La imagen es impensada, repudiable, planeada para provocar: integrantes de la Policía Federal, armados y con escudos, irrumpiendo en la ex Esma, formando cordones contra las y los trabajadores, mostrándose en el ingreso del espacio de memoria. Se enmarca en la escena general que el gobierno plantó ayer en todas las áreas del Estado, con despidos a los que sumó el show policial en la puerta e incluso en el interior de las dependencias, junto a las "listas negras" con los nombres de las personas que pasaban a ser despedidas (ver página 3). Pero en este lugar, y en este momento, resultó toda una declaración en sí misma: las fuerzas de seguridad llegaban por primera vez a este lugar desde que es un espacio de memoria, y el más emblemático. Mientras varios trabajadores se enteraban, en ese momento y al intentar entrar o loguearse a sus computadoras, que habían sido despedidos. Una escena "dramática, angustiante y perversa" que, coinciden los trabajadores, no hubieran imaginado, y que se repitió en escenarios con menos carga simbólica de la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia, del cual depende. No es la primera señal de alarma que los organismos y los trabajadores de la secretaría de Derechos Humanos denuncian en la ex Esma. La semana pasada, en medio de un ruidazo a modo de protesta por los despidos ya iniciados, uno de los custodios que lleva el secretario Alberto Baños amagó con desenfundar su arma en la ex Esma. 

Hubo otras señales, previas, una suerte de escalada del terror: los policías que desde la pandemia custodian el predio, pero que lo hacían sin vestimenta de las fuerzas, y desarmados, con la nueva gestión recibieron órdenes de calzar primero uniformes, y luego armas. La escena se agrava y se vuelve urgente: "seguimos gestionando nuestro trabajo porque lo amamos y lo defendemos. Pero desde que llegó esta gestión no nos bajan una línea de política pública. Somos nosotros los que pedimos reuniones y pensamos formas de seguir avanzando. Lo que hacemos no se puede poner en pausa", reclaman los trabajadores. Eso que hacen va desde los juicios de lesa humanidad y las querellas que encara la secretaría, el acompañamiento a las víctimas de violaciones de derechos humanos, el sostenimiento de los espacios de memoria en todo el país, hasta otras áreas de Justicia como la línea 137 de asistencia a víctimas de violencia familiar y sexual, o los centros de acceso a la justicia. 

Desde muy temprano, unos diez policías de la Federal, a los que se sumaron otros de civil, se hicieron ver en la sede de la Secretaría de Derechos Humanos, en la ex Esma. Sobre las diez de la mañana la presencia policial se extendió a la entrada peatonal del espacio de memoria, por avenida del Libertador 8151. Enterados de los despidos del día (unos 13, que se suman a 12 despedidos previamente, algunos de los cuales fueron luego reincorporados), los trabajadores organizaron un ruidazo en la secretaría. Fue entonces cuando las filas de policías llegaron desde el subsuelo para hacerse ver, amenazantes, en las escaleras del edificio. En el primer piso se encontraba el secretario Baños, quien no aceptó hablar con los delegados. "¿A qué vinieron, a asustarnos, a cuidar al secretario de nosotros? No somos delincuentes, los delincuentes fueron los que cometieron crímenes en este mismo lugar, que también vestían uniformes", recordaron entre los presentes.  

Paula Donadio, delegada de ATE, no puede evitar unir lo que vivieron ayer con lo que ocurrió exactamente una semana atrás, el miércoles anterior: "Son dos jornadas de lucha en las que se nos niega todo diálogo, y se exhibe la violencia, el amedrentamiento, las armas de fuego, primero del custodio, ahora de la policía. Mientras tanto gente que tenía veinte años acá, trabajadores ejemplares de administración, de recursos humanos, llorando porque se acababan de enterar que estaban despedidos. Es violencia sobre la violencia", denuncia. Derechos Humanos tenía hasta febrero 950 trabajadores, eso incluye los espacios de memoria de todo el país, los equipos de abogados, de recepción de denuncias y consultas, el ex Programa Verdad y Justicia, el centro de asistencia a víctimas Ulloa, el Archivo Nacional de la Memoria, la Dirección Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, el Centro Cultural Haroldo Conti, entre muchas otras áreas. "Acá no sobra gente, acá falta porque falta mucho por hacer", resaltan los trabajadores. 

La sede de Sarmiento 329 del ministerio de Justicia también amaneció ayer con la persiana baja, la policía custodiando y una sola puerta apenas abierta, por la que pasaban sólo quienes no figuraban en un flamante listado de despedidos. Lo mismo en la sede del ex edificio Tandanor, en avenida España. "Todo muy angustiante, muy violento, denigrante", califica en diálogo con Página/12 Paola Pedroncini, secretaria general de ATE Justicia y Derechos Humanos. En la sede del Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación), que también pertenece a Justicia, la policía irrumpió de forma muy violenta para evitar que los trabajadores ingresaran a una asamblea. 

Anoche, cuando los últimos trabajadores se fueron, la policía seguía en las sedes. Para mañana anunciaron una gran asamblea en la sede de Sarmiento. No saben qué ocurrirá hasta entonces.