Las pandillas que controlan gran parte de Puerto Príncipe asaltaron este miércoles la Biblioteca Nacional de Haití, en un nuevo episodio de violencia en el país caribeño que espera el nombramiento de sus autoridades de transición tras la renuncia del primer ministro, Ariel Henry, hace tres semanas.
"Me informaron que los delincuentes se llevaron los muebles de la institución y que destrozaron el generador del edificio", dijo el director general de la biblioteca, Dangelo Néard, a la agencia de noticias AFP. También consideró que este ataque, producido días después del asalto al Palacio Nacional, representa un duro golpe contra el pensamiento haitiano. "Nuestros fondos documentales están en peligro. Tenemos documentos raros de más de 200 años y de importancia patrimonial que corren el riesgo de ser incendiados o dañados por bandidos", alertó.
La violencia de pandillas también afectó en las últimas semanas las Facultades de Ciencias (FDS), Agronomía y Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Haití (UEH), la Escuela Nacional de Artes (Enarts) y la Escuela Normal Superior (ENS), entre otras instituciones educativas públicas y privadas, asaltadas y saqueadas por bandidos armados que tomaron rehenes y agredieron a profesores y alumnos.
El repudio de la UNESCO
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) condenó este miércoles esos actos de vandalismo. "Los saqueos e incendios contra las instituciones educativas del país tienen consecuencias devastadoras para el futuro de la sociedad haitiana, particularmente para las generaciones presentes y futuras, por lo que deben cesar y no se pueden tolerar de ninguna manera", señaló el organismo en un comunicado.
"La educación es un derecho humano fundamental cuyo objetivo es sacar a hombres y mujeres de la pobreza, reducir las desigualdades y garantizar el desarrollo sostenible de la sociedad", recordó. "Este derecho inalienable está consagrado en la Constitución haitiana y en diversos convenios internacionales ratificados por Haití", remarcó la organización, que enumeró algunos de esos tratados, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros.
Los grupos criminales se unieron a finales de febrero para atacar lugares estratégicos de la capital, como sedes del gobierno, el aeropuerto, el puerto, comisarías y cárceles, en contra del primer ministro Ariel Henry, y desde entonces sumieron al país en el caos.
Frente a ellos, la policía nacional se ve desbordada, pero sigue "determinada y comprometida para restablecer el orden y la paz", según indicó en un comunicado publicado el martes por la noche. Esta situación de violencia armada que vive el área metropolitana está empujando a más de 53.000 personas a abandonar Puerto Príncipe, según un informe publicado el mismo día por parte de la Oficina de las Naciones Unidas para las Migraciones (OIM).
La palabra de la OEA
Mientras tanto, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó en una reunión en Washington una resolución que llama a los países de la región a otorgar a las fuerzas de seguridad de Haití "un apoyo inmediato y adecuado para restablecer las condiciones de paz y estabilidad".
La decisión de la organización apuesta por el "desmantelamiento de las bandas criminales y pandillas, y la entrega urgente de ayuda humanitaria, según corresponda". También hace un llamado a los países de la comunidad internacional para que continúen apoyando a Haití en su transición democrática a través de asistencia financiera, conocimientos técnicos y aportaciones a la misión multinacional de seguridad que fue aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Durante la sesión del Consejo Permanente, el representante haitiano, Leon Charles, explicó que "la situación se degradó por completo" en el país caribeño, al tiempo que advirtió de que "si no se actúa de inmediato, la catástrofe será total".
La OEA tomó nota de la decisión de Henry a renunciar a su cargo en cuanto se haya creado el Consejo Presidencial de Transición y se nombre a un nuevo mandatario interino, según lo acordado en la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) de Jamaica del 11 de marzo. Asimismo, instó a dicho consejo a que facilite la "celebración de elecciones legislativas y presidenciales inclusivas, libres, justas y creíbles".
Una transición compleja
El Consejo, sin embargo, no pudo avanzar con la celeridad que demanda la situación, en parte por las discusiones entre sus miembros sobre quién debe presidirlo y por asuntos de tipo jurídico. "El problema (...) es que hemos pasado dos años y medio con Ariel Henry, que no hizo nada, y ahora en dos semanas quieren que hagamos muchas cosas", se defendió el exministro Leslie Voltaire, representante del partido centroizquierda Fanmi Lavalas en el consejo de transición, en una entrevista con AFP.
"Había una cabeza (Henry) que no tenía voluntad política para combatir la inseguridad, la miseria del pueblo y que dejó que la situación se pudriera", declaró el exministro sobre el deterioro de las condiciones de vida en el país centroamericano.
Voltaire culpó asimismo a Caricom de haberse precipitado al exigir los nueve nombres del consejo --siete votantes y dos observadores-- antes de que alcanzaran un acuerdo político entre ellos. "Se empezó la casa por el tejado", criticó. Según él, las nuevas autoridades elegirán un primer ministro de aquí a una semana y, junto a él, nombrarán al gobierno que convocará elecciones en Haití.
