El Ministerio de Seguridad de la Nación estableció un protocolo para la detención de personas que pertenecen al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT). La resolución, que salió publicada en el Boletín Oficial, fue redactada por la ministra Patricia Bullrich sin consultar a las organizaciones que defienden los derechos de esa población. “Esta medida es un completo desastre”, dijo a PáginaI12 María Rachid, secretaria general de la Federación Argentina LGBT. El protocolo contempla que tanto el registro como la detención de una persona que se reconoce con el colectivo deberá ser realizada por una mujer policía y, si quedase detenida, deberá ser alojada en la comisaría según el género autopercibido o bien, en una celda separada. “¿Por qué existirían detenciones en la vía pública de mujeres trans? En realidad, el protocolo es una máscara para criminalizar al colectivo y legitimar la violencia institucional que existe en la actualidad”, agregó Claudia Vásquez Haro, de Otrans Argentina.

A diecinueve días de una nueva Marcha del Orgullo Gay en la ciudad de Buenos Aires, el Gobierno ya pensó en acciones para el festejo. Pero no serán banderas, disfraces o pancartas sino que habrán gorra, silbatos y un nuevo reglamento para arrestos. Patricia Bullrich dispuso un “Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo LGBT” que regirá para la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y cualquier otra fuerza de seguridad federal, de acuerdo a la normativa. El protocolo, que sigue la normativa del Código Procesal y Penal, asegura que la prevención, el registro o la detención de una persona del colectivo LGBT se realizará “resguardando la integridad física, respetando los derechos personalísimos, la identidad de género y la dignidad de la persona”.

Desde que se conoció la medida –publicada ayer en el Boletín Oficial– las organizaciones que militan por los derechos del colectivo LGBT salieron al cruce. En primer lugar explicaron que nunca fueron llamados para discutir la normativa. Pero, una vez que comenzaron a leer punto por punto, las críticas fueron en aumento. El protocolo dispone, en su anexo I, que “el registro de una persona identificada con el colectivo LGBT deberá ser realizada por personal femenino”. María Rachid pregunta por qué una mujer policía debería hacerle una requisa a un hombre trans o gay. “Es una clara violación a la ley de género y libertad sexual para estas personas”, indicó. A su vez, la normativa “aclara” que queda prohibido cualquier acto de un funcionario público que genere a una persona “dolores y sufrimientos graves”, ya sea físico o mentales, para obtener una información, confesión o cualquier otro fin. Esta vez, Luciana Sánchez, abogada feminista, consulta si las agresiones “moderadas” estarán justificadas. 

Por otra parte, la normativa establece que se podrá detener a una persona sin orden judicial “cuando sea necesario para evitar la comisión de un delito o para impedir la continuación de sus efectos”, aunque no hace a qué tipo de infracciones se cometen. 

Desde hace años, en La Plata, Claudia Vásquez Haro defiende los derechos de las personas trans y travestis privadas de su libertad. Luego de realizar el último informe de Otrans sobre el impacto negativo de ese colectivo en las cárceles argentinas, la docente aseguró que es la población más violentada en los servicios penitenciarios y denunció la falta de espacios diseñados para el género y la falta de medicamentos para el VIH y afecciones (al menos el 70 por ciento de esas personas conviven con enfermedades crónicas). Por eso, al terminar de leer el artículo del Protocolo donde se estipula “que la persona del colectivo LGBT será alojada según el género autopercibido o bien, en una celda separada si existe un riesgo potencial para su integridad, dignidad otros derechos o si, al momento de informar su género, no se identifica con ninguno”, Vásquez Haro sostuvo que este protocolo es “tan sólo una máscara”. “No hay una política pública donde se estipulen nuevos pabellones en las comisarías. O al menos, celdas separadas. Por citar un caso, en Florencio Varela, las personas trans o travestis comparten camas con los condenados por violación. Esta supuesta intención de cuidar nuestros derechos es, en realidad, contraproducente, discriminadora y criminalizadora”, completó.

La nueva medida deja sin efecto a la resolución firmada en 2011 por Nilda Garré, en aquel entonces ministra de Seguridad, donde se reglamentaba a la fuerza federal a capacitar en los derechos de las personas LGBT, de acuerdo a la Ley 26.743 de Identidad de Género. “El foco cambió totalmente. En vez de profundizar la formación en género, lo que se lee del protocolo es que se inscribe a la población LGBT como un sujeto peligroso que amenaza a la sociedad. Y por eso se naturalizan e institucionalizan las prácticas represivas contra el colectivo”, agregó Sánchez.

Informe: Jeremías Batagelj.