La renuncia de Alejandra Gils Carbó es resultado de un proceso de asfixia que el gobierno desplegó en su contra aún desde antes que Mauricio Macri asumiera la presidencia, en el que fue estableciendo alianzas primero con el Poder Judicial y luego con el peronismo y parte de la oposición en el Congreso. El objetivo del Gobierno fue siempre claro: quedarse con el dominio de la Procuración General, que encabeza la estructura del Ministerio Público Fiscal, o sea, todas las fiscalías nacionales, que concentran el poder de investigación penal y, en otros fueros, la posibilidad de orientar políticas en asuntos vitales como los que atañen a los derechos de los jubilados, los trabajadores o la definición de la responsabilidad del Estado.

Primero le pidieron que renunciara a través del Ministerio de Justicia, luego lo hicieron por los medios, después comenzaron a presionarla con causas judiciales y le recortaron presupuesto. En Comodoro Py, con un anónimo, la acusaron de una defraudación en la compra del edificio del a Procuración y fue procesada en un fallo que no explica en qué se perjudicó al Estado; en el fuero contencioso administrativo, la ONG oficialista Será Justicia y el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo, justo antes de las elecciones legislativas, lograron la declaración de inconstitucionalidad del mecanismo de juicio político como vía de remoción del procurador, lo que allanó el camino a la expulsión por decreto o a una ley que reforme el modo de designación y acusación. Esto último es lo que el gobierno anunció la semana pasada que incluiría en su paquete de reformas: un procedimiento para que la mayoría simple acuse de oficio al procurador. Hasta ahí llegó la resistencia de la jefa de los fiscales. 

Gils Carbó presentó su renuncia a partir del 31 de diciembre. En el texto que entregó al Poder Ejecutivo dijo que espera que su decisión “disuada reformas” que “rompan el equilibrio que debe regir el sistema de administración de justicia”, en alusión al proyecto de reforma de la Ley de Ministerio Público que se encuentra en danza, que además de facilitar las mayorías para designar o echar al procurador, establecería un mandato acotado en el tiempo (de cinco años). “A esta altura de los acontecimientos estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal", dice la carta de Gils Carbó. Al recibirla, el ministro de justicia Germán Garavano sostuvo: “Valoramos que la Procuradora dé un paso al costado para que en definitiva, y con acuerdos políticos mediante, se pueda avanzar en esta línea de fortalecer el Ministerio Público para profundizar la reforma del sistema de Justicia penal”. El jefe de gabinete, Marcos Peña, también dijo “celebrar” el paso al costado.

La Procuradora tomó la decisión de renunciar durante el fin de semana, después de madurarla con su equipo más cercano. Hubo dos factores que la llevaron en esa dirección: el primero fue el fallo del juez en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials que declaró inconstitucional el mecanismo de juicio político como forma de remoción del Procurador o Procuradora, que está previsto en la ley de  Ministerio Público y que les reconoce el mismo estatus que a un juez de la Corte Suprema (inmunidad y un cargo vitalicio). El otro factor fue la certeza de que el peronismo ya estaba dispuesto  a votar una reforma que instale una nueva modalidad de expulsión que sustituya al juicio político con menos requisitos y mayoría simple.  

La causa que resolvió Cayssials la impulsó Será Justicia, una organización integrada por funcionarios y allegados al Gobierno, y el Colegio de abogados que avaló históricamente los golpes de Estado y que Macri ha utilizado para pronunciar discursos sobre cuestiones judiciales (como decir que si los jueces no actúan de acuerdo a sus expectativas “buscaremos otros”). En la sentencia el juez respaldaba explícitamente la expulsión del jefe de los fiscales por decreto o bien la modificación de la ley de Ministerio Público para habilitar una modalidad de remoción en el Congreso con un planteo de oficio y simple mayoría. Todo hacía suponer, además, que la Cámara iba a convalidar ese fallo. El ministro Garavano decía al hablar públicamente que no habría decreto sino reforma de la ley, pero en la demanda defendía exclusión por decreto. La reforma tiene dictamen de comisión y el peronismo había mostrado predisposición a votarla. En consonancia, la semana pasada desde ese bloque que comanda Miguel Pichetto, se esfumaron todas las señales de apoyo a Gils Carbó.

El proyecto de reforma de la ley de Ministerio Público había sido uno de los primeros ensayos del oficialismo para que la procuradora renunciara, cuando tenían la certeza de que no sumaban votos para un juicio político. Pero el proyecto inicial, presentado el año pasado, fue cuestionado por Elisa Carrió, lo que determinó su naufragio. Uno de los ejes era que daba intervención a la Comisión Bicameral hasta en la designación de fiscales, lo que implicaba una injerencia política grosera en un órgano que según la Constitución debe gozar de autonomía. A lo que se sumaba la creación de un consejo alrededor del procurador/a con la intervención del Poder Ejecutivo. Después de aquel papelón, el proyecto fue reformulado y el Gobierno mandó el que ya tiene dictamen y que la semana pasada era anunciado como parte del paquete de reformas. Sin embargo, el Presidente Macri no lo incluyó en su discurso en el Centro Cultural Kirchner.

Mientras Gils Carbó decía que no tenía por qué dejar su cargo, que la ley define como vitalicio, el Gobierno le dobló la apuesta de todos los modos posibles.  En paralelo a la causa en el fuero contencioso, aunque desde unos meses antes, tramitó en Comodoro Py una denuncia que se inició con un anónimo sobre la adquisición del edificio de Perón 667 donde funciona la Procuración en la actualidad. La presentación inicial apuntaba al ex marido de Gils Carbó, cuando quedó claro que no tenía relación con esa operación, la pesquisa se encaminó hacia otro lado y surgió que el intermediario para la adquisición del edificio había sido el medio hermano del secretario que se ocupaba de las  compras en la Procuración, Guillermo Bellingi. El juez Julián Ercolini se basó una comisión pagada al intermediario y la inmobiliaria por parte de la empresa Arfinsa, dueña del edificio vendido, pero procesó a Gils Carbó por fraude al Estado, aunque su fallo no muestra cómo se defrauda a las arcas públicas con un acuerdo entre privados. Aun así, un procesamiento en una causa penal era lo que el Gobierno reclamaba a los gritos para redoblar la presión y sugerir que con eso sí el peronismo aceptaría el juicio político. Lo cierto es que logró dejar abiertos todos los caminos: reforma de la ley, decreto, expulsión de oficio, cualquier opción aparecía como posible hacia el final de la semana pasada.

Durante su gestión Gils Carbó no sólo generó estructuras especializadas (narcocriminalidad, violencia institucional, lavado de dinero, violencia de género, derechos humanos, seguridad social, delitos informáticos, entre otras) con políticas específicas y novedosas sino que, además, alentó y participó en el diseño de un Código Procesal acusatorio que se aprobó en 2015 en el Congreso pero el Gobierno nunca quiso poner en marcha mientras ella fuera la cabeza del Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué? Porque es una reforma que les da un gran protagonismo a los fiscales como investigadores y desdibuja a los jueces, en los que el macrismo eligió recostarse (porque tenía respuestas funcionales) para desarrollar la campaña de de criminalización con la que apostó a la corrosión de sus adversarios políticos.  Es más que obvio que el oficialismo quiere a alguien de su confianza en ese lugar, que le da una vía no sólo para investigar opositores sino para proteger a los propios.