Era un secreto a voces. O no tan secreto. La relación entre las empresas farmacéuticas, proveedores de insumos sanitarios y médicos siempre estuvo teñida de un manto de sospecha. Viajes, congresos, regalos suntuosos o directamente pagos en efectivo son las vías que muchas veces emplean las compañías para que el profesional “aconseje” la ingesta de tal o cual medicamento por sobre otra marca.Esta práctica fue objeto de un proyecto impulsado por la legisladora y ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, y aprobada por la Legislatura porteña, que busca darle vía libre a las dádivas a cambio de su publicidad sin prever ninguna sanción.

Así, la ley establece que "los fabricantes, importadores y distribuidores de productos médicos, biológicos y farmacéuticos que otorguen bienes, servicios, beneficios o premios a los médicos" de la Ciudad, deberán informarlo al Ministerio de Salud.

En su artículo 2, se enumeran las modalidades habitualmente empleadas por las empresas cuyos beneficiarios son los médicos: “Pagos en efectivo, pagos por honorarios profesionales, pagos destinados a solventar cualquier actividad de formación profesional, pagos destinados a solventar gastos de viajes, entrega de valores, pasajes, regalos, hospedajes, gastos de representación, comidas o cualquier otro bien susceptible de valoración económica".

En la fundamentación del proyecto, Ocaña –y sus compañeros del bloque Confianza Pública, Diego García de García Vilas y Marcelo Depierro- asegura que se trata de “prácticas espurias” y que, mediante esta ley, los pacientes podrán “conocer si el médico prescriptor obra por voluntad propia, o posee algún interés o ventaja en recetar o prescribir algún medicamento o práctica médica en particular”.  

Para el sindicato de visitadores médicos, en cambio, la Legislatura “blanqueó las prácticas corruptas de la industria farmacéutica”. “Con la excusa de que ya existen estas acciones, en lugar de tomar decisiones drásticas para su prohibición, las blanquearon”, expresó su el secretario general de la Asociación Agentes de Propaganda Médica (AAPM), Ricardo Peidro.

A partir de ahora, las empresas deberán informar –cuestión que los visitadores médicos ponen en duda que se cumpla-- al Ministerio de Salud el nombre y especialidad del médico, en qué consiste el beneficio, y la fecha en la que se otorgó y a través de qué medio --transferencia, aporte o regalo--. Sin embargo, no se contempla ninguna sanción para quienes no cumplan este requisito.

Según declaró García de García Vilas a la agencia Télam, “lo que queremos es que a partir de ahora (el paciente) tenga acceso a la página del Ministerio, que debe estar actualizada y dar la información correspondiente, consulte cómo trabaja su médico y decida si quiere recibir los medicamentos o tratamientos que le receta”. 

Otro de los argumentos de la bancada de Ocaña está basado en que habrá una “reducción de costos”. Así lo explicó García de García de Vilas: "A veces se indican tratamientos costosos por el incentivo que los profesionales reciben de los laboratorios, por lo que al haber un control sobre lo que se receta se estará cuidando en definitiva lo que se gasta en salud, porque cuando se malgasta en un paciente necesariamente se le restringen derechos a otro”.