El Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta condenó a Rosse Mary Aguilar García a 10 años de prisión por el delito de "trata de personas, agravada por la vulnerabilidad, la cantidad y la minoridad de las víctimas y por el número de imputados intervinientes, bajo la modalidad de captación y traslado".

La sentencia fue dictada el pasado 25 de marzo por la jueza Gabriela Catalano, quien también dispuso una indemnización de 2.628.816 pesos para cada una de las tres víctimas del caso, tal como lo reclamó el titular de la Defensoría Pública de Víctimas, Nicolás Escandar. El cumplimiento de esta medida quedará a cargo del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas.

La condena a Aguilar García es la tercera relacionada con esta causa. Se suma a la de su pareja, Braulio Armella Mamani, que el 29 de diciembre pasado fue condenado a cinco años de prisión por el mismo delito en el marco de un acuerdo de juicio abreviado homologado por el juez federal de Garantías Julio Bavio. Previamente, el 4 agosto de 2023, la misma jueza Catalano había impuesto una pena de 10 años de prisión a la hija de ambos, Karla Yoselín Mamani Aguilar. 

La fiscal subrogante Paula Gallo y la auxiliar fiscal Vanina Pedrana representaron al Ministerio Público Fiscal en todos los casos. La actuación de la fiscalía en este caso se inició el 27 de febrero del año pasado a partir del control realizado a un colectivo de larga distancia en el puesto El Naranjo, en el departamento Rosario de la Frontera, en el sur de la provincia.

En esa oportunidad, personal de Gendarmería Nacional detectó que Mamani Aguilar no tenía ningún documento que acreditara su identidad. La mujer solo dijo que era oriunda de Bolivia y alegó que iba a Buenos Aires. Otra pasajera, de 17 años, indicó que la acusada era su tía y que viajaban juntas.

Lo mismo sucedió con otras dos adolescentes de 16 años, quienes manifestaron lo mismo y explicaron que iban a visitar a sus familiares, aunque ninguna de las tres menores de edad tenía la autorización de sus padres ni tampoco las tarjetas migratorias.

La fuerza de seguridad dio intervención a la fiscalía, que llevó adelante una investigación en la que se imputó a Mamani Aguilar y se brindó asistencia integral a las tres adolescentes, incluso con los trámites para su retorno a Bolivia.

La fiscalía estableció que Mamani Aguilar adquirió los cuatro pasajes y que, al momento de la compra, sostuvo que una de las adolescentes era su cuñada y que las otras dos eran sobrinas. Determinó además que tres días antes había viajado por la misma de Buenos Aires a la localidad de Aguas Blancas, en el departamento Orán y que limita con el Estado Plurinacional de Bolivia. 

En el debate la fiscal expuso que Aguilar García fue la encargada de captar a las tres adolescentes, quienes trabajaban en una mina en Potosí bajo un extremo grado de vulnerabilidad. Gallo sostuvo que aprovechándose de esta situación, y con la complicidad de Armella Mamani, que cumplió el rol de traslado, sacaron a las adolescentes de ese ámbito ofreciéndoles trabajar en un taller texti en Buenos Aires, con un jornal de 15 horas ininterrumpidas, de lunes a sábado, por el pago de 75 mil pesos semanales, más alojamiento y comida.

Dado que las tres chicas no tenían contacto con sus padres y madres, Aguilar García y Armella Mamani las trasladaron en un vehículo hasta la localidad de Tarija, en Bolivia. Desde allí, la hija de la pareja se encargó del paso de las adolescentes por un paso ilegal, a través del río Bermejo.

Mientras tanto Armella Mamani cruzó en un vehículo particular por un paso habilitado y luego siguió, a modo de apoyo, dijo la fiscalía, la travesía que hacía en el micro su hija con las chicas, hasta que fue detenida en el control de El Naranjo.

En ese momento Aguilar García y Armella Mamani escaparon, entonces el juez Bavio ordenó su captura nacional e internacional. El hombre fue detenido el 22 de septiembre en un procedimiento realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Buenos Aires, en una terminal de transferencia de carga ubicada en el barrio porteño de Villa Soldati.

En tanto, Aguilar García se entregó el 27 de noviembre ante la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en el partido bonaerense de Ezeiza. 

La fiscalía había llegado a un acuerdo con la defensa de Aguilar García, a partir del cual la responsabilidad penal quedó firme y el debate se hizo solamente para determinación de la pena.

La insistencia para captar

En declaraciones por circuito cerrado de televisión, las adolescentes afirmaron que fueron buscadas por la acusada y su esposo. Explicaron que Aguilar García las “persiguió” y les insistió para que accedieran a trabajar en el taller textil, que aducía que era de su propiedad y del cual incluso le mostró imágenes a través del teléfono celular.

Al analizar la oferta laboral realizada a las víctimas, la fiscal recordó que la ley N°20.744, de Contrato de Trabajo, establece 48 horas a la semana, mientras que el ofrecimiento de la acusada era de 90. Con ello, consideró que quedó reflejado el fin de explotación laboral.

La fiscalía solicitó para Aguilar García la misma que había sido aplicada a su hija, de 10 años de prisión, pero bajo la modalidad de cumplimiento domiciliario, ya que la mujer tiene a su cargo el cuidado de dos hijos menores de edad y es su única responsable, dado que su pareja cumple en prisión en efectiva la pena de 5 años por el mismo delito.

El planteo fiscal no fue discutido por la defensa y fue aceptado por Aguilar García. La jueza coincidió con la fiscalía y otorgó a las tres víctimas la indemnización requerida por el defensor de víctimas. También concedió el decomiso a favor del Estado Nacional de un automóvil, de poco más de 20 mil pesos y alrededor de 23 bultos, con prendas de vestir y maquinaria textil, que habían sido secuestrados en un inmueble de Villa Celina, en la provincia de Buenos Aires.