Desde que Carlos Pirovano fue designado como presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) a través del decreto 202/2024 publicado el 29 de febrero, varios medios de comunicación difundieron los acostumbrados datos sobre su trayectoria académica y profesional para definir el perfil del nuevo funcionario que opera bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano (a cargo de Sandra Pettovello) y la Secretaría de Cultura (al mando de Leonardo Cifelli). Se dijo que es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), que es especialista en microeconomía, finanzas y planeamiento estratégico, y que forma parte de Apertura Republicana, una corriente liberal del PRO que en las últimas elecciones apoyó a la candidata Patricia Bullrich.
También se informó que fue uno de los fundadores de la Juventud de la UCeDé, que entre 2007 y 2015 se desempeñó como subsecretario de Inversiones en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), que fue vicepresidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y que trabajó junto a Francisco Cabrera en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri. Pero lo que no se mencionó es el lazo que lo une a uno de los episodios más oscuros de la gestión macrista en CABA: el incendio intencional del depósito de Iron Mountain en el barrio de Barracas ocurrido el 5 de febrero de 2014, en el que murieron ocho personas: Leonardo Day, Anahí Garnica, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Maximiliano Martínez y Juan Matías Monticelli (bomberos de la Policía Federal), Sebastián Campos y Facundo Ambrosi (bomberos voluntarios) y Pedro Barícola y José Luis Méndez (rescatistas de Defensa Civil del GCBA).
Macri llegó a la Jefatura de Gobierno luego de la tragedia de República Cromañón, ocurrida el 30 de diciembre de 2004, en la que perdieron la vida 194 personas en un local bailable. Durante los dos períodos de su gobierno (2007-2015) y los de Horacio Rodríguez Larreta (2015-2023) se registraron hechos similares que podrían haberse evitado con un control eficiente del Estado a la hora de habilitar instalaciones, supervisar su funcionamiento e imponer sanciones para prevenir este tipo de siniestros. Dos casos ilustran con claridad una matriz de gestión pública con ausencia de control estatal, deficiencias, irregularidades, negligencia e incumplimiento: el incendio de Iron Mountain en 2014 y las muertes en la fiesta Time Warp de Costa Salguero en 2016.
El 10 de diciembre de 2015 Macri abandonó la Jefatura de Gobierno para ocupar la Presidencia de la Nación y se llevó consigo a varios funcionarios que estaban implicados en la habilitación, el control y los beneficios impositivos otorgados a empresas como Iron Mountain. Uno de ellos fue Francisco Cabrera, quien se había desempeñado como ministro de Desarrollo Económico porteño y en 2015 pasó a ser Ministro de Producción de la Nación. ¿Cuál fue su rol en CABA? Él estaba a cargo de los inspectores que denunciaron las irregularidades detectadas en la habilitación de la empresa (un documento que jamás fue hallado) y tenía la potestad de clausurar los galpones de Barracas que no cumplían con los requisitos necesarios, pero esos informes nunca fueron considerados. De su estructura dependía la Dirección General de Protección del Trabajo y la Subsecretaría de Inversiones, en ese entonces liderada por Carlos Pirovano.
¿Cuál es el lazo del actual Presidente del Incaa con el siniestro de Iron Mountain? En esos años él fue uno de los principales impulsores del denominado Distrito Tecnológico (DT), un área geográfica creada en 2008 donde el Estado promovía la radicación de empresas de tecnologías de información y comunicación (TIC), software y profesionales de alto valor agregado a partir de la exención de impuestos y gravámenes. Iron Mountain fue una de ellas y, aunque estrictamente no se dedicaba a desarrollos tecnológicos sino al almacenamiento de documentación impresa, la Subsecretaría de Inversiones a cargo de Pirovano determinó su incorporación al Registro de Empresas Tecnológicas: nunca estuvo claro si efectivamente el 65% de su facturación provenía de actividades TIC, pero gracias a eso pudo formar parte del DT y fue eximida del pago de $4.842.030,23 por Ingresos Brutos y ABL ($440.668,46).
El otro dato llamativo es que Cabrera y Pirovano trabajaron en el HSBC, uno de los bancos sobre los que pesan fuertes denuncias judiciales por lavado de dinero y fuga de divisas. En el siniestro de 2014 se quemaron alrededor de 25 mil cajas situadas en las bóvedas 7 y 8 de Iron Mountain Barracas que contenían documentación bajo el rótulo “lavado de dinero”. Episodios similares ya habían ocurrido en ciudades como Nueva Jersey (tres incendios en 1997), Ottawa (2006), Londres (2006) y Aprilia (2011). “¿Cómo una empresa que se jactaba de ser inexpugnable y tener los estándares más altos de seguridad podía prenderse fuego de manera tan asidua?”, se pregunta la voz en off del documental dirigido por Jorge Gaggero, En cumplimiento del deber (2022). Cuando la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó al banco esa información, las autoridades alegaron que los documentos se habían perdido en el incendio y no tenían copias ni back up digital.
