El presidente Javier Milei avaló que tildaran de “garca y sorete” al dueño de Swiss Medical, al compartir un mensaje con ese descargo en la red social X. Se desconoce el real alcance de esta bravuconada, en los términos que planteó el propio Gobierno: de supervisar la “cartelización” en un sector al que benefició indiscutiblemente a los pocos días de asumir el poder, eliminando todo tipo de regulaciones mediante el DNU 70/2023. La Superintendencia de Servicios de Salud, presidida por un exOsde, deberá presentar los resultados de la investigación a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dependiente de la cartera de Economía. Las primeras declaraciones oficiales hablan del gobierno anterior como responsable de incumplir acuerdos con las prepagas para que atrasaran los aumentos.
¿Pasará el Gobierno a fijar topes en los aumentos de las cuotas de medicina prepaga, como llevaba adelante la gestión anterior?, ¿habrá algún tipo de compensación -por fuera de las encomendadas por la Justicia- ante las subas abusivas en el último cuatrimestre?, ¿se multará a las empresas?, ¿se favorecerá impositivamente a las más pequeñas para que disminuya la cartelización? “Lo que te puedo asegurar es que no se va a seguir cartelizando”, aseguró Manuel Adorni en la segunda rueda de prensa consecutiva, en donde discutió este tema sobrado de agravios e imprecisiones. En la misma mañana del miércoles, el presidente Milei compartió un mensaje referido al dueño de Swiss Medical y presidente de Unión Argentina de Salud (UAS), Claudio Bolocopitt, que finalizaba así: “este sorete juega con la salud de la gente”.
Pero de momento el Gobierno solo puso en marcha una investigación por presunta colusión en los últimos aumentos de precios, propiciados por la desregulación dispuesta por el DNU 70/2023. “Los 5 principales actores del sector” subieron el valor de sus cuotas entre 142 y 163 por ciento desde enero hasta abril, comunicó la Superintendencia de Servicios de Salud, encargada de llevar adelante la investigación, y agregó que “son aumentos muy cercanos entre sí y, a la vez, muy lejanos a la inflación”. Así, el Gobierno se pliega a una investigación que ya está en curso en el ámbito de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dependiente de la cartera de Economía, a raíz de una denuncia por supuesta colusión entre las empresas de la UAS realizada por diputados de la Coalición Cívica que responden a Elisa Carrió. “Ese es uno de los expedientes más sensibles en poder de la Comisión, se encuentra bajo secreto de sumario y se espera una ‘resolución firme’ del organismo”, informaron fuentes oficiales.
“Yo creo que pueden tener el 50 por ciento del mercado”, había remarcado el empresario, Claudio Belocopitt, en una entrevista en el mes de diciembre –cuando diagramaba aumentos en las cuotas que llegarían a un 40 por ciento en enero y casi 30 por ciento en febrero- ante una pregunta sobre cuál es el porcentaje aproximado de mercado que tienen las tres principales compañías del sector: Osde, Swiss Medical y Galeno.
"Una de las razones de los aumentos desmedidos de las prepagas tiene que ver con un acuerdo que había entre los principales actores del sistema y el gobierno anterior. Los mismos actores que acordaron no aumentar la cuota a cambio de otros beneficios, ahora quisieron recuperar lo que no cobraron", adelantó la Superintendencia de Servicios de Salud a la prensa, en un descargo que puede leerse como eludir de responsabilidad a las prepagas por los abultados aumentos, poniendo en el banquillo de los acusados al anterior gobierno que no cumplió con su parte del acuerdo. Las empresas niegan que se les haya ido "la mano", como apuntó Caputo, y sostienen que las subas son para recuperar el "atraso" por el congelamiento de tarifas dispuesto por la gestión de Alberto Fernández.
El Superintendente Gabriel Oriolo, a cargo de regular a las empresas de medicina prepaga es un abogado que trabajó desde 1994 en Osde, es uno de los principales impulsores de la desregulación del mercado de salud que tomó forma en el DNU 70/2023 firmado por el presidente Milei. Con esa carta de presentación se puede dudar los resultados de la investigación. Por su parte, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tiene como presidente a Alexis Pirchio, un economista de la UADE y magíster en la Universidad del CEMA, que durante el gobierno de Mauricio Macri se desempeñó como director nacional de conductas anticompetitivas en el mismo organismo.
Esta sería la primera investigación formal contra el sistema de financiamiento privado a la salud, por presunta colusión, que surge en los despachos públicos. Hasta ahora, los reveses contra las empresas habían surgido del lado de la Justicia, cuando distintos jueces aceptaron medidas cautelares de los afiliados para retrotraer las cuotas a la situación previa.
