La jueza de Garantías Claudia Puertas ordenó la entrega provisoria de 26 caballos y un asno que se encuentran secuestrados y en situación de riesgo, sin alimento ni saneamiento, en el Departamento de Caballería de la Policía de Salta. 

La magistrada hizo lugar a una medida cautelar y consideró aspectos bióeticos, los avances jurisprudenciales en materia de derechos de los animales; también tuvo en cuenta un proyecto de ley que propone declararlos seres sintientes.

La presidenta de Fundación Ajuya Jalala, Bárbara Navarrete, con representación de la abogada Carmen Rosa Céspedes Cartagena, pidió que se dicte una medida cautelar de protección sobre 31 equinos que se encuentran alojados en la división de Caballería de la Policía, luego de que trascendiera que están "en riesgo grave e inminente respecto de su integridad física, por no existir recursos para alimentarlos ni sanearlos". 

La petición se basó en la vigencia de la Ley 14.346/54, de protección animal, y la normativa concordante. La ONG planteó que los animales se encontraban en mal estado y la situación empeoró últimamente como consecuencia de las lluvias. "Solidaridad es el elemento fundamental para conseguir un desarrollo social sano, y debe ocupar siempre un espacio particular no sólo con los humanos sino también con los animales, así también con el entorno que habitamos", sostuvo la abogada Céspedes Cartagena. 

La jueza señaló que la Fundación argumentó tener "el poder de cambiar el destino de estos seres 'sintientes' que merecen ser tratados dignamente. Y tal es el caso de los animales solicitados en esta oportunidad, que serán trasladados para su liberación, en un lugar de descanso, dentro de la Provincia de Salta, para su recuperación en pos del trato digno que requieren". 

La ONG pidió que le entreguen de forma definitiva o provisoria todos los animales que se encuentren en riesgo para que sean dados en adopción a familias adoptantes que se harán cargo responsablemente de su alimentación, vacunación y cuidado, sobre todo teniendo en cuenta la situación zoonótica que atraviesan actualmente los equinos respecto a la encefalomielitis.

La jueza resolvió la entrega provisoria de 26 caballos y un asno. Asimismo, declaró en abstracto el pedido de entrega de los animales que fueron secuestrados con relación a dos actuaciones complementarias porque ya habían sido cedidos de manera definitiva.

Mientras que respecto a un caballo y una yegua, la magistrada dispuso que sean entregados de manera definitiva a la Fundación. 

Por otro lado, la jueza intimó a la Unidad Fiscal Contravencional a que en 30 días comunique si corresponde la devolución de otros animales a sus propietarios o si deben ser decomisados, bajo apercibimiento de ordenarse la entrega definitiva a la ONG.

Además, ordenó al Departamento Caballería colaborar con la carga y trámites de traslado de los animales en caso de ser necesario.

Al momento de resolver el planteo, la jueza tuvo en consideración que la Constitución Nacional proclama en su artículo 41 la protección de la biodiversidad y el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, mientras que en su artículo 43 brinda la posibilidad de una acción colectiva expedita y rápida ante las autoridades para toda persona o asociación que considere afectados los derechos que protegen el ambiente.

Puertas explicó que, si bien la Constitución no hace referencia directa a los animales, al mencionar al patrimonio natural y la diversidad biológica podría concluirse que están considerados los animales no humanos.

Asimismo, la magistrada tuvo en cuenta el apremiante estado de salud en el que se encuentran los animales en cuestión, de los que se acompañaron fotografías que demostraron la necesidad de adoptar una medida urgente que procure el resguardo de estos seres sintientes.

Puertas destacó que la jurisprudencia ha empezado a recepcionar, en materia de derecho animal, un nuevo paradigma que es tendencia y que cuestiona el status jurídico actual de “cosa” que les otorga el derecho argentino a los animales. Mencionó en este sentido el precedente de la “orangutana Sandra” y el proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación denominado “Sintientes”.

La jueza recordó que el 10 de enero de 2018 la Corte de Justicia de Salta dictó la acordada 12.564, relativa al secuestro de ganado mayor y menor, con fundamento en “que la situación planteada (...) podría incurrir en maltrato de animales, por lo cual resulta imprescindible abordar la cuestión en atención al cuidado que esos seres vivos requieren, máxime ante su creciente protección jurídica, dadas las obligaciones biológicas-bioéticas que tiene el hombre con los animales, y ello incluye el respeto al medio ambiente, del que derivan, lógicamente, las mentadas obligaciones”.