Alejandra Gils Carbó renunció ayer a la Procuración General como resultado de un proceso de asfixia que el Gobierno desplegó en su contra desde que Mauricio Macri asumió la presidencia (y antes también), en el que fue estableciendo alianzas primero con el Poder Judicial y luego con el peronismo y parte de la oposición en el Congreso. El objetivo siempre claro: quedarse con el dominio del Ministerio Público Fiscal, o sea, todas las fiscalías nacionales, que concentran el poder de investigación penal y, en otros fueros, la posibilidad de orientar políticas en asuntos vitales como los que atañen a los derechos de los jubilados, los trabajadores o la definición de la responsabilidad del Estado. Primero le pidieron que renunciara a través del Ministerio de Justicia, luego lo hicieron con advertencias en los medios, después comenzaron a presionarla con causas judiciales y le recortaron presupuesto. En Comodoro Py, con un anónimo, la acusaron de una defraudación en la compra del edificio de la Procuración y fue procesada en un fallo que no explica en qué se perjudicó al Estado; en el fuero contencioso administrativo, la ONG oficialista Será Justicia y el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo, justo antes de las elecciones legislativas, lograron la declaración de inconstitucionalidad del mecanismo de juicio político como vía de remoción del procurador, lo que allanó el camino a la expulsión por decreto o a una ley que reforme el modo de designación y acusación. Esto último es lo el Gobierno anunció la semana pasada que incluiría en su paquete de reformas: un procedimiento para impulsar la destitución de oficio con mayoría simple. Hasta ahí llegó la resistencia de la jefa de los fiscales.  

Gils Carbó presentó su renuncia a partir del 31 de diciembre. En el texto que entregó al Poder Ejecutivo dijo que espera que su decisión “disuada reformas” que “rompan el equilibrio que debe regir el sistema de administración de justicia”, en alusión al proyecto de reforma de la Ley de Ministerio Público que se encuentra en danza, que además de facilitar las mayorías para designar o echar al procurador, establecería un mandato acotado en el tiempo (de cinco años). “A esta altura de los acontecimientos estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal”, dice la carta del Gils Carbó. Al recibirla, el ministro de Justicia, Germán Garavano, sostuvo: “Valoramos que la Procuradora dé un paso al costado para que en definitiva, y con acuerdos políticos mediante, se pueda avanzar en esta línea de fortalecer el Ministerio Público para profundizar la reforma del sistema de Justicia penal”. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, también dijo “celebrar” el paso al costado. 

La procuradora tomó la decisión de renunciar durante el fin de semana, después de madurarla con su equipo más cercano y su abogado, el penalista León Arslanian. Hubo dos factores decisivos: el primero fue el fallo del juez en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials que declaró inconstitucional el mecanismo de juicio político como forma de remoción del procurador o procuradora, que está previsto en la ley de  Ministerio Público y que les reconoce el mismo estatus que a un juez de la Corte Suprema (inmunidad y un cargo vitalicio). El otro fue la certeza de que el peronismo estaba dispuesto a votar una reforma que instale una nueva modalidad de expulsión que sustituya al juicio político. A eso se sumó que Gils Carbó tiene a las corporaciones y al propio Poder Judicial en contra, empezando por la Corte Suprema. 

Una posibilidad agregada en relación a la reforma de la ley orgánica es que se modifique el régimen que también en el aspecto patrimonial equipara al Procurador a los jueces de la Corte. Su abogado conversó con el ministro Garavano que si renunciaba no tuviera obstáculos para jubilarse como procuradora –hoy tiene 59 años–, que pudiera anunciar ella misma su salida de manera decorosa y que baje la presión judicial. 

Causas y efectos 

La causa que resolvió el juez contencioso Cayssials fue impulsada por Será Justicia, una organización integrada por funcionarios y allegados al Gobierno, y el Colegio de abogados que avaló históricamente los golpes de Estado y que Macri ha utilizado para pronunciar discursos sobre cuestiones judiciales (como decir que si los jueces no actúan de acuerdo a sus expectativas “buscaremos otros”). La sentencia respaldaba explícitamente la expulsión del jefe de los fiscales por decreto o bien la modificación de la ley de Ministerio Público para habilitar una modalidad de remoción en el Congreso con un planteo de oficio y simple mayoría. Todo hacía suponer, además, que la Cámara iba a convalidar ese fallo. La reforma tiene dictamen de comisión y el peronismo ya mostró predisposición a votarla. En consonancia, la semana pasada, desde ese bloque que en el Senado comanda Miguel Pichetto se esfumaron todas las señales de apoyo a Gils Carbó. 

