombia hay comunidades enteras que no pueden transitar libremente por su territorio por el miedo y la zozobra", dijo Caraffi.

Violaciones y secuestros

En 2023, el CICR registró 444 presuntas violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en Colombia, casos relacionados con violencia sexual, reclutamiento y participación de niños y adolescentes en el conflicto, uso de explosivos, privaciones de libertad, o la falta de precaución en las hostilidades.

"Las consecuencias son mucho más amplias aunque sean menos visibles", destacó Caraffi quien añadió que en comunidades rurales "hay personas que se quedan confinadas y se quedan en su hogar sin poder salir ni acceder a recursos".

Según el informe presentado este miércoles, 47.000 personas estuvieron confinadas por acciones armadas y presencia de artefactos explosivos: "Llama la atención la situación del departamento de Chocó, donde se concentró el 44 por ciento de la población afectada".

Encerrados por el miedo

Caraffi relató que hace unos meses visitó un campamento indígena de Chocó donde la comunidad se encontraba confinada, algo que justificaban diciendo que "sabían que había una mina antipersonal en el territorio pero no sabían si había más, así que la gente no se movía".

Las consecuencias de la instalación de estos explosivos no son solo materiales sino altamente psicológicas porque "muchas veces es la voluntad de control de los grupos armados y el miedo de las comunidades a encontrarse en medio de los enfrentamientos" lo que les impide circular.

El CICR reclamó al Gobierno la adopción de acuerdos especiales, con llamados a la acción porque "el buen respeto del DIH coloca condiciones más fértiles para llegar a reconciliaciones y la redacción de acuerdos de paz", según Caraffi.