Después de catorce años de existencia, el gobierno de Javier Milei desmanteló el área del Ministerio de Defensa que investigaba los crímenes de la dictadura. El procurador interino Eduardo Casal no solo no se pronunció sobre la gravedad de una decisión –que como advirtieron sus subordinados puede impactar directamente sobre los juicios por delitos de lesa humanidad–, sino que le llamó la atención al fiscal federal de Bahía Blanca Miguel Palazzani que había pedido que se preservara la prueba para las causas.

El 27 de marzo pasado, el director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Lucas Miles Erbes, les anunció a diez de los trece trabajadores de los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) documental que funcionan dentro de las tres Fuerzas Armadas que estaban despedidos y que el gobierno pensaba discontinuar la política que se viene implementando desde 2010.

La información trascendió a través de comunicados de asociaciones gremiales como ATE y de diarios como Página/12. El fiscal Miguel Palazzani –que está a cargo de las unidades que intervienen en las causas de lesa en Bahía Blanca y en Neuquén– le envió un oficio al ministro Luis Petri pidiendo que “tenga a bien evitar cualquier acción que pueda poner en peligro al acervo documental que conforma y gestiona el Archivo de Defensa, así como cualquier otra acción que pueda afectar su correcto funcionamiento”.

Desde entonces, hubo pronunciamientos de los organismos de derechos humanos, de la Legislatura porteña, pedidos de informes del diputado nacional Hugo Yasky y una denuncia de la diputada porteña Victoria Montenegro ante el relator de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación Fabián Salvioli.

El lunes, el subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero, le envió su respuesta a Palazzani y a Casal. Al procurador le remitió un oficio porque –curiosamente tenía presente– que la interlocución entre el Ministerio Público Fiscal y el Poder Ejecutivo es a través de la Procuración General.

Madero es un hombre que viene de las filas de Patricia Bullrich, quien colocó a su delfín Petri al frente del Ministerio de Defensa. La curiosidad es que Madero ahora adhiere a la línea de Victoria Villarruel. En sus redes sociales, firma “todo por Argentina” como la vice, histórica defensora de la causa militar y negadora de los crímenes de la dictadura. Semanas atrás, Madero fue encomiado en una editorial del diario La Nación por haberse negado a darle información a la Comisión Nacional sobre el Derecho a la Identidad (Conadi), que investiga la apropiación de niños y niñas durante el terrorismo de Estado.

En su respuesta, Madero no habló de los despidos ni de la promesa de desmontar el área. Solo dijo que, desde el inicio de la gestión, Defensa había recibido más de 130 requerimientos judiciales para causas de lesa que habían sido contestados en tiempo y forma. La información contrasta con la que dieron los trabajadores en la conferencia de prensa del viernes pasado, cuando informaron que tras su despido unos 30 requerimientos quedarían sin respuesta.

Menos de 24 horas después de recibir la notificación de Madero, Casal le llamó la atención a Palazzani con el argumento que había dado el propio funcionario de Defensa: que las opiniones del Ministerio Público sobre determinada política pública las lleva adelante su despacho. En realidad, Palazzani no estaba opinando sino pidiendo que se resguardara la documentación con la que trabajan los expertos.

Casal sostuvo, además, que el fiscal partió de “fundamentos hipotéticos” en referencia al desmantelamiento del área. Es posible que el procurador interino --que está interesado en seguir en su cargo mientras se barajan nombres para reemplazarlo-- sepa que Defensa no va a derogar las resoluciones como había anunciado para evitar dar explicaciones ante la justicia nacional u organismos internacionales. 

La semana pasada, el abogado Pablo Llonto y su colega Mariana Maurer presentaron un amparo en el juzgado federal de Daniel Rafecas para impedir que se desmantele el área y pidieron una medida cautelar para que se reincorporen los trabajadores despedidos –que son expertos en el análisis de documentación militar. Este martes, el fiscal Carlos Rívolo le dijo al juez Rafecas que el tema debería tramitar en el fuero contencioso administrativo –que es adonde la administración de La Libertad Avanza (LLA) pretendía concentrar todos los pleitos contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.

“Casal no puede mandar a silenciar a los fiscales que cumplen con su trabajo y se preocupan para que la justicia funcione rápidamente”, le respondió a este diario Llonto. “Si le interesa la justicia a Casal, que vaya a todos los juzgados federales de instrucción del país a averiguar la cantidad de pedidos al Ministerio de Defensa que estamos haciendo las querellas y se dará cuenta de la cantidad de información que deben proveer los equipos de relevamiento del Ministerio. En vez de sacar comunicados y posar para las fotos, Casal debería caminar un poco los tribunales. Hay causas de lesa que están hace más de 20 años esperando juicio y esperando que se encuentre a los culpables de los mayores crímenes en la Argentina y los datos principales están en los archivos del Ministerio”, agregó.

En el mismo escrito en el que le llamó la atención a Palazzani, Casal le pidió a la fiscal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) que informe si hay retrasos en los pedidos que se le cursaron al Ministerio de Defensa que permitan sostener que existe una “obstrucción en el descubrimiento de la verdad”. Tanto Ramos como Pablo Parenti –titular de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado– ya habían expresado, en diálogo con este diario, su preocupación sobre la decisión de Petri y cómo ésta podría impactar en las causas en trámite.