El estudio de abogados Mossack Fonseca fue el epicentro del escándalo en 2016 de los Panamá Papers, una amplia red de evasión fiscal y lavado de dinero que involucró a políticos, celebridades, empresarios y figuras de todo el mundo. La intensa atención mediática y las investigaciones de los gobiernos de varios países obligaron a su cierre seis años antes del inicio del juicio, previsto para este lunes. El expediente deriva de una investigación publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) realizada en 2016.
La audiencia "está programada para 27 imputados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales", y se desarrollará desde el lunes hasta el 26 de abril, la fecha alterna estipulada por el tribunal para un juicio que debía haber empezado en 2021, informó el Órgano Judicial de Panamá. Entre los imputados están los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores del extinto bufete núcleo del escándalo conocido mundialmente como Panamá Papers.
El estudio de abogados, que tenía oficinas en una decena de países, las cerró en marzo de 2018 por falta de liquidez y de clientes. Sus fundadores aseguraron en una carta publicada en junio de ese mismo año que su firma vendió más de 250 mil sociedades a lo largo de 40 años y que nunca estuvo involucrada en actos ilícitos.
¿Qué revelan los documentos?
Los Panamá Papers representaban 11,5 millones de documentos filtrados del bufete panameño que detallan información financiera y de relaciones entre asesores legales sobre cuentas en el extranjero o en paraísos fiscales para supuestamente ocultar fortunas. En la filtración se nombraron cientos de líderes mundiales, políticos y funcionarios públicos, celebridades y empresarios. Se descubrió que existían al menos 30 sociedades offshore vinculadas a la familia del expresidente Mauricio Macri y al holding Socma.
Junto a una treintena de imputados, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora esperan el fallo de una corte, ante la que fueron acusados por la fiscalía de dar "estructuras jurídicas-financieras para el ocultamiento de dinero procedentes de actividades ilícitas". La jueza panameña Baloisa Marquínez decidió acumular en una sola causa los expedientes de los Panamá Papers y el Lava Jato, ya que guardan similitudes en las personas imputadas y en las actividades investigadas por el Ministerio Público, según el diario panameño La Prensa.
La defensa de Mossack Fonseca
El estudio de abogados, fundado en 1977 por Mossack y Fonseca, no sobrevivió a los escándalos de las sociedades offshore y cerró sus puertas en marzo de 2018. "El deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameñas han ocasionado un daño irreparable, cuya consecuencia obligada es el cese total de operaciones al público", explicó en un comunicado el bufete al anunciar el cese de operaciones.
El ICIJ "presentó al mundo, con base en información robada, un panorama desacertado de los servicios que prestábamos tergiversando la naturaleza de la industria y su papel en los mercados financieros globales", dijo entonces el despacho. Mossack y Fonseca siempre denunciaron que el caso se construyó con base en información robada al despacho mediante un hackeo, y acusaron a las autoridades panameñas de no investigar el caso.
Los fundadores del despacho, considerado en su momento un actor destacado en la creación de sociedades extraterritoriales y que llegó a tener más de mil empleados en decenas de oficinas de todo el mundo, demandaron también en octubre de 2019 a la plataforma de contenidos Netflix por presunta "difamación" en la película La Lavandería, sobre los Panamá Papers. Esta demanda fue desestimada en 2020 por un tribunal de California.
Panamá sufrió un duro golpe a su reputación por este escándalo, que le valió ser incluido en listas grises de Francia, de la Unión Europea (UE) y también, por segunda vez, en la del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), de la que fue excluido en octubre pasado. El gobierno del presidente Laurentino Cortizo destacó "el esfuerzo" realizado para cumplir con los estándares internacionales en materia fiscal y pidió a la UE "un trato igual", como el que se da en Panamá a las empresas europeas.
