Vivimos en América Latina y si bien hemos avanzado en distintas materias, retrocedido en otras tantas, somos testigos de las enormes brechas en educación, salud y trabajo. La realidad actual nos invita a reflexionar sobre la interconexión profunda entre la justicia social y la salud mental. La declaración de Filadelfia de 1944, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), proyectó una visión de un mundo donde la justicia social es el pilar sobre el que se construye el bienestar material y espiritual de todas las personas, sin distinción de raza, credo o sexo. Esta perspectiva no sólo pone a la libertad, la dignidad, la seguridad económica y la igualdad de oportunidades como los ejes centrales del desarrollo social y económico de los países, sino que es esencial para la salud mental de los individuos y las comunidades.

La justicia social se puede entender en base al desarrollo de cuatro dimensiones esenciales: el respeto a los derechos humanos universales y las capacidades, la igualdad de acceso a las oportunidades, la distribución equitativa de los recursos y las transacciones justas en términos laborales. La visión que se sustenta es de un sujeto, no cosificado, respetado en su dignidad humana, su capacidad de trabajo y de no explotación bajo ninguna perspectiva. Lamentablemente, muchas de estas iniciativas en términos globales son cuestionadas, sentidas por muchos gobiernos como intervencionismo internacional y oscurecidas por un nacionalismo revestido de libertad de mercado.

Sin embargo, su actualidad y vigencia sirven para comprender cómo las desigualdades y las injusticias afectan profundamente la mente humana. Hay grandes discursos profesionales que ponen el énfasis en la capacidad de emprendimiento y resiliencia de los sujetos para llegar al éxito. Estos se basarían en la ambición personal para construir su propio destino en base a la libertad que la sociedad garantiza. De todas maneras, la realidad muestra que la capacidad de elegir no se distribuye de manera equitativa en la sociedad, y vemos cómo la injusticia social contribuye a la carga de enfermedades mentales. La depresión y la ansiedad que reinan en nuestros países no son sólo el reflejo de complejidades sobre el sentido de la vida, sino también de la existencia que alejan la posibilidad de tener un bienestar psicológico más estable en la población.

¿Por qué se habla de la necesidad de garantizar los derechos humanos? Su reconocimiento universal es una lucha que todavía se justifica en cómo la estigmatización y discriminación que enfrentan muchos individuos en base a su raza, género, orientación sexual o situación socioeconómica los vulneran, generando estrés crónico, ansiedad y depresión. Estos puntos son fundamentales para la salud mental y ya no pasan solamente por las capacidades personales de las personas. La promoción y construcción de ambientes donde prevalezcan el respeto y la dignidad puede mitigar estos efectos negativos y fomentar una sociedad más resiliente.

La justicia social se basa en la igualdad de acceso y oportunidades de empleo. La seguridad económica, derivada de un empleo digno y equitativo, es un pilar para la salud mental. La incertidumbre laboral y las condiciones de trabajo precarias exacerban los trastornos de ansiedad y depresión. Un empleo que garantice condiciones justas y seguras, así como igualdad de oportunidades para todos, puede ser un gran aliado en la promoción de la salud mental, ofreciendo a las personas un sentido de propósito y pertenencia. En este sentido, la historia muestra cómo ha sido necesario trabajar para que existan las condiciones básicas de protección laboral, que evadan la precarización y sean el vehículo del sentimiento de propiedad vital.

Por otro lado, es evidente cómo la distribución equitativa tiene una relación con la estabilidad mental. En nuestros países, las brechas entre ricos y pobres se hacen cada vez más profundas. La distribución de recursos y beneficios económicos impacta directamente en el bienestar psicológico de la población. La pobreza extrema y la desigualdad económica son factores estresantes significativos. La limitación al acceso a servicios de salud mental genera una pronunciada vulnerabilidad a trastornos psicológicos. Abogar por una distribución más justa de la riqueza puede ayudar a aliviar estas presiones, permitiendo que más personas accedan a oportunidades para su desarrollo personal y comunitario.

Garantizar transiciones laborales justas, libres y dignas todavía es un horizonte que aparece lejano. El desarrollo económico, basado en la macroeconomía y sus vicisitudes, invisibiliza cómo los cambios económicos, tecnológicos y ambientales son cruciales para la salud mental. Las comunidades que enfrentan estas transiciones sin el apoyo adecuado pueden experimentar un aumento en la ansiedad colectiva y la incertidumbre sobre el futuro. El aseguramiento de que estas transiciones se manejen de manera justa y equitativa puede promover la capacidad de cambio, elementos clave para la salud mental comunitaria.

La reciente pandemia de covid-19 ha subrayado la infravaloración de los trabajadores esenciales, el cambio de los tradicionales ambientes laborales y el impacto del trabajo remoto. Muchos de los escenarios conocidos se han modificado, lo que generó nuevas posibilidades e incertidumbre. Hoy ha quedado la pandemia invisible de salud mental, que afecta a buena parte de la población, con efectos duraderos que diezman la capacidad laboral y de desarrollo de nuestras sociedades.

Por lo tanto, promover la justicia social implica también abogar por la salud mental. Para construir sociedades más justas y equitativas, es necesario integrar políticas que tengan en cuenta esta íntima relación. Esto incluye garantizar el acceso universal a servicios de salud mental de calidad, promover condiciones laborales dignas y abordar las desigualdades estructurales que perpetúan la discriminación y la exclusión. Hace cien años en nuestros países se luchaba para superar la mortalidad infantil y la desnutrición. Hoy la pelea es que, si bien las personas sobreviven, muchas de ellas lo hacen en condiciones vitales que los vulneran crónicamente. La intersección entre justicia social y salud mental es un recordatorio poderoso de que el bienestar de nuestra sociedad está intrínsecamente ligado dimensiones sociológicas, económicas y políticas que recubren a los sujetos con sus deseos, anhelos y proyectos.

Mariano Ruperthuz Honorato es psicoanalista e historiador. Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires (APdeBA).