En una provincia sin mecanismo oficial contra la tortura, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, recibió ayer a integrantes del Cómite Nacional para la Prevención de la Tortura y de la Defensoría General de la Nación. Según el comunicado oficial, el objetivo principal de la reunión fue "establecer un diálogo constructivo y colaborativo entre ambos estamentos". Durante una hora, se fortalecieron "los lazos entre el sistema judicial y las organizaciones dedicadas a la protección de los derechos humanos, especialmente en la provincia de Santa Fe".
Aunque nada se dijo en la comunicación oficial, la reunión se produjo en el contexto de una nueva política penitenciaria del gobierno de Maximiliano Pullaro, que derivó en denuncias del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) por torturas en violentas requisas realizadas a principios del mes de marzo, como así también por el agravamiento de las condiciones de detención en las cárceles de la provincia, donde las autoridades establecen períodos de hasta 15 días de aislamiento en las celdas.
El gobernador Maximiliano Pullaro negó rotundamente que hayan ocurrido esas torturas, amparado en el rechazo del juez Rafael Coria al hábeas corpus del SPPDP, sólo referido al aislamiento, y en el que el magistrado rechazó hablar sobre las torturas. Mientras tanto, continúa su curso la denuncia penal realizada por la Defensoría.
Gutiérrez "expresó su agradecimiento por la visita y sostuvo su compromiso con el respeto a los derechos humanos y la aplicación justa de la ley en todas las instancias del sistema judicial", dice la comunicación de la Corte, hasta donde fueron los comisionados Gustavo Palmieri y Kevin Nielsen; el director en Litigio, Gonzalo Evangelista, y la directora de Mecanismos locales, Silvina Irrazábal. De la reunión también participaron Luciano Hazan, del Programa contra la violencia Institucional de la Por la Defensoría General de la Nación, y Rosana Gambacorta, defensora Oficial.