El proyecto de reforma de la ley de Ministerio Público había sido uno de los primeros ensayos del oficialismo para que la Procuradora renunciara, cuando tenían la certeza de que no sumaban votos para un juicio político. Pero el proyecto inicial fue cuestionado por Elisa Carrió, lo que determinó su naufragio. Uno de los ejes era que daba intervención a la Comisión Bicameral hasta en la designación de fiscales, lo que implicaba una injerencia política grosera en un órgano que según la Constitución debe gozar de autonomía. A lo que se agregaba la creación de un consejo alrededor del procurador/a con la intervención del Poder Ejecutivo. Después de aquel papelón, el proyecto fue reformulado y el Gobierno mandó el que ya tiene dictamen y que la semana pasada era anunciado como parte del paquete de reformas. El presidente Macri no lo incluyó en su discurso en el Centro Cultural Kirchner pero cerca del ministro Garavano aseguran que se va a aprobar. 

Mientras Gils Carbó resistía con el argumento de que no tenía por qué dejar su cargo, que la ley define como vitalicio, el Gobierno le dobló la apuesta de todos los modos posibles. En paralelo a la causa en el fuero contencioso, tramitó en Comodoro Py una denuncia que se inició con un anónimo sobre la adquisición del edificio de Perón 667 donde funciona la Procuración en la actualidad. La presentación inicial apuntaba al ex marido de Gils Carbó, cuando quedó claro que no tenía relación con esa operación, la pesquisa se encaminó hacia otro lado y surgió que el intermediario para la adquisición del edificio había sido Juan Carlos Thill, el medio hermano del secretario que se ocupaba de las compras en la Procuración, Guillermo Bellingi. El juez Julián Ercolini se basó en una comisión pagada al intermediario y la inmobiliaria por parte de la empresa Arfinsa, dueña del edificio vendido, pero procesó a Gils Carbó por fraude al Estado, aunque su fallo no muestra cómo se defrauda a las arcas públicas con un acuerdo entre privados. Aun así, un procesamiento en una causa penal era lo que el Gobierno reclamaba a los gritos para redoblar la presión y sugerir que con eso sí el peronismo aceptaría el juicio político. Lo cierto es que logró dejar abiertos todos los caminos: reforma de la ley, decreto, expulsión de oficio, cualquier opción aparecía posible hacia el final de la semana pasada. 

Intereses en juego 

Un procurador o procuradora tiene por función liderar toda la estructura del Ministerio Público Fiscal, es decir, de todos los fiscales nacionales. En el ámbito penal, diseña la política criminal, es decir, establece criterios y prioridades: por ejemplo, si se investiga narcocriminalidad una cosa es apuntar a los perejiles, consumidores y al narcomenudeo y otra distinta es enfocarse en las grandes organizaciones, que a veces funcionan en complicidad con fuerzas de seguridad, jueces y políticos. Lo mismo con los delitos de corrupción: una cosa es enfocarse en ex funcionarios y otra incluir a los intermediarios, grandes empresas y bancos. En otros rubros,  Gils Carbó había puesto énfasis en “seguridad social”, área que se ocupó de que se respeten los derechos de los jubilados y de quienes reciben pensiones, como las de discapacidad. Precisamente fue uno de los primeros sectores que el Gobierno decidió desfinanciar. Luego hubo una poda extendida a todo el Preupuesto.  

Gils Carbó no sólo generó estructuras especializadas (narcocriminalidad, violencia institucional, lavado de dinero, violencia de género, derechos humanos, seguridad social, delitos informáticos, entre otras) con políticas específicas y novedosas sino que, además, alentó y participó en el diseño de un Código Procesal acusatorio. El texto se aprobó en 2015 en el Congreso pero el Gobierno nunca quiso ponerlo en marcha mientras ella fuera la cabeza del Ministerio Público Fiscal porque es una reforma que les da un gran protagonismo a los fiscales como investigadores y desdibuja a los jueces, en los que el macrismo eligió recostarse para desarrollar la campaña con la que apostó a la corrosión de sus adversarios políticos.  

Es más que obvio que el oficialismo quiere a alguien de su confianza en ese lugar. La danza de candidatos estaba en todo su esplendor: desde el histórico jurista del PJ Alberto García Lema, el senador Rodolfo Urtubey, hasta los fiscales antikirchneristas Raúl Pleé, Guillermo Marijuán, José María Campagnoli y Ricardo Sáenz, también el juez de Casación Gustavo Hornos, el procurador bonaerense Julio Conte Grand y hasta se escuchó el nombre del ex juez y abogado de Clarín Gabriel Cavallo. Será importante, en la definición del sucesor o sucesora, si se establecen o no cambios en el modo de designación y las mayorías. Por ahora, en cualquier caso, el oficialismo necesita acordar sí o sí con el peronismo. Todavía está por verse que negocian en esa pulseada.