Los representantes Unilever ratificaron ayer en una audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo que no darán marcha atrás con los 65 despidos en la planta de Villa Gobernador Gálvez. Por tal motivo, se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 13 de noviembre, día que vence la conciliación obligatoria dictada por la cartera laboral, que además propuso conformar una comisión integrada por funcionarios, legisladores, representantes del municipio de Villa Gobernador Gálvez y gremios para gestionar ante el gobierno nacional una salida al conflicto. El secretario general del sindicato de Jaboneros, Matías Rodríguez, denunció que la empresa está importando los productos que se fabrican en la planta y que se llevaron el stock a otros lugares y advirtió sobre nuevos despidos y un posible cierre de la fábrica.  

Desde temprano, varios gremios locales acompañaron en el reclamo a los trabajadores de Unilever, en la esquina de Ovidio Lagos y San Lorenzo. Dirigentes y afiliados de La Bancaria, Luz y Fuerza, UOM, Telefónicos, Empleados de Comercio, cortaron el tránsito mientras se desarrollaba la audiencia. "¿Los 65 despidos en Unilever serán el inicio de la precarización laboral?", se podía leer en uno de los carteles que sostenían los trabajadores.

La remodelada sala de audiencias de la cartera laboral quedó chica ante la presencia de funcionarios, representantes de la empresa, abogados y trabajadores de Unilever. El secretario de Trabajo, Leonardo Panozzo, presidió la reunión, acompañado por los directores Mario Gaggioli y María Bellucia. También participaron del encuentro el senador provincial, Miguel Cappiello, el diputado provincial, Carlos del Frade, y el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, Esteban Lenci. En un ambiente tenso, el gerente de Recursos Humanos de Unilever, Rafael Wulfsohn, ratificó la decisión de la empresa de despedir a 65 trabajadores para poder avanzar en un proceso de reestructuración y afirmó que no habría más despidos en la planta de Villa Gobernador Gálvez, la única de las siete que posee la multinacional en el país en la que se anunciaron cesantías, un día después de las elecciones y sin haber presentado un procedimiento de crisis.

Desde el gremio denunciaron que entre los despedidos hay varias personas que tienen licencia por enfermedad, y se refirieron al caso de Sebastián Segovia, uno de los trabajadores cesanteados que está desesperado porque una hija de cuatro años está en pleno tratamiento oncológico. Además, acusaron a la empresa, que fabrica los jabones de las marcas Dove, Lux y Rexona, por haber enviado una carta "intimidatoria" al resto de los operarios confirmando su decisión de avanzar con las desvinculaciones y advirtiendo que los próximos días "se vivirán momentos de tensión".

El abogado de los trabajadores, Carlos Zamboni, dijo que a la empresa "no se le cruza por la cabeza reveer ningún despido". Para el letrado, "lo que vinieron a hacer sus representantes es cumplir una orden que habrán tomado en alguna oficina de Puerto Madero o fuera del país. No sabemos cuál será el futuro de la planta, sabemos que están importando jabones de esta empresa de Brasil, y que tarde o temprano va a cerrar sus puertas".

El abogado se quejó porque hasta hace unos días habían mantenido reuniones con la empresa por otras cuestiones y nunca manifestaron la posibilidad de que haya despidos. "Es más, cinco días antes de que se comuniquen los despidos, hubo una reunión en el Ministerio donde se discutieron cuestiones menores y ahí dijeron que no iban a despedir. Esto no es una casualidad, que en Villa Gobernador Gálvez, al lado de las mayores exportadoras del país, una empresa multinacional plante un conflicto de un día al otro, a horas de haber sido votado el gobierno de Cambiemos", agregó.

El senador Cappiello consideró que el de Unilver es un conflicto que está relacionado con "una política nacional que permite importaciones libremente, están hablando de una reestructuración pero no dicen cómo será, mientras tanto están echando a la gente sin causa que lo justifique". El legislador planteó, ante el pedido del Ministerio de Trabajo de conformar una comisión para gestionar ante el gobierno nacional, que el camino a seguir es "dar la pelea para que en conjunto podamos buscar una solución". El diputado Del Frade, autor de un proyecto para embargarles las cuentas a las multinacionales cuando despiden sin haber presentado un procedimiento de crisis, indicó que la empresa "desconoce la entidad del gobierno de Santa Fe, evidentemente se sienten respaldados por el gobierno nacional".