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En manos de Javier Milei y Victoria Villarruel, el Estado desactiva las políticas públicas de memoria, verdad y justicia con precisión cirujana. No puede (aún) premiar masivamente a los genocidas con prisiones domiciliarias, ni frenar el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad que cometieron durante la última dictadura, ni retirarse como parte querellante. Pero desarmó las áreas que desde el Ministerio de Defensa asistían las investigaciones judiciales sobre aquellos hechos y echó a todo el equipo del sitio web que la Secretaría de Derechos Humanos dedicaba a estos debates. En este marco, la agenda judicial pierde ritmo, con varios procesos que llegan a su fin y escasas incorporaciones.
Son 16 juicios de lesa humanidad los que están abiertos por estos días en ocho jurisdicciones del país. Por lo menos cinco culminarán antes de la feria judicial de invierno. Mientras, de las 62 causas que están en condiciones de ser analizadas en debates orales y públicos, solo dos tienen fecha certera de comienzo en los próximos meses. El parate es notorio.
El juicio que contra cinco miembros retirados de la Fuerza Aérea acusados de secuestros y torturas contra 127 personas mantenidas cautivas en Mansión Seré y otros centros clandestinos de la zona Oeste del conurbano bonaerense es el único que tiene fecha de inicio: 28 de mayo. Algo que no asegura que finalmente vaya a concretarse ya que debía comenzar a fines de diciembre pasado y fue pospuesto debido a la supuesta “incapacidad sobreviniente” del agente de inteligencia de la Fuerza Aérea Juan Carlos Vázquez Sarmiento, prófugo hasta hace dos años y acusado por secuestros en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA). Es el único juicio que está agendado, además, de la jurisdicción de San Martín, que tendrá otro más durante la segunda mitad del año. Las partes acusadoras esperan que sea el que sentará en el banquillo de los acusados a Juan Ronaldo Tasselkraut, exgerente de Mercedes Benz.
El otro proceso con fecha fijada, para el 27 de junio, es el debate que repasará delitos de lesa humanidad que sucedieron en la Comisaría 5ª de La Plata, y que también estaba pautado para el año pasado, pero fue pospuesto en pos de intentar una unificación con otro debate en curso, lo que finalmente no sucederá. En esa jurisdicción aguarda desde hace tiempo la inauguración del segundo tramo de la causa CNU, uno de los juicios esperados para el año.
Durante este mes de abril se esperaba que comenzara el tan demorado juicio contra los jerárquicos civiles del Ingenio Ledesma, involucrados en los secuestros de trabajadores durante lo que se conoció como “Noche del Apagón”. El acusado en este debate será Alberto Lemos, exadministrador del ingenio. Debía estar acompañado por el dueño de la empresa, Carlos Blaquier, pero falleció impune el año pasado. A principios de marzo tuvo lugar la audiencia preliminar, pero el Tribunal Oral Federal de Jujuy no puso fecha todavía.
La agenda en curso
La ciudad y la provincia de Buenos Aires son las jurisdicciones con más juicios en curso, aunque eso cambiará pronto. De los cuatro debates que están sucediendo en territorio porteño, dos transitan etapa de alegatos: el tercer tramo de la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad del centro clandestino “Puente 12” y el que revisó una serie de operativos que dependieron de la estructura de la Superintendencia de Seguridad Federal y que culminaron en la muerte de una decena de militantes. Ambos detalles están a cargo del Tribunal Oral Federal 6, aunque con diferentes integraciones.
El Tribunal Oral Federal 5 sigue, por su parte, dos tramos de la megacausa ESMA. El octavo, que tiene de acusado al genocida Horacio Ferrari, quedó a las puertas de esa instancia luego de escuchar durante las últimas tres audiencias al acusado explicar, sin demasiado rumbo, que lo confunden con otro “Ferrari”. El séptimo, con el exagente del Servicio de Inteligencia Naval Jorge Luis Guarrochena como único acusado, tendrá su veredicto el próximo 24 de abril. Las partes acusadoras solicitaron prisión perpetua para él, sobre quien recaen casi 400 casos de privación ilegítima de la libertad, tormentos, sustracción de menores, abuso sexual, violación y homicidio.