En 2017 Gabriel Fuks –por entonces diputado de la Legislatura de CABA y actualmente legislador del Parlasur (UxP)– publicó Tragedias de un Estado ausente. De Iron Mountain a Time Warp (Lectura Crítica), un libro donde analizaba una matriz de gestión pública caracterizada no sólo por la ausencia de control estatal a la hora de habilitar instalaciones como Iron Mountain o el predio de Costa Salguero sino también por la connivencia entre el ámbito estatal y privado para facilitar, por ejemplo, la destrucción de documentación asociada a causas por lavado de dinero, fuga de divisas y evasión fiscal. Consultado por Página/12, Fuks dice que “la política de distritos –y no sólo el tecnológico– impulsada en su momento por el GCBA fue el gran invento económico durante los gobiernos de Macri y Larreta en una ciudad que produce volúmenes enormes de servicios”. Según el legislador, el objetivo era “atraer a determinados actores a partir de las exenciones impositivas”. Con ese propósito se crearon el Distrito Tecnológico (Parque Patricios, Boedo y Nueva Pompeya), el de Diseño (Barracas), el Audiovisual y de las Artes (La Boca, San Telmo y Barracas) y el del Vino (Villa Devoto, Villa del Parque y La Paternal).
Ubicado en Parque Patricios, el DT se proponía funcionar como “un centro de promoción, desarrollo, innovación y conocimiento que alberga empresas TIC, software y profesionales”. Sin embargo, en 2013 la Auditoría General de CABA argumentó que de las 100 empresas registradas, 87 preexistían a la creación del DT, es decir, no hubo un crecimiento significativo de empresas en la zona ni tampoco impactó en la generación de empleo porque casi todas mantuvieron su plantilla de trabajadores; por otra parte, se registraron beneficios impositivos por más de $90 millones. A 15 años de su inauguración, entre las empresas instaladas en esa zona figuran hoy Mercado Libre, Despegar, Accenture, Sofrecom, Prima, el ITBA, G&L Group, GC Gestión Compartida, Atos y Gire. “Yo tengo la sospecha de que el DT fue armado ad hoc para Iron Mountain”, señala Fuks, y recuerda que en el lanzamiento estaban presentes los directivos de Iron Mountain junto a Pirovano y Cabrera.
El 17 de diciembre de 2009, Macri y Cabrera distinguieron a Iron Mountain “por ser una de las tres primeras empresas inscriptas en el Registro de Empresas TIC de la ciudad de Buenos Aires”. Ese reconocimiento fue otorgado al presidente de la filial argentina, Ricardo Daniel García, y también asistió en aquella ocasión el gerente general de la firma, Guillermo Lockhart. Algunos años antes del incendio, Cabrera elogió a la empresa con estas palabras: “Iron Mountain es un caso de estudio de cómo se puede reciclar un edificio abandonado y lograr una exitosa integración con el barrio”. El 5 de febrero de 2014, sin embargo, aquel edificio se convirtió en una montaña de escombros y en los canales de televisión se transmitió en vivo el colapso de una de sus paredes.
“El tema es que Iron Mountain es una empresa que de tecnológica, nada. Su incorporación al Registro de Empresas TIC fue muy controversial”, sostiene Fuks, y explica: “Tiene un área tecnológica como cualquiera, pero desde su origen durante la Guerra Fría en Estados Unidos, cuando el Departamento de Estado decidió guardar en el corazón de la montaña documentos sensibles ante la amenaza nuclear, el 90% de su actividad es la guarda de papel”. El legislador apunta a la negligencia estatal porque a Iron Mountain no se la controlaba: “La Agencia Gubernamental de Control (por entonces a cargo de Juan José Gómez Centurión) le perdonó la vida muchas veces, hubo pedidos de informes muy específicos pero nunca se consideraron y además se perdió la habilitación de los galpones. Todo eso le daba una fragilidad enorme, pero para Cabrera y Pirovano era un tema menor porque no había que ponerle trabas al capital”.
En relación al HSBC, Fuks detalla que hay allí un componente de carácter subjetivo pero aclara: “Por supuesto yo creo lo peor de esta gente. Cuando aparecieron las cuentas en el exterior, el juzgado le pidió al banco esa información pero los directivos respondieron que los documentos se habían quemado en el incendio, aunque después apareció una parte de aquel archivo”. La trayectoria de Pirovano en la gestión pública durante los años macristas revela que la articulación entre Estado y sector privado muchas veces no genera beneficios concretos para la comunidad –no atrae inversiones ni genera empleo como pretendía la política de distritos– sino que sólo se limita a beneficiar a las grandes empresas privadas y facilita (como en este caso) el ocultamiento de presuntos delitos económicos.
Las cajas guardadas en el depósito de Iron Mountain contenían papeles de 600 bancos, empresas, grupos de medios y organismos estatales; allí figuraban 29 de las 43 corporaciones que el Estado estaba investigando por “criminalidad económica”. La llegada de Pirovano al Incaa y su decisión de encender la motosierra puede leerse como un correlato de su anterior paso por la gestión pública: una vez más, sus políticas apuntan a que los grandes actores se conviertan en los máximos beneficiarios.
