En 2024 nos encontramos con que el presupuesto ejecutado por el gobierno nacional es de un 29 por ciento menos que en 2023. La reducción no se aplica sobre la casta como se prometió en campaña, sino que se hace disminuyendo considerablemente programas de ayuda fundamentales para la calidad de vida del pueblo argentino.
El mes pasado se dio a conocer un informe de CEPA (Centro de Economía Política Argentina) que compara los datos del INDEC de comienzos de 2023 con el mismo período de este año. El presupuesto en salud se redujo en un 40 por ciento, esto se traduce en una disminución del 92 por ciento para el Programa de Respuesta Integral al VIH, infecciones de transmisión sexual, hepatitis virales, tuberculosis y lepra y de un del 45 por ciento y 54 por ciento para los programas de Prevención y control de Enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles y de Acceso a Medicamentos respectivamente.
En nuestro país conviven aproximadamente 140.000 personas con VIH y 68.000 se atienden en hospitales públicos, según datos de diciembre del último año. Este ajuste afecta de manera directa la calidad de atención y teniendo en cuenta la cantidad de bajas registradas en prepagas en los últimos meses el número de pacientes que vayan a acudir al sistema de salud pública va a ser mayor.
Vidas en riesgo
Durante el gobierno de Mauricio Macri, la situación se volvió insostenible llegando al punto crítico de personas que sufrieron faltantes de medicación. En ese momento el Frente Nacional por la Salud de las personas con VIH había denunciado en un comunicado que la continuidad de los tratamientos corría peligro, desde RAJAP (Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos) informaron que entre 2016 y 2019 se recibieron muchísimas denuncias de pacientes sin retrovirales que gracias a la ayuda colectiva de las organizaciones pudieron resolverse con la mayor rapidez posible.
En julio de 2022, luego de 30 años de espera, el Congreso de la Nación sancionó la ley de Respuesta integral al VIH, hepatitis virales, ITS y TBC que garantiza por un lado el abordaje integral desde la salud colectiva y brindar contención e información para acabar con las situaciones de discriminación. Entre los cambios significativos que planteaba la ley se encuentra la prohibición de pruebas de enfermedades de transmisión sexual para acceder a un puesto laboral, algo que sucede de manera corriente a la hora de buscar de trabajo, pensiones no contributivas para quienes padecen las enfermedades establecidas en la ley, y la obligación de las instituciones de la salud de brindar atención integral de las mismas.
Futuro incierto
La sanción de la ley se dio por una inmensa mayoría, solo tuvo ocho votos en contra entre los que estaban el del actual presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, ambos diputados de La libertad avanza, bloque que en ese momento parecía ser minoritario. Entre las justificaciones de sus votos negativos mencionaron que ese tipo de proyectos “agrandan al Estado y destruyen el sector privado”. Villarruel incluso se expresó en Twitter luego de la votación: "Con Javier Milei votamos NO a mantener lobbys. En vez de garantizar derechos, aumentan los privilegios, se crea 1 observatorio de VIH dentro del INADI, o sea, seguimos con la fiesta del gasto, pago a la militancia y cargos públicos a gente como Donda. Con mi voto NO. Solo 8 dijimos NO".
Para esa fecha nadie imaginaba que poco más de un año después Javier Milei y Villarruel terminarían ganando las elecciones teniendo a disposición las herramientas para aplicar en acciones lo que venían arrastrando desde su discurso. Cabe recordar que el actual presidente además de votar en contra de la ley también se posicionó en reiteradas ocasiones en contra de la Educación Sexual Integral (ESI), la última vez hace muy poco cuando encabezó un acto en el que había sido su colegio en el barrio de Devoto donde llegó a decir que “el aborto es un homicidio agravado por el vínculo”, que los responsables son “los asesinos de pañuelos verdes” y que la ESI es adoctrinamiento marxista.
Con este panorama en el que el Estado se convierte en una figura ausente para los sectores más vulnerados de la población no solo está en peligro la continuidad de los tratamientos retrovirales sino también las campañas de prevención y el acceso de la información como derecho fundamental para todxs lxs ciudadanxs.
Si hay algún caso de falta medicación podés escribir a [email protected]
