El juez federal Julián Ercolini ordenó más de 20 allanamientos a empresarios vinculados a las presuntas irregularidades en la asignación de seguros ocurridas durante la gestión del expresidente Alberto Fernández, sobre quien pesan dos imputaciones por el momento. Fueron allanados domicilios y oficinas de los dueños de las empresas San Ignacio, TG Broker y Bachellier, entre otras.
Según trascendió, los procedimientos llevados adelante por la Policía Federal apuntaron a la maniobra que habría tenido lugar en la Anses con la contratación de Nación Seguros. El juez ordenó el secuestro de documentación sobre los contratos, y también de notebooks, CPUs, celulares, tablets y otros dispositivos electrónicos.
Dos de las tres firmas allanadas, San Ignacio y TG Broker, aparecen en una nota escrita a Nación Seguros para contratar el aseguramiento de los créditos destinados a jubilados. Dicha misiva fue enviada por Federico D'Angelo Campos, exdirector general de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, quien por ese motivo fue imputado en la causa.
La tercera empresa involucrada, Bachellier, acusada de recibir más de 1600 millones de pesos en comisiones, está vinculada al broker Héctor Martínez Sosa, cuyo domicilio había sido allanado el mes pasado por parte de la Policía Federal, por orden del juez Ercolini. Sosa es amigo de Alberto Fernández y marido de quien fuera la secretaria privada presidencial durante la gestión anterior, María Cantero.
Junto con Fernández, Martínez Sosa y D'Angelo Campos, también están imputados el broker Pablo Torres García y el titular de Nación Seguros durante la gestión anterior, Alberto Pagliano, cuyo domicilio también había ordenado allanar Ercolini a comienzos de marzo.
Ercolini actualmente tiene dos causas vinculadas a las presuntas irregularidades en la asignación de seguros durante la presidencia de Alberto Fernández. La primera es la que se inició con una denuncia de la abogada mediática Silvina Martínez, realizada contra el expresidente a fines de febrero, por "violación a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos", a la cual se anexó una presentación de los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto.
La segunda causa comenzó a principios de marzo por una denuncia realizada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en conjunto con el titular de Anses, Mariano de los Heros, y el director de Nación Seguros, Alfonso José Torres. Los cargos son por fraude ante la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Si bien está imputado en ambas causas, el expresidente Alberto Fernández aún no decidió qué estrategia judicial llevará adelante para defenderse de las acusaciones que salpican su gestión.
