Armas largas, escudos y la presencia de la Policía Federal componen la instantánea de lo que pasó ayer en la sede salteña del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), cuando la veintena de trabajadores de esa dependencia fue impedida de reingresar a sus lugares de trabajo en las oficinas de la avenida de Batalla del Bicentenario al 300, en la ciudad de Salta.
El ingreso a los lugares de trabajo, enmarcado en una jornada nacional de lucha de ATE, se decidió ante el anuncio del gobierno nacional del cierre del organismo que regula el mercado de las telecomunicaciones en el país. La decisión fue vinculada con el ingreso al país de la empresa Starlink (entre otras), cuya licencia fue otorgada por la futura desaparecida ENACOM, ya en la gestión de Javier Milei.
“No hay ninguna orden legal” para el operativo policial, dijo el secretario de Convenios Colectivos de ATE, Esteban Cabrini, quien acompañó a los trabajadores durante la mañana ante la arremetida policial.
Fuentes de la Fiscalía y la Justicia Federal de Salta, en tanto, afirmaron que no existía intervención alguna por parte de este poder. “El oficial a cargo del operativo dijo que recibió la orden vía telefónica el fin de semana. Recién hoy se oficializó la decisión del cierre”, afirmó Cabrini, quien además es abogado.
Durante la tarde comenzaron a llegar las cartas documento de desvinculación a los domicilios de los trabajadores. Así lo indicó a Salta/12 Federico Banegas, uno de los 15 técnicos del ENACOM en Salta. Hasta el miércoles, antes del fin de semana extra largo, solo se había anunciado el cierre de la entidad.
“Más allá del dolor que tenemos nosotros, el cierre de las 27 delegaciones implica dejar a todo el país en manos de la desregulación del mercado”, sostuvo Banegas, quien recordó que este organismo es el que garantiza servicios de calidad, e incluso el que hasta ahora permitió extender la conectividad al interior más profundo del país.
En la sede del Centro de Referencia (CDR), del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (absorbido por el mega ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovello), ubicado en el macrocentro salteño, solo hubo custodia de dos policías federales, lo cual permitió a los trabajadores atender a las personas que se acercaron a las oficinas.
También se pudo conocer que en el SENASA una persona despedida pudo ingresar a trabajar, aunque bajo la custodia de policías que también fueron enviados a ese organismo.
En el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), que en Salta funciona en dependencias de la Estación Experimental del INTA, trabajadores y trabajadoras reingresaron sin más novedad que la asunción de Inés Liendo como interventora nacional del organismo. La abogada, adherida desde siempre al macrismo y que quiso ingresar de lleno a la política salteña (como precandidata a un cargo nacional) sin demasiada suerte, tampoco se comunicó con los trabajadores.
Hasta ayer se esperaba conocer con claridad los pasos administrativos del gobierno nacional. Es que sin notificación oficial, los trabajadores no pueden defender sus puestos laborales o responder legalmente a los presuntos despidos.
