El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió este lunes la inconstitucionalidad del reglamento de uso de armas de fuego dispuesto por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, que otorga a las fuerzas de seguridad un gran margen de discrecionalidad para disparar balas de plomo ante lo que consideren un "peligro inminente".
La acción del CELS, presentada ante el fuero en lo Contencioso Administrativo federal, sostiene que ese protocolo “se aparta de los principios que regulan el uso de la fuerza letal reconocidos universalmente”.
El protocolo anunciado por Bullrich el pasado 13 de marzo “reedita en términos generales el reglamento de uso de armas que había establecido en 2018, durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, y que daba lugar a la llamada ‘doctrina Chocobar’”, aseguró el CELS, en referencia a Luis Chocobar, expolicía condenado por matar por la espalda a un joven que huía tras atacar a puñaladas a un turista estadounidense en 2017 y que Bullrich promueve como un ejemplo a seguir.
El protocolo de 2018 al que hace mención el CELS fue derogado en diciembre de 2019 por la entonces ministra de Seguridad del gobierno de Alberto Fernández, Sabina Frederic, al considerar justamente que ampliaba "de manera significativa aquellas circunstancias que habilitan el uso del armamento letal por parte de los funcionarios de las fuerzas policiales y de seguridad, alejándose de las recomendaciones del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley establecido por las Naciones Unidas”.
"No cumple estándares internacionales"
El nuevo reglamento, afirmó el CELS este lunes, también "se aparta de los principios, las reglas y los estándares establecidos a nivel internacional para la regulación del uso de armas de fuego" ya que "si bien el texto cita estos estándares internacionales, no los cumple”.
Los postulados de este protocolo, remarcó el Cels en su presentación, “pasan por alto principios básicos como el de excepcionalidad, progresividad y proporcionalidad en el uso de la fuerza e incumplen las obligaciones jurídicas que el Estado argentino asumió a nivel internacional”.
“La amplitud de las situaciones en las que los funcionarios están autorizados a disparar sus armas de fuego, habilita un amplio margen de discrecionalidad para la evaluación de tales circunstancias. Esto implica un peligro gravísimo para la vida e integridad física de la población”, advirtió la organización.
“Esta nueva normativa puede provocar que los controles en avenidas, las persecuciones en las calles o intentos de robos se transformen en situaciones en las que las fuerzas de seguridad federales puedan responder con el uso de la fuerza letal, incluso si en esos episodios no hubiera armas de fuego”, concluyó el organismo.