En la provincia, luego del cierre del monumental juicio “Brigadas” , quedaron cuatro debates en curso, de los cuáles solo uno sucede en La Plata: el que sigue las violaciones a los derechos humanos cometidas en los centros clandestinos que funcionaron en “1 y 60”, en la Comisaría 8ª y, muy probablemente, en la Comisaría 2ª luego de que en las próximas semanas se anexe esa causa, informaron fuentes judiciales a este diario.
El Tribunal Oral de Mar del Plata, con diferentes integraciones, sigue otros dos juicios de lesa humanidad. Por un lado, el que revisa el capítulo que del plan sistemático de exterminio de la última dictadura le compete a la Subzona 12 del Ejército –Tandil, Olavarría, Bolivar, Azul y otras ciudades del centro de la provincia– y que está culminando su etapa testimonial. Por otro, el que tiene como acusados a les hermanos Save, hijos de un represor que integró la patota de Aníbal Gordon desde los tiempos de la Triple A, por ser quiénes culminaron las operaciones para lavar el dinero que su padre obtuvo en el marco de un secuestro de un militante uruguayo. En algunas semanas, la Fiscalía, a cargo de Juan Pablo Curi, Julio Darmandrail y Eugenia Montero, alegará en este proceso.
Por último, el juicio por la megacausa que revisa lo sucedido en la Zona V del Ejército, en Bahía Blanca, también ingresó en etapa de conclusiones. Los acusados son más de 30. Los casos por los que se los incriminó, más de 300. El debate comenzó hace más de dos años y acumula más de 100 audiencias.
En Santa Fe y Rosario son tres los debates en vías de desarrollo: el que revisa los delitos perpetrados en perjuicio de trabajadores y allegados del cordón metalúrgico de Villa Constitución y alrededores, entre cuyos acusados se cuentan dos exdirectivos de la empresa Acindar; el que revisa responsabilidades de una decena de militares retirados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la zona de San Nicolás, y el que comenzó recientemente a revisar el accionar de policías que actuaron en la Comisaría 3ª de Santa Fe. Los tres transitan la etapa testimonial del proceso.
Lo mismo sucede en Tucumán, con el tercer tramo de la megacausa “Jefatura” que incluye crímenes sucedidos en el centro clandestino que funcionó en la sede de Jefatura de Policía en la capital provincial y en otros campos de concentración, y en Mendoza, con el megadebate que sentó en el banquillo de los acusados a la troupe de policías que integró el temible Departamento de Informaciones policial (D2), epicentro de la represión ilegal en la provincia.
En Córdoba, el juicio por la causa titulada “González Adela” ingresó en etapa de alegatos esta semana. El expediente reunió información sobre lo sufrido por un grupo de mujeres, esposas de presos comunes detenidos en la Unidad Penal 1, que ayudaron a presos políticos a llevar y traer mensajes desde y hacia sus contactos fuera de prisión. Varias fueron secuestradas y sobrevivieron, otras permanecen desaparecidas. A una de ellas le robaron a su bebé, la nieta restituida 107, caso que integra el debate. Entre los acusados hay militares y policías retirados y exfuncionarios judiciales.
En Neuquén, avanza el juicio contra Pedro Laurentino Duarte, quien se desempeñó como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Neuquén entre 1976 y 1984, y de Víctor Marcelo Ortiz, procurador fiscal federal entre 1976 y 1985. Ambos están acusados de omisión de promover la persecución penal, prevaricato y privación ilegal de la libertad en perjuicio de 22 víctimas. Las próximas audiencias estarán dedicadas a recorrer sedes judiciales y lugares de detención en inspecciones oculares. Luego, comenzarán los alegatos.
La semana próxima, declarará la última testigo del juicio “Cuadri”, en Salta, un debate que repasa la responsabilidad del expolicía Joaquín Guil –condenado el año pasado por secuestro, tortura y abuso sexual– y Carlos Feliciano Estrada, exoficial ayudante del Departamento de Informaciones de la policía provincial, en el secuestro y los tormentos de Tomás Ricardo Cuadri. Luego comenzarán los alegatos. Se espera veredicto para mediados de mayo.
