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El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) se creó en el año 1995, bajo los términos de la ley 24.514. La normativa establece 15 funciones especificas para el organismo, como la de velar por el cumplimiento de la ley de actos discriminatorios del año 1988, diseñar y llevar a cabo campañas educativas, recepcionar denuncias por actos de racismo y discriminación, proporcionar patrocinio gratuito a las víctimas, establecer vínculos con órganos internacionales vinculados a la lucha contra la discriminación y el racismo y celebrar convenios con otros organismos en pos del cumplimiento de esta tarea, entre varias otras más. En el largo recorrido que lleva en funcionamiento el INADI, se ha constituído en el espacio institucional encargado de dialogar con los mecanismos de Naciones Unidas y de la OEA relativos al racismo y la discriminación, en intermediación con la Cancillería. Su desmantelamiento supone un alejamiento de los acuerdos más básicos que estableció nuestro país con el resto del mundo y se inscribe en el marco del programa de desguace del Estado que está implementando el gobierno de Milei con la complicidad de la “oposición dialoguista” y de los medios de comunicación hegemónicos.
A lo largo de la breve semana laboral pasada se sucedieron distintos hechos vinculados a los despidos en el INADI. Uno de los más impactantes ocurrió el día miércoles 3 por la mañana, cuando un grupo de trabajadores logró ingresar al edificio ubicado en Avenida de Mayo, a pesar de los intentos del ejecutivo de impedir su labor mediante el envío de fuerzas de seguridad. Las imágenes conmueven por la angustia de los trabajadores que ven interrumpida su fuente de trabajo e ingresos de forma intempestiva. Sin embargo, la (re)presentación de la acción desesperada de los trabajadores en algunos medios se asemeja al viejo “algo habrán hecho”, en una actitud cínica propia de los tiempos que corren. Un caso notable es el del periodista de la señal “LN+”, Luis Esteban Novaresio, que mientras se mostraba a pantalla partida el dolor de los trabajadores que injustamente perdían su fuente de ingreso, afirmaba sin ninguna prueba: “El INADI fue un centro de colocación de amigos políticos”. La misma frase había usado en su momento el vocero presidencial, Manuel Adorni, para justificar el desmantelamiento del organismo.
Este tipo de generalidades que se bajan como sentencia sin pruebas en defensa del accionar del ejecutivo, contribuyen a un mar de desinformación y corren el eje de lo importante. Al poner el foco en los trabajadores del INADI y la medida de fuerza por ellos adoptada, se los responsabiliza injustamente, cuando en realidad su labor no solo está en línea con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, sino que además han sido reconocidos en múltiples ocasiones en la región por su liderazgo en la lucha contra el racismo y la discriminación desde 1995. Desconcer la historia detrás del INADI es desconocer una historia larga que comenzó a hace casi 36 años con la ley de actos discriminatorios 23.592; es también desconocer la reforma constitucional de 1994, donde Argentina reconoce los tratados internacionales de derechos humanos que incluyen, entre otros, a la “Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial”; y es desconocer la propia legislación que le dio forma al órgano a mediados de la década del 90.
La campaña de desprestigio del organismo es parte de una campaña de desprestigio del Estado y del empleo público, de allí lo burdo y torpe de los ataques. En su diatriba contra los trabajadores del organismo, el citado Novaresio defendía la “facultad del Estado de terminar con los contratos a término” por sobre la trayectoria del INADI, dando por ciertos datos erróneos presentados por el presidente en un comunicado emitido el 22 de febrero (ignorancia injustificable para un periodista de su posición, con el grado de responsabilidad que conlleva). En dicho comunicado se alegaba la supuesta asignación de un presupuesto de 2 mil ochocientos millones de pesos en 2023 y la existencia de unos supuestos 7 mil expedientes sin resolver que tendría acumulado el organismo. Por supuesto que el INADI puede y debe reorganizarse, de hecho su estructura actual limita su capacidad de acción. Pero el despido masivo de trabajadores honestos, que ya tenían condiciones laborales precarias y aún así llevaban a cabo una labor notable en un organismo vilipendiado, va en contra de lo que el organismo y nuestra sociedad necesitan. Desconocer más de 30 años de historia de políticas públicas contra el racismo y la discriminación no nos sacará del pozo económico en el que estamos, solo profundizará las condiciones objetivas negativas que viven las mayorías populares racializadas de nuestro país.
Aunque se desande el camino democrático que Argentina viene haciendo, con errores y aciertos, no hay forma de frenar lo inevitable. Al final del camino el rey está desnudo y, más temprano que tarde, las derivas autoritarias se encontrarán con el freno de la sociedad.
